El 50% de los contratos de suministro de ropa de la Armada se licitaron por 59.900 euros para adjudicarlos a dedo

La Armada licitó en los dos últimos años 14 contratos de vestuario por el procedimiento negociado sin publicidad por importes que apenas rebajaban en unos euros el máximo permitido para esta figura contractual: 60.000 euros. Son la mitad de los contratos de ropa y calzado que sacó a concurso la Dirección de Abastecimiento y Transporte desde septiembre de 2015, según datos oficiales consultados por infoLibre. En un caso el importe fue de 59.999 euros, mientras que en siete contratos ascendía a 59.991,74 euros. En otro sólo se rebajaba en 4,13 euros el máximo permitido.

En los contratos negociados sin publicidad no es necesario formar una mesa de contratación. El órgano contratante elige el adjudicatario entre un mínimo de tres candidatos a los que la Administración “invita” a presentar ofertas; es decir, no puede concurrir cualquier empresario interesado, sino sólo los invitados. Pero esta modalidad tiene un límite: el importe de un contrato de suministros no puede superar los 60.000 euros.

En la legislación española los negociados sin publicidad son considerados como una figura excepcional: sólo son de aplicación en los supuestos determinados en la ley. Por ejemplo, cuando no se haya presentado ninguna oferta o las presentadas se consideren inadecuadas y cuando el contrato sólo pueda ser encomendado a un empresario determinado porque no existe competencia por razones técnicas. También si el contrato ha sido declarado secreto, si resulta de una “imperiosa urgencia” o se trata de entregas adicionales de un proveedor inicial.

Sin embargo, a tenor de los datos que publica la Plataforma de Contratación del Estado, los negociados sin publicidad son los contratos que más utiliza la Armada para proveerse de todo tipo de atavíos, desde botas hasta gorras pasando por chaquetas, camisetas, trajes ignífugos o de camuflaje. De los 28 contratos licitados desde septiembre de 2015, sólo dos lo fueron por el procedimiento abierto y sólo seis fueron derivados de un acuerdo marco, el procedimiento que las administraciones incentivan para centralizar las compras y, por tanto, simplificar las gestiones y reducir costes. La Armada cuenta con un acuerdo marco para vestuario y otro para calzado.

El acuerdo para el suministro de uniformes de diario, embarque y campaña fija en 100 euros el precio máximo para cada traje ignífugo que pueden ofertar las empresas interesadas. Sin embargo, los dos contratos negociados sin publicidad que la Armada ha adjudicado para aprovisionarse de ese mismo traje establecían precios máximos de 120 euros, como figura en los pliegos de ambos concursos.

Cierre presupuestario adelantado

Pero, además de los contratos negociados sin publicidad que licita la Dirección de Abastecimiento desde Madrid, las intendencias –Rota, San Fernando, Ferrol, Cartagena– ofrecen contratos menores –por debajo de 20.000 euros, sin concurso ni publicidad– para proveer de vestuario y calzado a sus arsenales, al menos una decena desde el pasado mes de junio según puede comprobarse en la Plataforma de Contratación del Estado. Vestuario y calzado incluidos en los acuerdos marco antes citados.

A preguntas de infoLibre, la Armada justifica el recurso a los contratos negociados sin publicidad en el hecho de que los procedimientos abiertos tardan en prepararse y adjudicarse “cerca de un año”. “El gran contrato de vestuario que debería haber cubierto los años 2016 y 2017 fue declarado desierto por el órgano de contratación precisamente al no tener ofertas válidas”, explican fuentes de la fuerza naval.

Además, la Armada sostiene que los acuerdos marco “se vieron afectados por el cierre presupuestario anticipado de julio de 2016 [aplicado por el Gobierno para evitar una multa de Bruselas por incumplir el objetivo de déficit]”. Los acuerdos marco se tuvieron que anular, añade, y hubo que licitar “de manera urgente” los expedientes negociados sin publicidad “para evitar el desabastecimiento de los almacenes de vestuario y cubrir las roturas de estocajes y reposiciones de todo tipo de prendas”.

Investigación en curso

La Fiscalía Anticorrupción está investigando las adjudicaciones de la Dirección de Abastecimiento y Transporte de la Armada por unas supuestas irregularidades en los contratos de suministro. Según ha confirmado infoLibre en la Fiscalía, la investigación se deriva de la denuncia de un particular sobre los contratos de suministro de vestuario y pertrechos. La Armada ha adjudicado la mayoría de ellos al grupo Iturri, uno de los mayores fabricantes de equipos y material militar de España, cuya presidenta es María Luisa Franco Revilla. Desde 2015, el director de Abastecimiento y Transporte de la Armada es el general Jesús Franco Suanzes, sobrino de la anterior. 

Fuentes de la Armada aseguran que la ley sólo prohíbe adjudicar contratos a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. “En este caso, sería el cuarto grado, por lo que es legal”, precisan. Iturri fue fundado en 1947 en Sevilla, como una fábrica de efectos navales, por Juan Iturri Gisbert, que se casó en 1960 con María Luisa Franco Revilla, hija del entonces teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo, tal y como recogió el periódico Abc en sus ecos de sociedad. A su vez, el teniente general era primo del dictador Francisco Franco, además de su ayuda de cámara durante años. Alcanzó notoriedad en 1976, una vez muerto el generalísimo, cuando Planeta publicó sus memorias, Mis conversaciones privadas con Franco, en las que dejaba escapar un “espantoso resentimiento” hacia su primo y su esposa, Carmen Polo, en palabras del historiador Ricardo de la Cierva.

Por su parte, el general Jesús Franco Suanzes es nieto de Hermenegildo Franco Salgado-Araujo, hermano del ayuda de cámara del dictador. Es decir, su padre y María Luisa Franco Revilla son primos. 

11 adjudicaciones a Iturri

De las 28 licitaciones que aparecen en la Plataforma de Contratación del Estado –que sólo se retrotrae hasta septiembre de 2015 para contratos de ropa y calzado de la Armada–, 11 han sido adjudicadas a Iturri, en solitario o en UTE con otras tres empresas: El Siglo 1870, Fecsa y Gauzón. Del total, 20 son contratos negociados sin publicidad. Además, ha conseguido otras cinco adjudicaciones en pertrechos, camiones contraincendios y equipos de protección.

Las fuentes de la Armada confirmaron a preguntas de este periódico que la Fiscalía les ha solicitado el envío de seis expedientes de contratación. En lo que va de año, la Armada ha concedido a Iturri, sólo en ropa y calzado, un total de 1,94 millones de euros, más otros 604.460 euros en 2016. Si se les suman los cinco contratos de pertrechos y otros artículos, la cifra se eleva hasta los 8,21 millones de euros.

La Armada, por su parte, precisa que los contratos negociados sin publicidad “han sido adjudicados a muy distintas empresas” y que incluso una de las firmas que quedó excluida del acuerdo marco de vestuario anulado fue precisamente Iturri. “El órgano de contratación que ha tramitado los expedientes en cuestión se está comportando con la máxima transparencia y diligencia”, concluyen las fuentes de la fuerza naval, “incluso yendo más allá” de lo que la ley exige, porque “no es obligatorio” dar publicidad a esos contratos.

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Tribunal de Recursos Contractuales

Algunas de las empresas suministradoras de la Armada recurrieron las adjudicaciones a Iturri ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Entre las supuestas irregularidades citaban que la Armada fracciona los contratos –divide en varios concursos un mismo suministro para reducir su importe y adjudicarlo como contrato menor o negociado sin publicidad, una práctica prohibida por la ley–. También advertían de las múltiples modificaciones que hace en los pliegos de condiciones, para cambiar los requisitos técnicos de las prendas. Y acusaban a la Armada de pedir tejidos sólo certificados por Iturri tanto en España como en el extranjero o, en el caso de otros posibles adjudicatarios, impone para conseguir la certificación unos plazos imposibles de cumplir por la premura de tiempo.

Las fuentes de la Armada responden que todos los recursos interpuestos fueron rechazados por el tribunal y que las empresas no acudieron después a la vía contenciosa como les permite la ley. En efecto, como se puede comprobar en la web del TARC, los recursos fueron desestimados, pero en ninguno de los casos el tribunal entró a estudiar “las cuestiones de fondo” de las adjudicaciones: los rechazó por “extemporáneos” o por haber sido presentados fuera de plazo.