España entra en el sexto año de la crisis no sólo con el récord de paro ya habitual en las estadísticas sino también con otros fenómenos adicionales, y más silenciosos, producto de la cronificación de la crisis. Según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, desde 2010 el número de parados que no cobran ningún tipo de prestación ha aumentado en casi un millón. En diciembre de 2013 casi dos millones de personas –de los 4,8 millones de desempleados registrados en el Inem– carecían de protección.
En 2010 fue cuando se alcanzó la máxima tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo: el 78,4% de los parados percibía alguna. Entonces, con cuatro millones de parados, un millón no cobraba ninguna ayuda pública. El pasado diciembre, con 700.000 desempleados más, la tasa de cobertura era sólo del 61,4%, 17 puntos menos. Y el número de parados desasistidos –1,95 millones– casi se ha duplicado.
Las cifras son aún peores si se atiende a las cuentas de la Encuesta de Población Activa (EPA). Según los cálculos de la Fundación Primero de Mayo de CCOO a partir de la EPA, la tasa de protección de las prestaciones por desempleo es sólo del 33,1%. Es decir, 3,93 millones de personas no cobran ninguna prestación por desempleo, 77.069 más que hace un año. Hay que recordar que la EPA contabiliza 5,98 millones de parados, un millón más de lo que registra el Inem.
Peor para las mujeres con más de un año en el paro
Si se baja al detalle, además, la fotografía de la desprotección es clara: las mujeres tienen una tasa de cobertura ocho puntos inferior a los hombres. Y si la mujer es también parada de larga duración, cuenta con un 77% más de probabilidades de no cobrar prestación alguna. Pero los más desasistidos son los menores de 30 años: sólo el 13,5% ingresa una ayuda pública por desempleo –son los que más problemas tienen para encontrar trabajo y para conservarlo, por tanto también para cotizar y generar derecho a la prestación–. Por el contrario, los mayores de 45 años disfrutan de la mayor tasa de cobertura: hasta el 58% en el caso de los hombres, pero sólo el 38% en el de las mujeres.
Curiosamente, también varía la tasa de protección según las comunidades autónomas. La mayor cobertura por desempleo la tiene La Rioja, con un 37,6%, ocho puntos más que Asturias, con sólo el 29,4%.
Las razones detrás de esa caída continuada de la protección se encuentran en la inusitada duración de la crisis. El mercado laboral no despega y la bolsa de parados de larga duración –aquéllos que llevan más de un año sin encontrar trabajo– no hace más que engordar. Según la EPA, en el cuarto trimestre de 2013 un total de 3,58 millones de personas llevaban más de un año buscando trabajo. En 2010 eran 2,15 millones: han aumentado un 66,5% en tres años. Es el círculo vicioso del desempleo: cuanto más tiempo pasan inactivos, más complicado les resulta volver al mercado.
Más subsidios, menos prestaciones contributivas
Además, el tiempo corre en su contra en el cobro de la prestación. La cuantía de las contributivas, las que se perciben según el tiempo trabajado, se reduce del 70% al 50% de la base reguladora a partir del sexto mes de paro. Hasta el mes de julio de 2012, cuando la cambió el Gobierno del PP, la rebaja se quedaba en el 60%. Después, si el desempleado agota la prestación contributiva sin haber encontrado antes trabajo, pasa a cobrar el subsidio, de sólo 426 euros. La misma cuantía tiene la Renta Activa de Inserción o las ayudas del Plan Prepara, que se cobran una vez consumidas el resto de las prestaciones.
De manera que, conforme se prolonga la crisis, crecen los parados que cobran subsidios y se reducen los que perciben la prestación contributiva. Los primeros son ya el 53,24% de los parados, un 6% más que hace un año, de acuerdo con las estadísticas del SEPE. Los segundos han caído un 13%. En otras palabras, no sólo hay menos parados con protección, sino que además la calidad de ésta es cada vez menor. Y no sólo porque la cuantía del subsidio sea inferior al de la prestación contributiva. También ésta no deja de menguar. La cuantía media por beneficiario de prestación contributiva es ahora de 829,8 euros al mes, un 4% menos que hace un año. En diciembre de 2011 ascendía a 864,7 euros.
Por tanto, también se ha reducido el gasto del Inem en prestaciones. El pasado diciembre desembolsó 2,29 millones de euros, un 13,2% menos que un año antes. De esa cantidad, 1,59 millones correspondieron a las contributivas, cuyo importe ha caído un 16,4%, tres puntos más que el conjunto de las prestaciones.
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Cambios legales para recortar el gasto en desempleo
Pero el descenso del gasto no se debe sólo al movimiento natural del desempleo. También han contribuido las medidas del Gobierno. Además de la reducción de la cuantía de las contributivas citado más arriba, el Ejecutivo endureció en agosto de 2012 las condiciones para participar en el Plan Prepara –426 euros al mes a cambio de programas de recualificación profesional– al incluir a los padres en el cálculo de la renta familiar. Y en marzo de 2013 extendió esa condición también a quienes pretendían cobrar el subsidio para mayores de 55 años. En julio de 2012 el Gobierno ya había retrasado a esa edad un subsidio al que hasta ese momento se podía acceder con 52.
El resultado de esos cambios normativos y de la perversa dinámica de la crisis ha dado como resultado una reducción del gasto total en prestaciones de 1.850 millones de euros respecto a 2012, un 5,8%. En 2013 el Estado ha desembolsado 29.835 millones de euros para pagar a los parados. Para este año, el presupuesto es de 29.727 millones; es decir, el Gobierno prevé gastar aún menos en esa partida. Una mala noticia para los 686.600 hogares en los que no entra ningún ingreso, según los datos de la EPA. Cáritas cifra en tres millones el número de personas que viven en España con menos de 307 euros al mes.
España entra en el sexto año de la crisis no sólo con el récord de paro ya habitual en las estadísticas sino también con otros fenómenos adicionales, y más silenciosos, producto de la cronificación de la crisis. Según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, desde 2010 el número de parados que no cobran ningún tipo de prestación ha aumentado en casi un millón. En diciembre de 2013 casi dos millones de personas –de los 4,8 millones de desempleados registrados en el Inem– carecían de protección.