Aisha tuvo por fin este martes el juicio por el que había acudido a la Justicia española. La inmigrante marroquí fue detenida por orden de la jueza de lo Social detenida por orden de la jueza de lo Socialnúmero 36 de Madrid, Patricia Valle Lorenzo, el pasado 2 de febrero, cuando iba a celebrarse la vista oral de la demanda por despido que había interpuesto contra la dueña del asador de Galapagar (Madrid) donde trabajaba sin contrato. La mujer, de 36 años y sin permiso de residencia, sufrió la amputación de parte de un dedo con una máquina cortadora y fue despedida tras el accidente laboral.
Tras rechazar la oferta de indemnización que le hizo la empresaria en el intento de conciliación previo al juicio, la jueza le dijo a Aisha que, si no aceptaba, llamaba a la Policía para que la detuvieran y la expulsaran del país por no tener permiso de residencia. La mujer fue conducida a la comisaría de Moncloa-Aravaca, donde se le abrió un procedimiento sancionador por una infracción de la Ley de Extranjería que le puede costar una multa de 500 a 10.000 euros. En la notificación que recibió de la Policía Nacional se indica que dos agentes acudieron al juzgado “a requerimiento de la jueza titular del número 36 de Madrid”.
La jueza Valle Lorenzo señaló una nueva fecha para el juicio, al que acudieron una cincuentena de abogados en apoyo de la inmigrante marroquí y para denunciar la actuación de la titular del número 36 de lo Social de Madrid. También asistió el diputado de Podemos por Tenerife Alberto Rodríguez. Pero tampoco en esta ocasión la vista fue del todo habitual.
Un agente de policía, el mismo que la había detenido en febrero, y dos vigilantes de seguridad esperaban a las puertas de la sala a Aisha y a su abogado, a quienes acompañaron en todo momento mientras cumplimentaban los trámites previos al juicio con el letrado de la Administración de Justica –el secretario judicial–. Después el policía permaneció dentro de la sala mientras se desarrollaba el juicio, una circunstancia que el abogado de la trabajadora, Víctor Alonso, considera inaudito. El policía también limitó la entrada de público en la sala, la mayoría letrados convocados por la Asociación Libre de Abogados (ALA), que junto a SOS Racismodenunciaron la actuación de la juez ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Defensora del Pueblo. Tampoco les permitieron hacer fotos.
A las puertas de los juzgados de lo Social de Madrid es habitual que se lleven a cabo protestas de trabajadores despedidos o empleados de empresas en crisis, sin intervención policial alguna. “La presencia del policía sólo tenía efectos intimidatorios”, razona el abogado de Aisha.
Las infracciones administrativas de la empresa
La vista se celebró sin que la jueza hiciera mención alguna a los hechos ocurridos en febrero, pero Víctor Alonso le recordó a Patricia Valle que los derechos de su representada habían sido vulnerados cuando había terminado detenida por una mera infracción administrativa. “No existen antecedentes de nada parecido”, asegura el abogado. “Se supone que en la jurisdicción de lo Social rige el principio pro operariopro operario, al igual que en la penal el principio pro reo, pero aquí se ha incumplido”, le reprochó el abogado a la jueza.
“Si mi cliente es sospechosa de una infracción administrativa”, argumentó, “usted tendría que haber hecho lo mismo con la empresa, que cometió una infracción administrativa por no haber comunicado el accidente laboral, por tener un trabajador sin alta en la Seguridad Social y por vulnerar la Ley de Riesgos Laborales, además de un delito penal contra la seguridad de los trabajadores y otro por presentar un testigo falso”, enumeró, “sin mencionar la responsabilidad civil que debe afrontar por las lesiones causadas a mi mandante”.
Los abogados de ALA coinciden en esa argumentación. Aseguran que la actitud de la juez en el primer juicio revela su “manifiesta animadversión” hacia la inmigrante marroquí. “Si [la jueza] ha considerado válida para ordenar la detención la mera manifestación verbal de que no existía el permiso de trabajo, debió considerarla válida también para deducir testimonio a la Fiscalía de la existencia de un posible delito contra los derechos de los trabajadores por contratarla sin permiso de trabajo e imponerle condiciones laborales inferiores a las legales, no dándole de alta en Seguridad Social”. Sólo por ese motivo, concluyen, Patricia Valle debería haber sido recusada.
La jueza declara improcedente el despido de la inmigrante sin papeles a la que mandó detener tras sufrir un accidente laboral
“La jueza ha tomado nota”
En la vista oral, la empresa llevó como testigo a la encargada del asador, quien declaró que Aisha nunca había trabajado allí y que el corte en el dedo quizá se lo había hecho en otro restaurante en el que había trabajado antes, pero no en el de Galapagar. Por parte de la demandante acudieron como testigos la persona que recogió el dedo cortado del asador y la médico del centro de salud de Galapagar que atendió a Aisha. Ésta aseguró que el corte del dedo sólo pudo haberlo ocasionado “una máquina industrial”, no un accidente doméstico con un cuchillo. Según ha contado la afectada, la cuchilla de la cortadora de patatas no se encontraba bien sujeta a su soporte, se desprendió y le cayó sobre el dedo. Como en el centro de salud no podían asistirle debidamente, la trabajadora accidentada fue enviada al Hospital Puerta de Hierro. Según su abogado, el dedo aún sigue necesitando curas por culpa de una infección.
A la salida del juicio, los asistentes aplaudieron a Aisha, que terminó entre lágrimas. “La jueza ha tomado nota”, explica Luz Elena Jara Vera, abogada de ALA, “no es una autoridad de extranjería”.
Aisha tuvo por fin este martes el juicio por el que había acudido a la Justicia española. La inmigrante marroquí fue detenida por orden de la jueza de lo Social detenida por orden de la jueza de lo Socialnúmero 36 de Madrid, Patricia Valle Lorenzo, el pasado 2 de febrero, cuando iba a celebrarse la vista oral de la demanda por despido que había interpuesto contra la dueña del asador de Galapagar (Madrid) donde trabajaba sin contrato. La mujer, de 36 años y sin permiso de residencia, sufrió la amputación de parte de un dedo con una máquina cortadora y fue despedida tras el accidente laboral.