Los impuestos, necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos, tienen que ser justos y proporcionales. En el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que liquidan y recaudan los ayuntamientos, la justicia y proporcionalidad están en cuestión. La Asociación de Asesores y Gestores Tributarios (Asefiget) ha denunciado que los municipios utilizan parámetros incorrectosAsociación de Asesores y Gestores Tributarios al aplicar el impuesto con el fin de recaudar más, sobre todo al gravar las plusvalías generadas en la transmisión de terrenos.
La acusación es fuerte. El IBI ha registrado importantes subidas en los útlimos años, coincidiendo con la crisis, el estancamiento de la actividad económica y el hundimiento del sector inmobiliario. Según denuncia la asociación de asesores, los municipios van aumentando año tras año el valor de los terrenos sobre los que se asientan las construcciones o las viviendas. El resultado: el pedazo de terreno que le corresponde según catastro al propietario de un inmueble acaba por tener un valor "de oro", superior a la construcción que soporta.
Como un chalé, pero en altura
El presidente de Asefiget, Adolfo Jiménez, explica que esa circunstancia "tiene sentido para un chalé, por ejemplo, pero no para un edificio de cinco alturas, donde vale teóricamente más el terreno que le corresponde teóricamente a la construcción que la construcción en sí".
Para Jiménez, esa revalorización (Procedimientos de Valoración Colectiva de Carácter General) tiene impacto en el Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (impuesto de plusvalías), que aplican los municipios en caso de transmisión, donación, venta o herencia de terrenos.
Los asesores fiscales sostienen que ese impuesto, en lugar de contemplar la diferencia entre el valor al que se compró la propiedad y el valor actual, proyecta el valor a futuro "hasta el límite de los 20 años", explica Jiménez. "El cálculo tendría que ser al revés del que se aplica ahora mismo, que es de dudosa constitucionalidad".
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aseguró a infoLIbre que no tiene opinión fijada sobre las acusaciones de los asesores fiscales.
Sentencia
Una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca, (S 21-9-2010, nº 366/2010, rec. 37/2010), ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha da la razón a un contribuyente en la línea que defiende Asefiget. El juez, Juan Alberto Prieto, al examinar la reclamación del contribuyente (sobre impuestos pagados en 2005), le da la razón.
"De aplicar la fórmula del Ayuntamiento, lo que se estaría calculando" señala la sentencia "sería el incremento de valor del suelo en años sucesivos y no en años pasados, al aplicar el incremento sobre el valor final, el de devengo, y desde esta perspectiva, por tanto, aplicando dicha fórmula, a su resultado habrá que estar declarando nula la liquidación complementaria practicada y, por tanto, la resolución impugnada".
Asigef asegura que la sentencia pone en cuestión impuestos cobrados por los ayuntamientos en los últimos cuatro años por hasta 13.000 millones de euros, un tercio aproximadamente de la deuda acumulada por los ayuntamientos a finales de 2012 (35.290 millones de euros).
La denuncia de los asesores fiscales se produce en plena campaña de cobro del IBI, un impuesto que el Gobierno del PP autorizó a subir teóricamente para dos años (2012 y 2013), pero que se mantendrá en 2014). La subida autorizada fue de hasta el 10%, dependiendo del tipo de vivienda.
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La base también aumenta
Además, a la subida del impuesto aprobado por el Ejecutivo se sumó el aumento de la base sobre la que se aplica el impuesto al actualizarse los valores catastrales. En el caso de Madrid, se ha anunciado un incremento de la tarifa en un 6,5% para 2014; más un 5,8% por el incremento de la base catastral tras la revisión realizada en 2011, más un 4% por el incremento estatal.
En 2012, de acuerdo con los datos de Hacienda, se emitieron 36,4 millones de recibos por IBI de propiedades urbanasdatos de Hacienda, y 6,9 millones por propiedades rústicas. La recaudación fue de 11.200 y 274 millone srespectivamente.
Los impuestos, necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos, tienen que ser justos y proporcionales. En el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que liquidan y recaudan los ayuntamientos, la justicia y proporcionalidad están en cuestión. La Asociación de Asesores y Gestores Tributarios (Asefiget) ha denunciado que los municipios utilizan parámetros incorrectosAsociación de Asesores y Gestores Tributarios al aplicar el impuesto con el fin de recaudar más, sobre todo al gravar las plusvalías generadas en la transmisión de terrenos.