La Fiscalía Anticorrupción va camino de hacer un máster en funcionamiento del sistema eléctrico. La Plataforma Ciudadana por un Nuevo Modelo Energético va a presentar una nueva denuncia por los 3.400 millones que, según asegura, cobraron de más las compañías eléctricas entre los años 1997 y 2006.
Según el escrito, el exceso de cobros en concepto de costes de transición a la competencia (CTC) fue advertido, pero el Ministerio de Industria de la época no movió un dedo para recuperar el dinero.
No lo hizo a pesar de que la Abogacía del Estado advirtió el exceso en el año 2008 y en 2010, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) –informe 29/2010– lo señalaba como una de las medidas imprescindibles para acabar con el déficit de tarifa (la diferencia entre los costes que se reconocen a las empresas por producir y los ingresos por tarifas).
Liquidación pendiente
El escrito destinado a la Fiscalía detalla que en un artículo del diario Cinco Días de julio de 2008, ya se explicaba cómo la Abogacía del Estado sostenía que "es necesario señalar que está pendiente la liquidación de los CTC a la fecha de su cancelación, el 30 de junio de 2006".
La Plataforma recoge el reparto del exceso que manejaba el abogado del Estado: Endesa, 1.562 millones; Viesgo, 432 millones; Cantábrico, 155 millones; Fenosa, 276 millones e Iberdrola, 1.159 millones.
Para que el fiscal no se pierda en el caso, quizá recordando el dicho de que "si entiendes cómo funciona el sistema eléctrico es que no te lo han explicado bien", la Plataforma relata en qué consistieron los CTC, que se dieron en llamar "el billón (de pesetas) de las eléctricas".
La denuncia relata: "La Ley 54/97 permitió a determinadas empresas energéticas incorporar un sobreprecio por su energía de casi dos billones de pesetas entre 1997 y 2006, por lo que les suponía el cambio de normativa energética". "En ese periodo", prosigue, "finalmente cobraron 3.400 millones de euros de más".
Una advertencia
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"La Abogacía del Estado y la CNE", continúa la denuncia, "advirtieron al Ejecutivo de que esa cantidad podría prescribir si transcurrían cuatro años desde que se tuviese que realizar la oportuna liquidación". "La Administración", concluye, "no hizo nada por recuperar para el erario público las cantidades a liquidar a las empresas".
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PNME) ya presentó este mismo mes en la Fiscalía Anticorrupción 91.420 firmas (51.000 de ellas con DNI) en apoyo de un escrito de denuncia para que investigue la incorporación de expolíticos a los consejos de administración de las grandes compañíasincorporación de expolíticos a los consejos eléctricas, por si hubieran cometido "hechos que pudieran ser constituivos de delito de prevaricación por desviación de poder y/o de tráfico de influencias".
Las 91.420 firmas fueron recogidos en 40 horas, según detalló a la entrada de la Fiscalía la coordinadora de la Plataforma, Cote Romero. La recogida de firmas, a través de la plataforma Avaaz.org, continuará abierta en los próximos días. La intención, según Jorge Morales, miembro de PNME, es "lograr que la Fiscalía abra una investigación formal" sobre las contratacione sde políticos por las grandes compañías energéticas.
La Fiscalía Anticorrupción va camino de hacer un máster en funcionamiento del sistema eléctrico. La Plataforma Ciudadana por un Nuevo Modelo Energético va a presentar una nueva denuncia por los 3.400 millones que, según asegura, cobraron de más las compañías eléctricas entre los años 1997 y 2006.