Las pensiones que cobran los agricultores y ganaderos españoles son las más bajas de todo el sistema de la Seguridad Social: una media de 438,48 euros para quienes trabajaron por cuenta propia y 529,25 euros para quienes lo hicieron como asalariados. Hasta que se integraron en el régimen de autónomos los primeros –en 2008– y en el régimen general los segundos –en 2012–, ambos grupos tenían un régimen especial con cotizaciones mínimas que, por tanto, les daban derecho a pensiones famélicas. De hecho, los trabajadores agrarios perciben aún prestaciones cuya cuantía equivale a la mitad de lo que cobran el resto de los cotizantes: la pensión media en España asciende a 858,11 euros mensuales. Así que la reforma de las pensiones les va a doler el doble. De aplicarse tal y como la ha diseñado el Gobierno, la pérdida media de poder adquisitivo de los pensionistas del sector primario alcanzará los 1.041 euros anuales, según los cálculos de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
En 2007 la Seguridad Social pagaba 770.998 pensiones a trabajadores autónomos del campo y en 2011, 634.877 pensiones a los asalariados. En total, suponen el 15,45% de los nueve millones de pensiones que se cobran en España. Desde esas fechas no existen cifras desagregadas en el régimen de autónomos y en el general para ambos colectivos que, sumados, superan los 948.000 cotizantes.
La mayoría de las pensiones de agricultores y ganaderos quedan lejos de la cuantía mínima –631,30 euros este año–, por lo que deben ser completadas por el Estado. En esa situación se encuentra el 27,5% de los españoles, unos 2,5 millones. Pues bien, más de la mitad de los pensionistas del campo cobra este tipo de complementos. En concreto, el 48% de los autónomos agrarios y el 61% de los asalariados. Es más, las comunidades donde más pensiones mínimas se perciben son aquéllas con mayor peso del sector primario. En Extremadura equivalen al 52% de las pensiones, en Castilla-La Mancha, al 43,7%, en Andalucía al 36,4% y en Galicia al 34,3%.
Tardarán más de 12 años en equipararse con el resto
Sobre estas prestaciones ya de por sí exiguas van a impactar las dos fórmulas reductoras que ha elaborado el Gobierno. El factor de sostenibilidad, que recortará la pensión inicial cuanto más aumente la esperanza de vida, y el índice de revalorización, que sustituirá al IPC y ligará la cuantía de la prestación al déficit o superávit que tenga la Seguridad Social cada año. Con el segundo mecanismo la pensión subirá un 0,25% en épocas de recesión como la actual y un 0,25% más lo que crezca el IPC, cuando llegue el crecimiento económico. Así, dicen sus críticos, harían falta siete años de superávit para recuperar el poder adquisitivo perdido con sólo un ejercicio de déficit, si la inflación se mantiene en el 2% que utiliza el Banco Central Europeo (BCE) de referencia. La media española de inflación en la última década ha sido del 2,5%.
Ana Isabel Batanero, del gabinete técnico de UPA, teme que ese recorte destruya las ventajas económicas obtenidas por los trabajadores agrarios al incorporarse al régimen de autónomos y al general. Empezaron a cotizar más y, por tanto, a generar pensiones también más elevadas. Según decía el Gobierno entonces, aumentaría su cuantía un 7% anual, de forma que en 12 años se habrían equiparado a las del resto de los jubilados. La crisis y la reforma de las pensiones han dejado esas previsiones en papel mojado.
De acuerdo con sus cálculos, cobrando la pensión de jubilación media, 669,87 euros, la pérdida de capacidad adquisitiva de un agricultor autónomo ascenderá a 1.041,62 euros al año. Para una viuda que perciba la pensión media, 460,95, el deterioro equivaldrá a 716,76 euros anuales. Siempre considerando un IPC del 2% y una revalorización mínima del 0,25%. Según COAG, ese retroceso en las prestaciones agrarias "bloquea el relevo generacional" en las explotaciones, en un sector con una tasa de envejecimiento superior en cuatro puntos porcentuales a la media nacional.
La reforma de 2011 también les penalizó
La otra brecha de género: los tres castigos que recortan las pensiones de las mujeres
En cualquier caso, la penúltima reforma de las pensiones, que pactó el entonces Ejecutivo socialista con la patronal y los sindicatos en 2011, ya dejó muy tocados a agricultores y ganaderos. Por un lado, el aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años penaliza a un grupo de trabajadores sometidos a grandes exigencias físicas durante su vida laboral. De hecho, los agricultores y ganaderos por cuenta propia tienen tasas de incapacidad permanente –12,20%– superiores incluso a las de los mineros –11,18%– y los trabajadores del mar –9,50%–. Los del régimen general no llegan al 4%, según consta en el informe económico financiero de la Seguridad Social incluido en los Presupuestos del Estado para 2014.
Por otro, la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años se traduce automáticamente en una rebaja de la prestación generada. Hasta 2007 y 2011 los trabajadores agrarios tenían unas bases de cotización muy pequeñas. Cuantos más años de minicotización se añadan al cómputo, las pensiones serán de menor cuantía. Además, el paso de 15 a 25 años para calcular la cuantía se hará de forma paulatina y culminará en 2022. Lo que casi coincidirá con la aplicación, en 2019, del factor ligado a la esperanza de vida que recorta la pensión inicial de quien se jubile ese año. "Todas las mejoras conseguidas desde 2008 se difuminarán entre un 40% y un 50%", explica Eduardo Navarro, representante de COAG en el Consejo Económico y Social (CES), que aprobó un dictamen donde se le pedía al Gobierno que retirara su proyecto de reforma.
También salen perjudicadas las mujeres, que suelen cotizar menos años y, como no llegan a la pensión mínima a la edad de jubilación, terminan prolongando su vida laboral. Su incorporación al sector primario ha sido notable "en los últimos 10 o 12 años", destaca Eduardo Navarro. Hasta 2011, además, una explotación agraria no podía tener más de un titular. Y ése era el hombre, porque las más pequeñas y con menor rendimiento no daban para pagar dos cotizaciones. Ahora existe la titularidad compartida, pero su éxito está siendo muy reducido. En el registro habilitado en el Ministerio de Agricultura sólo hay 52 explotaciones inscritas. El 26% de la población ocupada en el campo son mujeres. El 70% de los titulares de explotaciones son hombres. Unas 17.000 de ellas son consideradas “ayudas familiares”, con una cotización tan pequeña que sus pensiones, al llegar a la jubilación, no llegan ni a los 400 euros.
Las pensiones que cobran los agricultores y ganaderos españoles son las más bajas de todo el sistema de la Seguridad Social: una media de 438,48 euros para quienes trabajaron por cuenta propia y 529,25 euros para quienes lo hicieron como asalariados. Hasta que se integraron en el régimen de autónomos los primeros –en 2008– y en el régimen general los segundos –en 2012–, ambos grupos tenían un régimen especial con cotizaciones mínimas que, por tanto, les daban derecho a pensiones famélicas. De hecho, los trabajadores agrarios perciben aún prestaciones cuya cuantía equivale a la mitad de lo que cobran el resto de los cotizantes: la pensión media en España asciende a 858,11 euros mensuales. Así que la reforma de las pensiones les va a doler el doble. De aplicarse tal y como la ha diseñado el Gobierno, la pérdida media de poder adquisitivo de los pensionistas del sector primario alcanzará los 1.041 euros anuales, según los cálculos de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).