El sector de VTC ha presentado más de 8.000 alegaciones ante la Dirección General de Transporte Terrestre, dependiente del Ministerio de Fomento, contra el plazo indemnizatorio que fija el Real Decreto Ley que regula su actividad, actualmente en fase de enmiendas y que finalmente será tramitado como proyecto de Ley, informa Europa Press.
Según los cálculos de Unauto VTC, la asociación que agrupa al 90% del sector VTC en España, se alcanzarán las 12.000 reclamaciones el próximo lunes, día 31 de diciembre, último hábil para presentar en plazo, por lo que casi todos los propietarios de VTC habrán completado su reclamación.
"Para ello, Unauto VTC ha puesto a disposición de todos sus asociados sus servicios jurídicos, para que no quede ni una VTC sin reclamar", ha explicado Eduardo Martín, presidente de la asociación.
Una vez presentados los recursos habrá que esperar la respuesta por parte de la Dirección General de Transportes.
"Unauto trabajará para garantizar que el sector, que ha obtenido sus autorizaciones de forma legal y legítima, pueda seguir operando con normalidad y ejercer sus derechos de forma plena", ha añadido Martín, quien no descarta recursos contencioso-administrativos y, si es necesario, ante el Tribunal Supremo o el Constitucional.
Asimismo, Unauto VTC ha pedido al Gobierno "que deje de engañar" a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, dado que, según resalta, serán las responsables de indemnizar económicamente la posible expropiación de autorizaciones VTC si asumen las competencias en esta materia, como les pide el Gobierno.
La asociación insiste en que, tras no haber contado con dichas administraciones durante la elaboración del Decreto Ley, ni haber consensuado su contenido, el Gobierno debería ser "más honesto" con ellas y advertirles de que cada una tendrá que hacerse cargo del coste de cada autorización que revoquen, o a la que restrinjan sus derechos.
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De acuerdo con datos de la consultora EY, el coste de una expropiación tácita de las autorizaciones de VTC ascenderá a unos 3.800 millones de euros para las administraciones. Con el Decreto, ese coste pasa a dividirse entre las 17 autonomías españolas en función del número de autorizaciones que tengan. "Esto provocaría que algunas comunidades, como Cataluña, vayan a tener que desembolsar casi 1.000 millones de euros en indemnizaciones", advierte.
Martín ha recordado que más de 15.000 trabajadores "podrían verse en la calle" si se eliminan autorizaciones, y considera que se está coartando el derecho a elegir su forma de movilidad a más de 7 millones de usuarios de los servicios de VTC en España.
El sector de VTC aporta, a día de hoy, 750 millones de euros a la economía española. Una cifra que podría doblarse para 2020, generando, además, varios miles de empleos adicionales, según los datos que maneja la patronal.
El sector de VTC ha presentado más de 8.000 alegaciones ante la Dirección General de Transporte Terrestre, dependiente del Ministerio de Fomento, contra el plazo indemnizatorio que fija el Real Decreto Ley que regula su actividad, actualmente en fase de enmiendas y que finalmente será tramitado como proyecto de Ley, informa Europa Press.