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La Audiencia Provincial de Madrid tiene que pronunciarse sobre la querella que la sección sindical de CGT presentó contra el grupo Konectael grupo Konecta por poner en peligro la salud de sus trabajadores en marzo de 2020, nada más decretarse el estado de alarma. El sindicato, que ha recurrido ante la Audiencia después de que el juzgado de instrucción dictaminase que no era una causa penal, acusa a la empresa de un delito de omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo por imprudencia grave.
Según explica la CGT en su querella, Konecta BTO, que presta servicios de telemarketing a otras empreas, se negó a paralizar la actividad y a desalojar a los trabajadores de sus tres centros en Madrid, pese a los requerimientos que habían hecho tanto la Inspección de Trabajo como el Gobierno regional. El 16 de marzo el comité de empresa aprobó, con los votos a favor de CGT, USO y Solidaridad Obrera y en contra de UGT, CCOO y Fasga, requerir a Konecta que cerrara los tres centros de trabajo, habida cuenta de que ya se habían constatado 23 contagiados sólo en las instalaciones de Alcobendas y de que ni se respetaba la distancia de dos metros entre puestos de trabajo, ni se facilitaba gel hidroalcohólico, ni se limpiaban ni se desinfectaban los micrófonos, auriculares, ordenadores, sillas y mesas, que eran de uso compartido.
Curiosamente, Konecta BTO fue la adjudicataria, con carácter de urgencia, de los servicios de atención telefónica sobre el covid-19 de la Comunidad de Madrid, que se atendió desde los centros de trabajo del grupo en Sevilla. Se le concedieron dos contratos, por un total de 1,23 millones de euros en mayo de 2020, para atender el desbordamiento de llamadas por la pandemia en un periodo de una semana el primero y 18 días el segundo.
La Inspección de Trabajo pidió a la empresa y al comité que acreditaran el cumplimiento de las normas de higiene pero, como no se aplicaron, la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid decidió el día 18 “mantener la paralización de las actividades […] acordada de forma unánime por los representantes legales de los trabajadores, en tanto no se adopten las medidas preventivas referidas en el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid incorporado al expediente y en el requerimiento remitido por ese organismo a la empresa”. A petición de los sindicatos, la policía acudió a los tres centros, que continuaban abiertos el día 19.
Según las cifras que proporciona CGT en su querella, las bajas por covid-19 en Konecta BTO ascendieron a 575 de una plantilla de 3.723 en la Comunidad de Madrid. En toda España, las bajas por coronavirus se elevaron a 1.483, a 18 de mayo de 2020, de una plantilla de 15.577 personas. Fuentes de Konecta no confirman esas cifras y aseguran que las de la empresa, en todo caso, se situaron “muy por debajo de la media del país”. “Konecta cumplió con todas las medidas de prevención en unos momentos que fueron muy complicados y en los que todos estábamos muy desbordados”, explican a infoLibre. También indica que la mayoría de los contagios “venían de fuera del trabajo”.
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Teletrabajo
Fuentes de CCOO atribuyen el “caos” de los primeros días de pandemia a la “inexperiencia” de todas las empresas en una situación tan imprevista y desconocida. Para CGT, tras la reticencia de la empresa a paralizar o a enviar a su personal a trabajar desde los domicilios se encuentra la negativa de algunos de los clientes a Konecta al teletrabajo. En esos primeros días, a los empleados del grupo que optaban por trabajar desde casa se les comunicaba que su ausencia sería considerada “justificada” pero “no remunerada”, indica el sindicato.Las fuentes de Konecta, por el contrario, subrayan que la empresa puso en marcha “el trabajo en remoto con mucho éxito”. En estos momentos, añaden, aún se encuentran teletrabajando entre 45.000 y 50.000 de sus empleados en todo el mundo.
El dueño del 49,9% de las acciones de Konecta desde 2019 es el fondo británico IGV, también propietario de la cadena de residencias de ancianos Domus Vi donde murieron 1.800 ancianos durante la primera ola de la pandemia. Domus Vi gestiona 139 centros de mayores, que cuentan con 18.500 plazas. Como ha desvelado infoLibre, el fondo ICG ha creado una trama societaria de más de 20 compañías en cuatro países para mover el dinero desde cualquiera de las residencias de España hasta la sociedad dominante del grupo en la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco.
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