Una crisis tan larga y una recuperación tan lenta como la que se adivina están dejando en el mercado laboral heridas que van a ser difíciles de curar. Las estadísticas dejan al descubierto cada trimestre la realidad testaruda de quienes no sólo están en el paro sino que, además, no consiguen salir de él. El desempleo de larga duración, la etiqueta que agrupa a quienes llevan un año sin trabajar, lleva camino de verse superada ante el enorme y más problemático aumento de una nueva categoría, el paro de muy larga duración, el de quienes llevan más de dos años desaparecidos del mundo laboral. Estos últimos son 2,38 millones de personas, el 71,4% de la taxonomía de los parados de larga duración, que ascienden a 3,33 millones según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre. Ese porcentaje ha crecido cinco puntos desde el año pasado. “Se ha reducido el número total de parados en el último año, pero la bolsa de los de muy larga duración no se vacía, los que más lo necesitan no salen del desempleo”, explica Luis Zarapuz, técnico del Gabinete Económico de CCOO.
Baja cualificación profesional y más de 45 años son dos factores que pueden terminar traduciéndose en paro de muy larga duración. De hecho, el 71,4% de los desempleados mayores de 45 años lleva más de un año sin trabajar. Son 1,31 millones de personas. De ellos, 1,04 millones, el 80%, están en el paro desde hace más de dos años. “Ése es el auténtico drama: trabajadores que abandonaron los estudios, se emplearon en la hostelería y la construcción atraídos por los buenos sueldos, fundaron un hogar y ahora tienen más de 40 años”, describe el economista de CCOO, “son los de reinserción laboral más difícil”.
Según un estudio que las economistas Sara de la Rica y Brindusa Anghel elaboraron para la Fundación Alternativas, los trabajadores de la construcción tienen hasta un 72% más de probabilidades de ser parados de larga duración. Y los mayores de 45 años, un 50% de probabilidades más. Además, el 56% de los parados de larga duración no han pasado de la ESO, 1,53 millones de trabajadores que a buen seguro necesitan reorientación y formación profesional para regresar al mercado laboral. El mismo informe de De la Rica y Anghel señala que tener educación universitaria reduce la probabilidad de terminar como parado de larga duración en un 70% frente a quien sólo cuenta con estudios primarios, y en un 36% respecto a quien posee estudios secundarios.
Teniendo en cuenta las dificultades para recuperar la actividad –por la lenta reactivación económica y por las características profesionales de estos parados–, en 2014 la EPA contaba 1,39 millones de personas que llevan más de tres años sin trabajar, el doble que en 2011. Casi la mitad de ellos, el 48%, tienen más de 45 años. Son asalariados que van camino de quedar excluidos del sistema para siempre, mientras, por el contrario, sí que ha bajado la cifra de quienes han pasado más de un año, pero menos de dos, en el paro: 288.000 personas. Tanto tiempo de inactividad ha depreciado irremediablemente su valor como “capital humano”, destaca el documento de la Fundación Alternativas.
Así, el salto del paro crónico al paro estructural no resulta complicado. Este último es en España un mal endémico. La Comisión Europea lo cifraba en 2014 en el 20% e incluso prevé que suba un punto en 2019. El Servicio de Estudios del BBVA lo sitúa en el 18% unos 3,5 millones de desempleados, tres veces más que en Estados Unidos o Alemania.
Riesgo de exclusión y pobreza
Pero el problema del paro crónico va mucho más allá del deterioro profesional de un trabajador cuya dificultad de reinserción laboral aumenta con su tiempo en el desempleo. A los dos años sin trabajar se agota la prestación contributiva. Después llegan los subsidios –426 euros al mes– y la Renta Activa de Inserción (RAI). Cuando todas ellas se acaban, hay que empezar a hablar de pobreza y exclusión social. Según la última EPA, en España hay 756.000 parados que viven en un hogar sin ingresos laborales. De ellos, el 65%, 488.000, llevan más de un año sin trabajar.
Durante toda la crisis no ha dejado de recortarse el número de parados que cobran algún tipo de ayuda pública. Si en 2010 el 80% de los desempleados ingresaba algún tipo de prestación o subsidio, el pasado mes de abril eran sólo el 55,3%, según las cifras del Ministerio de Empleo. Es el efecto de la prolongación de la crisis, de la cronificación del paro y de las restricciones sucesivas aplicadas por el Gobierno al cobro tanto de la prestación contributiva como de los subsidios asistenciales. Aun así, el grupo de quienes superan los 45 años es el más numeroso entre los perceptores de la Renta Activa de Inserción, el último escalón de la protección por desempleo, resalta el informe sobre La situación sociolaboral de las personas de 45 a 64 años elaborado por el Consejo Económico y Social (CES). El 40% de quienes cobran las Rentas Mínimas de Inserción autonómicas son también parados por encima de esa edad.
Así, no es de extrañar que el riesgo de pobreza de la población entre 45 y 64 años sea del 29%, y del 34,4% entre quienes cuentan entre 55 y 59 años, según el estudio del CES. Porcentajes por encima del promedio de todas las edades. El documento atribuye ese mayor riesgo a la pertenencia de estos trabajadores a “hogares con baja intensidad laboral”: porque sus miembros están en el paro o porque están subempleados y trabajan menos horas de las que necesitan.
Se trata de un grupo especialmente vulnerable. Despedidos en una edad avanzada y con escasas posibilidades de regreso al empleo, buena parte de ellos están abocados a mantenerse de los subsidios hasta alcanzar la edad de jubilación. Han salido prematuramente del mundo del trabajo, a una década o más de la edad legal de retiro, pero el mercado los rechaza por su edad. Son carne de paro de larga duración. Y víctimas de las nuevas restricciones para el cobro del subsidio, que ya sólo puede solicitarse a partir de los 55 años –antes de los 52–, contando con los ingresos de toda la unidad familiar –antes sólo los del solicitante—y con un 100% –antes el 125%– del tope como base de cotización para la jubilación. De esta forma, el número de perceptores de esta ayuda ha caído un 47% en un año.
Otro efecto perverso del paro crónico: unos años finales de la vida laboral con escasos ingresos se traducen a continuación en pensiones de jubilación mermadas. Sólo el 20% de los desempleados mayores de 55 años cuentan con un convenio especial con la Seguridad Social que les permita seguir cotizando hasta la edad de retiro, desvela el informe del CES. La propia Seguridad Social reconocía este verano en una circular interna los “graves perjuicios” que el endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación anticipada a los 61 años puede suponer para algunos trabajadores. De hecho, alertaba ante las “situaciones de desprotección” que se producen cuando los afectados no perciben pensión hasta los 63 años y se quedan sin derecho a subsidio o tienen que cobrarlo durante mucho más tiempo.
Políticas de empleo y formación ineficaces
A finales de 2011 el Gobierno aprobó la Estrategia 55 años y más, un conjunto de medidas para promover la reincorporación laboral de estos trabajadores de más edad y garantizar una “adecuada protección social”. Sin embargo, Luis Zarapuz no cree que estas iniciativas o las escasas políticas de empleo existentes sean eficaces. “No funcionan, no se ofrecen itinerarios de formación en las oficinas de empleo, y desde luego no son muy efectivos esos cursos de pocos meses para recualificar profesionalmente a estos trabajadores”, lamenta. A su juicio, deberían recibir módulos de Formación Profesional reglada, “no parches de tres meses”.
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Pese a que a partir de los 45 años un trabajador se convierte en objetivo prioritario de las políticas activas de empleo, su tasa de inserción laboral, una vez ha recibido cursos de formación, es inferior a la del resto de los grupos de edad. Las empresas prefieren siempre a trabajadores más jóvenes, seleccionados entre una “oferta abundante de mano de obra más formada y barata”, resalta el economista de CCOO.
De forma que tampoco tienen mucho recorrido las subvenciones a los empresarios para que contraten a mayores de 45 años. Los expertos dudan de su eficacia si no se restringen a colectivos muy específicos. El estudio del CES recomienda que los incentivos se orienten a los trabajadores más vulnerables: parados mayores de 45 años con cargas familiares que estén cobrando subsidios, rentas de inserción o hayan agotado ya las prestaciones.
En cualquier caso, el CES reprocha al Gobierno que los desempleados mayores atrapados en el paro crónico no hayan sido hasta ahora “destinatarios de una estrategia coherente”. Menos aún cuando desde 2011 el gasto en políticas activas de empleo ha sufrido un tijeretazo del 40%.
Una crisis tan larga y una recuperación tan lenta como la que se adivina están dejando en el mercado laboral heridas que van a ser difíciles de curar. Las estadísticas dejan al descubierto cada trimestre la realidad testaruda de quienes no sólo están en el paro sino que, además, no consiguen salir de él. El desempleo de larga duración, la etiqueta que agrupa a quienes llevan un año sin trabajar, lleva camino de verse superada ante el enorme y más problemático aumento de una nueva categoría, el paro de muy larga duración, el de quienes llevan más de dos años desaparecidos del mundo laboral. Estos últimos son 2,38 millones de personas, el 71,4% de la taxonomía de los parados de larga duración, que ascienden a 3,33 millones según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre. Ese porcentaje ha crecido cinco puntos desde el año pasado. “Se ha reducido el número total de parados en el último año, pero la bolsa de los de muy larga duración no se vacía, los que más lo necesitan no salen del desempleo”, explica Luis Zarapuz, técnico del Gabinete Económico de CCOO.