La plantilla de la Administración General del Estado se ha reducido en un 12,6% desde 2009. Entre funcionarios y personal laboral, los ministerios, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria suman 195.032 personas, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, publicado el pasado mes de julio. Pero el recorte de los presupuestos públicos ha tenido otros efectos colaterales. La congelación de la oferta de empleo público no sólo ha encogido las plantillas sino que también las ha envejecido. De tal forma que el 61,3% de los funcionarios del Estado tiene más de 50 años, cuando en 2009 no eran más del 42%. Es decir, el número de empleados de más edad se ha disparado un 27,3% en seis años.
Esa media se supera ampliamente en el caso del Ministerio de Defensa, donde el 76,8% de sus empleados supera los 50 años. Le sigue el Ministerio de Empleo y la Seguridad Social, con el 68,8% de su plantilla por encima de esa edad. Es más, en el Ministerio de Fomento sólo dos trabajadores tienen menos de 30 años. En Industria, 12. De media, en la Administración General del Estado únicamente el 0,6% del personal –1.325 funcionarios– está por debajo de esa edad. Hace seis años, ascendía al 2,8% –6.243–.
Según las cifras de UGT, de 2010 a 2014 se han amortizado en la Administración General del Estado un total de 23.587 plazas, lo que ha se ha traducido en un ahorro de 433,8 millones de euros. La congelación de la oferta de empleo público, el aumento de las externalizaciones –subcontratar con empresas privadas numerosos servicios: UGT asegura que en cuatro años han pasado de 5.000 a 12.000– y una tasa de reposición que se quedó en cero en 2012, luego subió al 10% y en 2016 se quedará en el 50%, han mermado las plantillas y multiplicado las canas. Así, sólo en la Seguridad Social, para 2024 se habrá jubilado el 41,3% de sus empleados actuales, calcula CCOO. UGT ya ha reclamado al Gobierno un plan de ordenación de recursos humanos que rejuvenezca las plantillas públicas.
“Eso no hay empresa que lo soporte”, resume Carlos Álvarez Andújar, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la Administración General del Estado. Curiosamente, el personal laboral está más envejecido que los funcionarios de carrera: el 66% de los primeros sobrepasa los 50 años, por un 61% de los segundos. Álvarez Andújar recuerda que en los años de la crisis el personal laboral ha tenido tasas de reposición aún menores que las de los funcionarios.
No son servicios esenciales
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), cuenta con un total de 11.498 trabajadores, según cifras del propio departamento a 30 de septiembre de 2015. Desde 2011 ha perdido 1.404 empleados. La edad media de los que queda es de 53 años. Pese a que ha multiplicado su actividad durante la crisis –recaudación, atención al público–, la Seguridad Social no es considerada por el Gobierno un “servicio esencial” –sí lo son las fuerzas de seguridad, la sanidad, la educación, la Agencia Tributaria– a los que permite disfrutar de una tasa de reposición –el porcentaje de bajas que se cubren– que en 2015 fue del 50% y este año alcanzará el 100%.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no ha ascendido a la categoría de servicio esencial hasta este ejercicio, aunque su carga de trabajo se triplicó por culpa de las cifras récord de paro. Otro tanto le ha ocurrido al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que paga las indemnizaciones y salarios adeudados por las empresas en quiebra. O con el Imserso. En el caso del Fogasa, por ejemplo, se trasladó la gestión de los expedientes a una empresa externa, Tragsatec, y el pasado abril incluso se ofrecieron bonus a los empleados que trabajaran por las tardes. En los peores momentos de atasco, la lista de espera en el Fogasa llegó a superar el año.
Oficinas sin funcionarios
Raúl Olmos, responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, explica que el Gobierno ha impedido el aumento de plantillas en la Seguridad Social excluyéndola del macroconcurso de traslados de la Administración. También la renovación tecnológica de muchos servicios y procesos ha hecho desaparecer puestos de trabajo. “Desde que pedir la vida laboral o el histórico de cotizaciones sólo se puede hacer por internet o por teléfono, ha surgido una red de gestorías alrededor de las oficinas del INSS [los llamados CAISS] que hacen las gestiones que antes correspondían a los funcionarios”, explica Raúl Olmos.
Esas oficinas se están quedando casi vacías y muy avejentadas. En Salamanca, por ejemplo, en un edificio pensado para albergar a 400 funcionarios, sólo trabajan ahora 200. De ellos, 163 tiene más de 50 años. Sólo hay ocho personas por debajo de los 40. En el único CAISS de Coslada (Madrid), un municipio de 88.847 habitantes, trabajan “cuatro o cinco gestores, cuando antes de la crisis había 10”, asegura Tomás Chaparro, representante de CGT, el sindicato mayoritario en la junta de personal del Ministerio de Empleo. Lo mismo ocurre en la sede de la Dirección Provincial del INSS en Madrid, añade, donde la docena larga de funcionarios por sección de los tiempos precrisis se ha reducido a cinco. En esa cifra se han reducido también las plantillas de Torrejón o Getafe. En la sede de la Dirección Provincial madrileña se han perdido más de 180 empleados.
Es más, según los datos de CCOO, que se refieren a 2014, la Seguridad Social tiene 140 funcionarios y 12 laborales que incluso superan incluso la edad de jubilación ordinaria, los 65 años. Diecinueve de ellos tienen 69 años. La mayoría de estos superseniors, 91, pertenecen al grupo A1, la máxima categoría profesional.
Agentes forestales de 52 años
Los agentes forestales dependen en su mayor parte de las comunidades autónomas –excepto los que cuidan los parques nacionales o las cuencas hidrográficas–. Llevan 12 años sin oferta de nuevas plazas. Son poco más de 5.000 en toda España, cuando deberían superar los 7.000, avanza Rubén F. Paz, responsable del sindicato profesional de Agentes Medioambientales de UGT. Pese a que su tarea es tanto de vigilancia como de emergencia, tampoco son considerados un servicio esencial. “Sólo se acuerdan de nosotros cuando hay incendios”, se lamenta. Por culpa de la escasez de plantilla, no pueden hacer servicios nocturnos y cada vez deben controlar un mayor número de hectáreas.
La edad media de los agentes forestales madrileños, por ejemplo, alcanza los 52 años. Su actividad requiere un esfuerzo físico considerable, pero carecen de acceso a la segunda actividad cuando llegan a una determinada edad, ni pueden jubilarse anticipadamente. “Si pudiéramos”, advierte Rubén F. Paz, “se quedarían sin agentes”. En lugar de jubilarse, los agentes forestales terminan abandonando por enfermedad laboral.
Se cuadriplican las jubilaciones anticipadas
La mitad de los empleados de la Seguridad Social se jubilará en los próximos 10 años
UGT calcula que de 2010 a 2013 se han jubilado de forma anticipada en la Administración General del Estado 39.660 funcionarios. En esos cuatro años, se ha cuadriplicado el número de jubilaciones antes de la edad ordinaria: de 4.253 en 2010 a 15.788 en 2013. Los sindicatos lo atribuyen al “desencanto y frustración” de los empleados públicos por culpa de la congelación salarial y la incertidumbre respecto al régimen de clases pasivas, en extinción desde 2012. Los aproximadamente 900.000 funcionarios de ese régimen –docentes no universitarios, fuerzas armadas y de seguridad, empleados de los ministerios– pueden jubilarse a los 60 años, y muchos lo están aprovechando. Además, de 2013 a 2015 se han jubilado de forma anticipada más funcionarios de la Seguridad Social, que no pertenecen a las clases pasivas, –511– que a la edad legal –308–.
Si se atiende a las cifras que facilita el Ministerio de Hacienda, el número de pensiones de clases pasivas ha crecido desde 2011 un 18%, mientras que el de las pensiones de jubilación de todo el sistema público lo ha hecho mucho menos, un 7,3%.
Los Presupuestos del Estado para este año prevén una oferta pública de empleo que duplicará la de 2015 –17.500 plazas–. Aun así, no será suficiente para compensar los puestos de trabajo perdidos durante la crisis, se lamenta Carlos Álvarez Andújar. Según los cálculos del sindicato CSI-F, 78 al día desde 2010.
La plantilla de la Administración General del Estado se ha reducido en un 12,6% desde 2009. Entre funcionarios y personal laboral, los ministerios, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria suman 195.032 personas, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, publicado el pasado mes de julio. Pero el recorte de los presupuestos públicos ha tenido otros efectos colaterales. La congelación de la oferta de empleo público no sólo ha encogido las plantillas sino que también las ha envejecido. De tal forma que el 61,3% de los funcionarios del Estado tiene más de 50 años, cuando en 2009 no eran más del 42%. Es decir, el número de empleados de más edad se ha disparado un 27,3% en seis años.