La Audiencia Nacional ha anulado también la convocatoria de subvenciones de 2014 para que los menores de 30 años mejoren su empleabilidad y cualificación profesional, una partida de 41,33 millones de euros. Es la segunda convocatoria de subvenciones de formación para el empleo que este tribunal ha anulado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en los últimos meses. Confemetal y las patronales de la Hostelería (FEHR) y la Asistencia a la Dependencia (FED), han recurrido tres resoluciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, hasta el momento, la Audiencia Nacional les ha dado la razón en dos. Además de esta última sentencia, del pasado 19 de octubre, el tribunal anuló el pasado julio la convocatoria de ayudas para cursos de formación de ocupados correspondiente a 2014, que repartió 139 millones de euros. Las organizaciones empresariales y los sindicatos UGT y CCOO también han recurrido la convocatoria de 2016, que distribuye 250 millones más, pero aún esperan la sentencia.
La Audiencia Nacional repite con los cursos para menores de 30 años los argumentos por los que declaró nula la convocatoria de 2014 para ocupados. El SEPE no sometió su propuesta de distribución del presupuesto a la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, donde además de las administraciones públicas se sientan las organizaciones empresariales y los sindicatos. Ese órgano debería haber emitido un informe que los jueces consideran preceptivo y vinculante. La sentencia reprocha al SEPE que “confunda” el hecho de haber “consultado” a los agentes sociales con el de emitir un informe obligatorio. Y ordena al organismo, dependiente del Ministerio de Empleo, que subsane el error solicitando dicho documento.
Los tres recursos judiciales forman parte de la batalla que libran la patronal y los sindicatos con el departamento que dirige Fátima Báñez a cuenta de la reforma de la formación para el empleo. El ministerio ha excluido a los agentes sociales del control y la gestión del sistema. Y exigen que se les devuelva su papel. Empleo, por su parte, repite que sindicatos y patronal no pueden ser “juez y parte” en la concesión de subvenciones y que su exclusión es una decisión del Gobierno que no va a cambiar.
La tensión se traslada al Consejo General del Sistema
Así, el ministerio está estudiando cómo subsanar el error tras las sentencias, pero se niega devolver a los agentes sociales el control y gestión de las ayudas. Ha convocado para este próximo jueves el pleno del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, un órgano consultivo donde participan el ministerio, las comunidades autónomas, la patronal y los sindicatos. En ese foro pretende informar sobre cómo va a resucitar las convocatorias de subvenciones fulminadas por la Audiencia Nacional. “El trabajo está avanzado”, aseguran fuentes del ministerio.
Pero, en principio, la cita no será pacífica. Según las fuentes consultadas por infoLibre, sindicatos y patronal tienen previsto presentar un escrito en el que piden que se suspenda la reunión. Creen que el Consejo General no es el órgano competente, sino la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, precisamente el órgano de participación que ha quedado en el limbo tras ser apartados los sindicatos y la patronal del control del sistema.
Mientras dilucida cómo cumplir la sentencia de la Audiencia Nacional, el SEPE ha bloqueado el pago del último plazo de las subvenciones comprometidas, unos 35 millones de euros de un total de 139 millones presupuestados para 2014. Estas ayudas se pagan en tres plazos: en el primero el SEPE anticipa el 50% de la ayuda concedida; en el segundo, abona el 25% a las empresas de formación que certifiquen que han impartido al menos el 50% del plan; y en el tercero, el 25% restante. Es este último ingreso el que ha quedado pendiente. Los perjudicados son las empresas de formación que imparten los cursos y los docentes, que acumulaban ya antes de esta paralización meses de retrasos e impagos de honorarios.
Parte del cuestionado Sistema de Garantía Juvenil
En el caso de las subvenciones para menores de 30 años, el 50% es financiado por el Fondo Social Europeo a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil. Así, la mitad de sus destinatarios podrían ser jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, una iniciativa que, en teoría, debe garantizar a los menores de 30 años el acceso a un empleo, unas prácticas o un curso de formación en el plazo máximo de cuatro meses.
Sin embargo, únicamente el 10,7% de los ninis españoles se han beneficiado de este sistema, sólo por delante de los jóvenes sin estudios ni trabajo de Hungría, Malta e Italia, según la última evaluación realizada por la Comisión Europea. Frente al 80% de los franceses o el 60% de los alemanes. Y ello pese a que el porcentaje de ninis en estos dos países es 10 puntos inferior al de España, por otra parte también el Estado miembro de la UE al que más fondos se han concedido, 1.887 millones de euros. Ni siquiera aumentar hasta los 30 años la edad de los potenciales beneficiarios –en principio el sistema estaba destinado sólo a los jóvenes de 15 a 24 años– ha conseguido impulsar la iniciativa.
Según el Ministerio de Empleo, el pasado agosto eran 314.856 los jóvenes inscritos en el sistema, de los 1,16 millones de parados menores de 30 años que hay en España según la última Encuesta de Población Activa (EPA). De los que recibieron una oferta de empleo, sólo el 37,7% seguían trabajando seis meses después: el puesto les había durado muy poco.
Buena prueba del fracaso de la Garantía Juvenil es que la Comisión Europea ha pedido a España el reembolso temporal de la prefinanciación que le había concedido, un 30% de los fondos, porque no pudo justificar a tiempo, antes del 23 de mayo pasado, un 50% de solicitudes de pago. Tampoco contaba para entonces, como le exigía Bruselas, con un sistema de gestión y control sólido aprobado por la autoridad nacional de auditoría. Así se lo explicaba la Comisión Europea a tres eurodiputados socialistas en la respuesta a una pregunta parlamentaria el pasado 15 de septiembre.
El 38,2% de los jóvenes españoles se encuentran por debajo del umbral de la pobreza
20.000 jóvenes beneficiados
En el caso de la convocatoria de ayudas para formar jóvenes anulada ahora, se presentaron 362 proyectos, de los que sólo fueron aprobados 65. Fueron subvencionados con 36,27 millones de euros y han beneficiado a un total de 20.150 menores de 30 años.
Se trata de cursos para desempleados con compromiso de contratación para al menos el 30% de los participantes –contratos de un mínimo de seis meses a tiempo completo o de 12 meses a media jornada–, cursos presenciales para obtener certificados de profesionalidad tanto para jóvenes ocupados como parados, y cursos de inglés y de tecnologías de la información y la comunicación. Todos ellos enfocados especialmente a menores de 30 años con baja cualificación.
La Audiencia Nacional ha anulado también la convocatoria de subvenciones de 2014 para que los menores de 30 años mejoren su empleabilidad y cualificación profesional, una partida de 41,33 millones de euros. Es la segunda convocatoria de subvenciones de formación para el empleo que este tribunal ha anulado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en los últimos meses. Confemetal y las patronales de la Hostelería (FEHR) y la Asistencia a la Dependencia (FED), han recurrido tres resoluciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, hasta el momento, la Audiencia Nacional les ha dado la razón en dos. Además de esta última sentencia, del pasado 19 de octubre, el tribunal anuló el pasado julio la convocatoria de ayudas para cursos de formación de ocupados correspondiente a 2014, que repartió 139 millones de euros. Las organizaciones empresariales y los sindicatos UGT y CCOO también han recurrido la convocatoria de 2016, que distribuye 250 millones más, pero aún esperan la sentencia.