Sólo un acuerdo entre Gobierno, Generalitat y la empresa podría salvar a los 1.600 del ERE de Ford

Sobre la plantilla de Ford de la fábrica de Almussafes, en la Comunitat Valenciana, planea la sombra de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría llegar a afectar a más de 1.600 trabajadores, aunque desde UGT matizan que, según el plan que les ha presentado la automovilística, de esa cifra, 626 serían bajas incentivadas con carácter definitivo y 996, despidos objetivos con preferencia de contratación en 2027, fecha en la que la multinacional tiene previsto el lanzamiento de un nuevo vehículo multienergía del que se armarían 300.000 unidades anuales. La propia compañía ha señalado que, mientras eso se produce, “se podría negociar una solución de transición” para unos 1.000 empleados.

Es el cuarto ERE en cuatro años: el primero fue en mayo de 2020, con 350 personas arrastradas a él; el segundo en abril de 2021, cuando se recortó la plantilla en 630 efectivos; el tercero en marzo de 2023, con 1.144 despidos; y el cuarto el que se negocia en la actualidad. En una década, entre 2014 y 2024, se ha producido una reducción de plantilla del 44,8%, desde los 8.840 operarios que se contaban hace diez años, hasta los algo más de 4.800 de este ejercicio. Si en 2022 se fabricaban en València cinco modelos de automóviles, Kuga, Mondeo, S-Max, Transit y Galaxy; en 2024 sólo se monta el primero.

Al mismo tiempo, desde 2012, la multinacional habría recibido más de 180 millones de la Generalitat, según fuentes sindicales. Desde el Gobierno autonómico confirman que sólo este año ha sido la beneficiaria de 7 millones de euros, más otro 1,5 para una entidad formativa vinculada a ella, es decir, 8,5 millones en global. Cuantía que se eleva a los alrededor de 19,5, si se suman los fondos que recibió en 2023. A lo que habría que añadir ayudas estatales que han tenido como destino la misma empresa, según anotan fuentes sindicales.

Cruce de reproches entre el Gobierno y la Generalitat

Las reacciones al ERE no paran de brotar e incluyen un cruce de acusaciones de inacción entre administraciones. De un lado, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cree inasumible el despido de “un tercio de la plantilla en Almussafes”, sobre todo, cuando la automovilística estadounidense tuvo al cierre de 2023 unos beneficios netos de más de 4.000 millones de euros, si bien, fuentes vinculadas a la empresa replican que en España “no sólo no han obtenido esas ganancias, sino que tienen pérdidas”.

En una entrevista en TVE, Díaz ha defendido que el ERE “está localizado” en la Comunitat Valenciana y, por tanto, “es competencia absoluta de la Generalitat, es decir, del PP, que tiene competencias exclusivas en materia industrial”. Le ha pedido que “actúe”, ya que el ministerio “no puede” para “evitar esta situación”. “Mi posición es que una empresa que tiene beneficios extraordinarios no puede presentar un despido colectivo, no es comprensible”, ha martilleado.

Fuentes del ministerio explican que en materia de trabajo, como en muchas otras, “hay parte transferida a las comunidades y en un ERE de una empresa que afecte sólo a una región, la autoridad laboral es de la comunidad”. Esto es: “La empresa Ford tramitará el suyo con la Generalitat y además las competencias en el marco de industria son de esa administración”, dejan claro. Preguntadas sobre si se puede hacer algo para evitar el ERE, las fuentes consultadas indican que “desde la reforma laboral, Ford tiene mecanismos, antes de recurrir a algo tan traumático como los despidos, por ejemplo, los ERTE, que ya se demostraron útiles en la pandemia o algún plan industrial”. Recuerdan, asimismo, que la empresa no recurrió al PERTE -Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica con acceso a fondos europeos- de la automoción. De hecho, en 2022 la multinacional eligió a la planta valenciana para ensamblar sus vehículos eléctricos para Europa y cerró un acuerdo por la electrificación que conllevó un ajuste de las condiciones laborales para los trabajadores, sin embargo luego optó por aplazar esa hoja de ruta. En cualquier caso, “el ERE tendrán que hacerlo conforme a la legislación vigente y la Inspección de Trabajo emitirá un informe sobre si se adapta o no. Habrá que ver cómo acaba todo”, concluyen desde el ministerio.

Pero desde Valencia defienden que la pelota está en el tejado del Gobierno. En concreto la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, Nuria Montes, ha acusado al Ejecutivo de estar “eludiendo su responsabilidad” y le ha exigido que “cumpla con su obligación y con los trabajadores de la comunidad”. Fuentes de Industria aseveran, para arrancar, que el ERE “no es de 1.600 personas” y luego aportan que han pedido al Gobierno que active “el Mecanismo RED para todo el sector de la automoción”, al que ha augurado, le esperan años difíciles. Se trata de un instrumento de flexibilización diseñado para conservar el empleo en situaciones de crisis cíclicas o sectoriales que tiene que ser activado por el Consejo de Ministros. Lo han solicitado igualmente el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, e incluso los sindicatos.

Afirman que ellos, dentro de sus competencias, podrán promover actuaciones como “programas de formación y recualificación profesional” para que los trabajadores puedan recolocarse o constituir una comisión con las consellerías que puedan tener algo que ver en el asunto como Industria, Economía, Hacienda y Empleo para estar al tanto del expediente de regulación y ver qué medidas se pueden ir tomando. Pero no pueden frenar el ERE en sí.

¿Hay alguna opción de parar el expediente de regulación que pondría en la calle a 1.600 personas? El secretario general de CCOO Industria del País València, Juan José Picazo, teme que ya lleguen tarde, aunque ve una posibilidad: "Es cierto que si se autorizara y la empresa se acogiera al Mecanismo RED se evitarían despidos, porque una de las condiciones es que no haya destrucción de empleo". Confirma que CCOO, al igual que UGT, lo ha solicitado, ya que, "aunque se tiene que aprobar para un sector, no para una empresa, y para una crisis cíclica, en el automovilismo se va a producir una transformación coyuntural, al pasar del coche de combustión al eléctrico", argumenta. Y encadena: "Esto tiene que ir ligado a planes de formación de los trabajadores durante el tiempo que dure el mecanismo. Se tienen que combinar las dos circunstancias: que se active el RED porque es un sector en transformación, y que, mientras dure, se forme a los trabajadores en la nueva realidad. Es decir, las administraciones no tienen que tirarse los trastos unas a otras, sino aportar de forma ordenada su granito de arena porque todas tienen que hacer", proclama.

Picazo avisa de que "los despidos en Ford" van a provocar un tsunami laboral también "en las empresas auxiliares, donde hay más gente empleada que en los fabricantes y de ellos no habla nadie". "Por tanto -recalca-, queremos el mecanismo RED para todo el sector del auto, fabricantes y empresas auxiliares. Y la formación, que es competencia del Gobierno autonómico". A su juicio, esto sería una salida, ya que bajo ese paraguas "las empresas no pagan salarios y se ahorran cotizaciones, mientras los trabajadores podrían llegar a cobrar hasta el 70% de su base reguladora sin que les compute el desempleo y aprovechar ese periodo para formarse". Con todo, la voluntad de Ford sería imprescindible, dado que "la dificultad que existe para la empresa es que tiene que garantizar el mantenimiento del empleo", advierte.

"Vivimos en un país en el que preferimos estar peleando, dependiendo del color del Gobierno, en vez de pensar en las personas. Si se hubiera hecho esto último, se hubiese llegado a un acuerdo", desliza. Y cierra: "Las malas decisiones históricas que ha ido tomando la dirección de Ford la han situado en una situación de desventaja frente a otros fabricantes, pero el cambio de modelo de combustión a eléctrico tiene que producirse en todas las fábricas. Es una cuestión del todo el sector, sólo que Ford se ha visto afectada primero, debido a que las cosas no se han hecho bien".

De momento, fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran sobre el Mecanismo RED que, "si formalmente lo piden", lo "estudiarán" y "eventualmente se llevaría a Consejo de Ministros". Por ahora, "no está sobre la mesa". Habrá que ver si se pasa de las palabras al choque, al todos a una.