El Gobierno no quiere ni oír hablar de una consulta en Cataluña, pero la va a convocar entre los agricultores de toda España. El ministro Miguel Arias Cañete prepara un anteproyecto de ley en el que las elecciones a las antiguas Cámaras Agrarias devienen en una mera “consulta directa” donde podrán participar no sólo personas físicas, los agricultores y ganaderos afiliados al Régimen Agrario de la Seguridad Social como hasta ahora, sino también quienes declaren una renta procedente de actividades agrarias del 25%, así como sociedades mercantiles y quienes perciban subvenciones europeas superiores a 3.000 euros.
Además, el procedimiento será cuanto menos peculiar: para votar habrá una mesa única por provincia, que se colocará en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y que estará abierta durante 15 días, desde las nueve de la mañana a las nueve de la noche. En ese momento se precintará la urna, que se volverá a abrir de nuevo a la mañana siguiente. “Cada día se levantará acta de constitución e incidencias y al término de cada sesión se precintarán las urnas a la hora de cierre de la mesa”, detalla el último borrador del anteproyecto, que tiene fecha de 16 de julio.
El Ministerio de Agricultura pretende derogar la ley de 2009 que regula la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. A su juicio, “no contenía soluciones realmente operativas para los problemas”, además de impedir “una interlocución eficaz” con el sector. Así que está preparando un “cambio de modelo”, que le proporcione "datos fiables" sobre las organizaciones del sector primario. “No se trata de un proceso electoral, ni es directamente aplicable la normativa electoral”, deja claro el borrador.
Eliminar el sindicalismo agrario
En público, Arias Cañete ha llegado a decir que la ley es “revolucionaria”. Las organizaciones agrarias le acusan de querer eliminar el sindicalismo agrario y hablan directamente de “pucherazo”. Ni la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ni COAG, dos de las tres principales organizaciones agrarias, ven con buenos ojos el nuevo modelo. Asaja no ha querido pronunciarse hasta que el próximo miércoles analice el anteproyecto su comité ejecutivo.
UPA acusa a Agricultura de "desnaturalizar el censo" de electores, asegura que no hay ningún vacío legislativo y que el sistema funciona perfectamente en las diferentes comunidades autónomas: “Todas mantienen una interlocución estable con las organizaciones agrarias, consideradas más representativas según procesos electorales previos o de facto, como se considera a la CEOE o a Cepyme”, explica el sindicato en sus alegaciones al anteproyecto.
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ve incluso un “fraude de ley” en la voluntad declarada del ministro de “sortear la norma electoral”. “Si el proceso tiene consecuencias electorales, si va a servir para medir la representatividad y para repartir dinero público y el patrimonio sindical agrario, no puede ser una consulta que, en realidad, parece una encuesta”, protesta.
Según consta en el anteproyecto, para ser organización profesional agraria más representativa hace falta reunir el 15% de los votos en toda España, además del 5% de los sufragios en tres comunidades autónomas. En la ley de 2009 también era necesario el 15% de las papeletas, pero sólo en nueve comunidades autónomas, o bien que la organización fuera reconocida como representativa en 10 de ellas “por otros medios”.
El censo se duplicará
Agricultura quiere crear un nuevo censo, en el que, a los aproximadamente 300.000 afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que conforman el listado actual, se añadirán quienes perciban subvenciones de la Unión Europea por importe superior a 3.000 euros. En España las cobraba en 2012 un total de 852.379 personas físicas. El montante de las ayudas comunitarias alcanzó ese año los 3.957 millones de euros, una cifra que suma 1.000 millones más si se les agregan las personas jurídicas receptoras.
Estas subvenciones se conceden según la productividad de las explotaciones; es decir, explican las organizaciones agrarias, puede entrar en el censo quien posea sólo una hectárea de tabaco, pero quedar fuera el propietario de 40 o 50 hectáreas de cereal de secano. Además, para recibirlas no es necesario ser un profesional agrario. Según COAG, los perceptores de ayudas superiores a 3.000 euros pueden ser otras 200.000 personas.
Además, engordarán el censo las sociedades mercantiles cuyo objeto único y exclusivo sea la actividad agraria –lo que deja fuera a las cooperativas y sociedades agrarias de transformación, por ejemplo–, siempre que facturen un mínimo de 10.000 euros al año. COAG calcula que en ese caso estarán entre 40.000 y 50.000 sociedades. En total, pues, el número de electores prácticamente se duplicará.
Consultivo y bianual
La consulta servirá para elegir representantes en el Consejo Agrario, que sustituirá al actual Comité Asesor Agrario pero tendrá las mismas funciones, únicamente consultivas: informar sobre los proyectos de ley del ministerio, las medidas de la Política Agraria Común (PAC) y la evolución de la situación social y económica del sector. También podrá hacer “sugerencias” sobre fiscalidad de las explotaciones, seguros, legislación laboral, Seguridad Social… y proponer políticas “que contribuyan a mejorar las condiciones socioeconómicas de los profesionales agrarios”.
El problema, se quejan las organizaciones sindicales, es que se reunirá sólo dos veces al año. Sus 10 consejeros tendrán un mandato quinquenal, que podrá prorrogarse “automáticamente” si no se convoca una nueva consulta en el tiempo previsto.
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Más consultas
Los sindicatos dicen que se han celebrado elecciones en el campo en 11 comunidades autónomas. Agricultura precisa que sólo en Castilla y León y Cataluña se convocan de forma regular, además del País Vasco, que tiene su propio sistema. Hay otras ocho en las que no se han abierto las urnas desde 2002 y cinco más que nunca han votado.
En cualquier caso, no va a ser ésta la única votación en el campo español si sale adelante la iniciativa de Arias Cañete, que ya pasó por el Consejo de Ministros en primera lectura el pasado julio y volverá en octubre para su aprobación definitiva. En una disposición adicional, el ministro se compromete a elaborar un estudio sobre "la necesidad y conveniencia" de convocar otra consulta para determinar la representatividad de las mujeres rurales.
El Gobierno no quiere ni oír hablar de una consulta en Cataluña, pero la va a convocar entre los agricultores de toda España. El ministro Miguel Arias Cañete prepara un anteproyecto de ley en el que las elecciones a las antiguas Cámaras Agrarias devienen en una mera “consulta directa” donde podrán participar no sólo personas físicas, los agricultores y ganaderos afiliados al Régimen Agrario de la Seguridad Social como hasta ahora, sino también quienes declaren una renta procedente de actividades agrarias del 25%, así como sociedades mercantiles y quienes perciban subvenciones europeas superiores a 3.000 euros.