La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) destaca en la última edición de su observatorio que la deuda pública apenas se corrigió en siete décimas del PIB en 2017, por lo que lleva tres años consecutivos incumpliendo la reducción de dos puntos porcentuales establecida en la Ley de Estabilidad Ley de Estabilidadpara los ejercicios en la economía crezca por encima del 2% en términos reales. El PIB español aumentó un 3,1% el año pasado, un 3,3% en 2016 y un 3,4% en 2015.
Basándose en ese ritmo de disminución, la AIReF prevé que hasta 2035 no se alcanzará el objetivo de recortar la deuda hasta el 60% del PIB.
La deuda pública cerró el ejercicio 2017 en 1.144,3 billones de euros, por lo que equivale al 98,3% del PIB, apenas dos décimas por debajo del objetivo que se había fijado el Gobierno. De esa deuda, a la Administración central y la Seguridad Social le corresponden 827.240 millones; a las comunidades autónomas, 288.110 millones y a las corporaciones locales, los restantes 28.950 millones. Es decir, casi tres de cada 10 euros corresponden a ayuntamientos y autonomías. En términos absolutos, tanto la deuda de la Administración central y la Seguridad Social como la de las comunidades han crecido en el último año, pero en relación con el PIB la primera se reduce en una décima porcentual, al igual que la de los ayuntamientos, mientras que sube en la misma proporción el endeudamiento de los entes autonómicos.
Según los pronósticos de la AIReF, las comunidades mejor situadas para conseguir una deuda equivalente al 13% de su PIB son Canarias, Madrid y el País Vasco, que lo deberían alcanzar en un plazo de tres años. Por el contrario, no lo lograrán hasta después de 2040 Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia. Los ayuntamientos se han adelantado y llegaron en 2016 al objetivo previsto en principio para 2020.
Con la crisis, las administraciones públicas dispararon su déficit y su deuda. Las comunidades autónomas han cuadriplicado su endeudamiento desde 2008. La administración central la ha triplicado. Con la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, todas las administraciones debieron ajustarse un corsé rígido que constriñe su capacidad de gasto. Aun así, desde 2015 la deuda autonómica total ha crecido en 24.836 millones de euros, un 9,4%; en relación con el PIB, ha aumentado en cuatro décimas. Pero el panorama es dispar en cada comunidad. La que más ha rebajado su endeudamiento en los dos últimos años, en relación al PIB, es Baleares, con un recorte del 1,1 puntos porcentuales. La que más lo ha aumentado, Extremadura, con un alza del 3,3 puntos. Canarias, Cataluña y País Vasco también han disminuido su deuda, aunque en sólo cuatro, seis y dos décimas de punto, respectivamente.
En volúmenes absolutos, Cataluña se sitúa como la comunidad más endeudada, con 77.740 millones de euros a 31 de diciembre de 2017, según los últimos datos del Banco de España. Le siguen Comunidad Valenciana –46.187 millones–, Andalucía –34.260 millones– y Madrid –32.783 millones de euros–.
La culpa es del déficit
Extremadura no es de las comunidades con mayor deuda, 4.401 millones de euros, pero desde 2015 ha crecido un 23,07%. “Es que somos la comunidad que más déficit tenía”, apunta la vicepresidenta y consejera extremeña de Hacienda, Pilar Blanco-Morales. En 2017 Extremadura terminó con un déficit del 0,88%, dos décimas por encima del objetivo. Pero es que en 2015, presume a continuación Blanco-Morales, alcanzaba el 2,79%: “Lo hemos reducido en 328 millones de euros”. “La deuda está en el lugar que le corresponde”, explica, “claro que queremos bajar deuda, pero seríamos la única comunidad que lo hiciera: Madrid también la ha aumentado y no tiene un problema de déficit”.
Pilar Blanco-Morales atribuye el origen de la deuda con la que debe lidiar ahora a la necesidad de enjugar el déficit heredado de los gobiernos anteriores, así como al déficit comercial –facturas pendientes de proveedores con plazos de pago superiores a la media– y a su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la línea de crédito abierta por el Gobierno en 2012. Además, “en el último año, el aumento de la deuda también ha tenido que ver con el FLA Extra [600,62 millones aprobados por el Gobierno en noviembre de 2017 para cubrir desviaciones del objetivo de déficit de 2016 pendientes de financiar] que nos llegó en enero, en lugar de diciembre, y nos obligó a recurrir a un contrato de confirming [un servicio de gestión de pagos a proveedores] para pagar”.
Para corregir las magnitudes macroeconómicas de la comunidad autónoma, el Gobierno socialista extremeño dice haber hecho “un esfuerzo de consolidación muy grande”, y reestructurado la deuda con las entidades financieras, lo que se ha traducido en un ahorro de 40 millones de euros. El PP le acusa de haber sacrificado las inversiones: de las presupuestadas en 2017, asegura, sólo ha ejecutado el 51,28%. La falta de ese “combustible” frena el crecimiento económico de Extremadura, “uno de los más bajos de España, siete décimas inferior a la media nacional”, critican los populares.
La vicepresidenta lo niega. “No se resienten las inversiones porque tenemos muchos fondos europeos, lo que se han recortado son las inversiones del Estado en Extremadura, y mucho”, replica. Por el contrario, Blanco-Morales sostiene que su Gobierno no ha ahorrado a costa de la sanidad o la educación, sino que ha recuperado “transporte y comedores escolares, centros de urgencias, plantillas docentes y sanitarias…”.
A diferencia de las comunidades más endeudadas, Extremadura no pide la condonación de la deuda. “Las deudas hay que pagarlas. No es razonable perdonárselas a las comunidades infrafinanciadas, porque todas lo hemos estado”, protesta la vicepresidenta, quien sí reclama, en cambio, una restructuración que abarque “tipos de interés y plazos”. Y mientras se concretan los globos sonda lanzados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Gobierno extremeño dice que su compromiso es seguir reduciendo la deuda “en los mismos plazos que el Estado y sin hacer recortes, optimizando el gasto y gestionándolo con políticas de eficiencia”.
Baleares insiste en la condonación
Baleares se encuentra en el extremo opuesto de la cuerda de la deuda. Es la que más la ha recortado en relación al PIB en los últimos tres años, pero su volumen duplica al de Extremadura: 8.802 millones de euros. Su nivel de endeudamiento, además, supera la media nacional. Sin embargo, las islas pueden presumir de que su PIB es el que más ha crecido en el último año de todas las comunidades autónomas, siete décimas por encima de la media.
Así, Baleares prevé reducir su deuda por primera vez este año en términos absolutos –ya lo ha hecho en relación al PIB– y volver a los mercados a financiarse en el último trimestre. En cuanto el ministro Montoro les autorice, pretenden obtener 160 millones de euros por esta vía y empezar a soltarse de los mecanismos de financiación del Estado. “El FLA no se puede perpetuar, por la dependencia del Estado que supone y por los ajustes y la condicionalidad que imponen”, se queja la consejera de Hacienda, Catalina Cladera. “Además, los mercados son la mejor auditoría de tus cuentas”, declara.
El Govern balear es de los que, junto a la Comunidad Valenciana, más han alzado la voz reclamando una condonación de la deuda, basándose en la infrafinanciación que dicen sufrir desde que asumieron las competencias de sanidad y educación. Cladera explica que su petición se apoya en un estudio, enviado a Montoro, en el que cifran en 5.000 millones de euros la insuficiencia de recursos sufrida por Baleares desde 2002. Según resalta la consejera socialistas, las islas son la segunda comunidad que más aporta al sistema de financiación autonómica pero la novena en recibir recursos. También están a la cola en gasto social, añade. Cladera asegura que en los últimos tres años, y pese a los ajustes, el Govern ha aumentado el gasto en políticas sociales en un 20%. Aun así, admite, la partida queda todavía lejos de los niveles precrisis. “Precisamente nos hemos tenido que endeudar más porque nuestro gasto social estaba por debajo de la media nacional”, se queja al tiempo que pide una regla de gasto “más flexible”. La actual es tan “estricta” que, a su juicio, impide trasladar a la sociedad la recuperación de la economía.
Otro tanto ocurre con la disposición de la Ley de Presupuestos que condiciona cómo las administraciones pueden emplear sus superávit. “La Intervención General del Estado debe hacer un informe sobre la gestión de las comunidades, y eso es una injerencia en la autonomía que dificulta el uso del superávit”, protesta Cladera.
Las Palmas a cero, Murcia duplica
Entre los ayuntamientos de mayor población, Las Palmas (379.000 habitantes) es el único que tiene deuda cero. Cierto que su volumen era pequeño, 63 millones de euros en 2015, tras haber alcanzado un máximo de 128 millones en 2013. Su alcalde, Augusto Hidalgo, explica que ha conseguido ser el primer consistorio en eliminar la deuda gracias a tres amortizaciones extraordinarias por importe de 48 millones de euros, sumadas a las periódicas. “Para tener el dinero en los bancos generando intereses, y ya que no podíamos usar el superávit por culpa de la regla de gasto… lo dedicamos a amortizar la deuda”, apunta el regidor, al frente de un gobierno integrado por PSOE, Podemos y Nueva Canarias.
Así que el proceso de desapalancamiento del Ayuntamiento canario ha sido poco traumático. El origen de la deuda no fueron obras “mastodónticas” como en otros municipios, sino operaciones crediticias que se remontan en algunos casos a una o dos décadas. El gobierno municipal tampoco ha necesitado incurrir en recortes del gasto y las inversiones. Hidalgo asegura que ha aumentado ese último capítulo en 40 millones y que tiene 200 obras en marcha en estos momentos.
Además, ha optado por buscar “recursos externos” para financiar proyectos costosos como la nueva línea de transporte o MetroGuagua –una especie de tranvía, aclara– cuya ejecución está presupuestada en 100 millones de euros. Lo financian el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los gobiernos canario y central. “No lo hemos cargado en los hombros de los vecinos”, subraya.
El demonio particular de Augusto Hidalgo, como la de muchos otros gestores municipales, es la regla de gasto, que tacha de “absurda” y de “norma draconiana”. “Tenemos 50 millones de euros de superávit que no podemos gastar”, protesta. La regla fiscal, continúa, debería aplicarse sólo a los ayuntamientos que no pueden pagar sus deudas, no a los que cumplen y “tienen más solvencia que el Estado”. “Montoro está enjugando el déficit del Estado con el superávit de las corporaciones locales para cumplir con la UE aunque es injusto y claramente discriminatorio”, resume, “si nos quitara el corsé y nos permitiera gastar lo que ingresamos, él perdería un punto del objetivo de déficit”.
El Ayuntamiento de Murcia (441.000 habitantes) tampoco está muy contento con el ministro de Hacienda, pero por motivos distintos. Es el consistorio que más ha aumentado su deuda en los últimos tres años, nada menos que un 88,5%. Aunque el gobierno municipal del PP responde que es una deuda “virtual” y contable, no real. A finales de 2016 la Intervención General del Estado obligó al ayuntamiento murciano a computar como deuda los 173 millones de euros del coste y explotación del tranvía. Así, ese capítulo se disparó hasta los 311 millones de euros.
Según el municipio, la deuda pertenece a las empresas con las que ha firmado un acuerdo de colaboración público-privada, Fomento de Construcciones y Contratas y Comsa Corporación. Primero presentó un recurso ante la propia Intervención, que fue rechazado, y después otro contencioso-administrativo en el juzgado, aún pendiente de resolución, indica una portavoz del ayuntamiento.
Mientras deciden los tribunales, en cualquier caso, Murcia se ha visto obligada a elaborar un plan económico financiero y deberá pedir autorización a Hacienda si quiere abrir una nueva operación de endeudamiento. “Pero no sufrimos restricciones ni en liquidaciones, ni en inversiones ni en pago a proveedores”, resalta la portavoz.
La reducción de la gran deuda: Madrid
La herencia económica que recibe Sánchez
Las cifras de Las Palmas y Murcia quedan en juego de niños si se comparan con las del Ayuntamiento de Madrid (3,16 millones de habitantes). Su deuda, 3.424 millones de euros, representa casi la mitad de los 7.548 millones que deben los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes contabilizados por el Banco de España. Pero Madrid también es el consistorio que más ha recortado la deuda, en números absolutos, en los últimos años, un total de 1.343 millones desde 2015. La ha reducido casi un tercio. De hecho, el gobierno municipal de Ahora Madrid ha convertido estos números en uno de sus principales hitos de gestión. “En 2019 la deuda habrá dejado de ser un problema para el ayuntamiento”, avanza el concejal de Economía, Jorge García Castaño. Este año Madrid ya no podrá seguir amortizando deuda a tanto ritmo como hasta ahora “porque gastaría más que manteniéndola”, pero el plan es que termine equivaliendo a entre el 55% y el 60% de los ingresos corrientes, “que ya es un buen indicador”, añade.
Para reducirla, la receta ha consistido en “ahorrar en la medida de lo posible, en alquileres, gastos suntuarios y proyectos megalómanos que ya no se hacen”, enumera el concejal, al tiempo que se acometían “pequeños proyectos para actualizar la ciudad, reparando todo lo que se había deteriorado después de muchos años sin reposición”, así como inversiones de “arquitectura urbana” en los barrios. “No es muy caro y sí muy eficaz socialmente, además de permitirnos una gestión financiera muy solvente”, defiende.
Pese a la regla de gasto, de la que también se queja García Castaño, el consistorio madrileño asegura que el recorte de la deuda no ha impedido aumentar el gasto social hasta en un 40% y duplicar las inversiones. El concejal de Economía desdeña las acusaciones de la oposición de que el saneamiento se haya hecho a costa de hundir los porcentajes de ejecución del presupuesto. “Se trata de un efecto contable”, rebate, “las inversiones financieramente sostenibles [aquéllas que pueden acometer las corporaciones que tengan superávit o remanente de tesorería positivo y que no excedan el límite de deuda] se pueden ejecutar en dos años, pero aparecen como suplementos de crédito el primer año, por lo que siempre va a aparecer como ejecutados sólo una parte en ese ejercicio”.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) destaca en la última edición de su observatorio que la deuda pública apenas se corrigió en siete décimas del PIB en 2017, por lo que lleva tres años consecutivos incumpliendo la reducción de dos puntos porcentuales establecida en la Ley de Estabilidad Ley de Estabilidadpara los ejercicios en la economía crezca por encima del 2% en términos reales. El PIB español aumentó un 3,1% el año pasado, un 3,3% en 2016 y un 3,4% en 2015.