No es excepcional. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha elaborado su Informe sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gastos del ejercicio 2023, al que se puede acceder en su página web. Resultan reseñable los gastos muy desiguales entre las distintas administraciones el pasado ejercicio. En el caso de la central, han sido "inferiores en un 2,6% a los registrados en el año anterior”, después de haberse deducido los derivados de las ayudas concedidas por el Estado a las entidades financieras, "que se han elevado a 779 millones de euros”, se precisa en el documento. Sin embargo, el gasto achacable al subsector de las comunidades autónomas “es superior en 15.757 millones de euros” al de 2022, “lo que implica una tasa de variación del 8,7% con relación al año anterior”. Y, por último, el conjunto de las corporaciones locales también ha cosechado un indicador al alza, al haber registrado “un aumento del 7,5%".
Si se centra el foco en las regiones, destaca que, mientras la tasa de variación del gasto computable no supera el 5% en casos como los de Castilla la Mancha, con un 3,2; Cantabria, con el 4,2; el País Vasco, al que se atribuye un 4,6; o Asturias, que se queda en el 5; en los de Andalucía y Madrid, la marca supera los dos dígitos, con un 13,4 y un 12, respectivamente.
“Entre las dos pierden aproximadamente 1.000 millones”, anota, a la luz de los datos del análisis, el catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Diego Martínez López, a quien esa subida “del gasto a efectos de la regla de gasto” en esos dos territorios le resulta “muy llamativa”. La vincula “con las rebajas de impuestos, en parte, porque al calcular la regla de gasto, si bajas los impuestos se reduce la recaudación sí o sí, y eso lo tiene en cuenta el ministerio y la AIReF –Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal– a la hora de calcular cuánto puede crecer el gasto”, explica.
“Como ambas han bajado impuestos, la comunidad de Madrid entre 600 y 700 millones y Andalucía más de 300, eso significa que pueden gastar menos. Su recaudación en 2023 se ha resentido" al detalle "en 960 millones”, asevera Martínez López a la luz de la información difundida por Hacienda.
“Al rebajar impuestos, se reduce la recaudación y la regla de gasto se ajusta de manera simétrica para que el Gobierno que baja los impuestos pueda gastar menos, es decir, se penaliza más el incremento de gasto, que es lo que en parte ha ocurrido en estas comunidades”, incide. Tanto el Gobierno madrileño como el andaluz han rebajado gravámenes como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el de Sucesiones o el de transmisiones patrimoniales, junto a otros como el de Patrimonio, que luego han recuperado en parte.
El apartado 4 del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan esas caídas en lo atesorado, deberá mermar en la cuantía equivalente. Y al revés, si conllevan aumentos permanentes.
El investigador de Fedea mantiene que, “en apariencia, parece que las bajadas de impuestos sólo afectan a la recaudación, pero no, además reducen la capacidad de gasto que tienen los gobiernos que llevan a cabo esas rebajas fiscales”. Punto en el que hace una advertencia: “Eso va a seguir ocurriendo con las nuevas normas o reglas fiscales europeas. Siempre que se produzca una rebaja fiscal, Europa va a acotar la capacidad de gasto que tienen esos gobiernos” para emplear fondos “por encima o por debajo de la tasa de referencia, de la regla de gasto que se les fije”.
“Es como un doble pago que hay que realizar por el abono de impuestos”, señala. Esto habrá que encajarlo con cuestiones como que el Partido Popular de Madrid aún tiene pendiente rebajar el IRPF medio punto adicional, según prometió la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en su programa electoral. Si bien es cierto que ella misma ya ha reconocido que sus “márgenes” para continuar con la poda de tasas “se van complicando”. El presidente andaluz, Juanma Moreno, de su lado, eliminó el canon del agua, por ejemplo, y lo ha vuelto a activar.
A Martínez López le llama la atención, además, el hecho de que “haya comunidades con gastos creciendo a tasas de dos dígitos, en años de expansión económica” como fue 2023 en España. “Que esto suceda en un año de recesión tiene todo el sentido, pero en época expansiva es todo lo contrario a lo que indica la teoría económica”, señala. Y remata: “Las comunidades están inmersas en una preocupante dinámica de gasto, especialmente algunas, y a pesar de haber bajado los impuestos y de contar con menos recursos", concluye.
Déficit y deuda territorialmente dispares también
Por lo que respecta a los otros dos elementos analizados en el informe, la estabilidad presupuestaria y la deuda, sus comportamientos son igualmente diferentes por administraciones. En relación a la primera, Hacienda constata que el déficit en términos de contabilidad nacional endosable al Estado ha alcanzado los 30.431 millones en 2023, lo que equivale al 2,08% del Producto Interior Bruto (PIB). Pero, “una vez eliminado el impacto neto" de las ayudas otorgadas a las entidades de crédito, 233 millones, la cifra se coloca “en 30.664 millones de euros, el 2,10% del PIB”, se asevera.
La cuantía enlazada a las comunidades es de 13.254 millones, aunque se puntualiza que el déficit "a efectos de la verificación del seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria" es de 13.248 millones, el 0,91% del PIB y la diferencia de seis millones se atribuye a gastos de Murcia ligados al terremoto de Lorca, que se consideran excepcionales al escapar el seísmo al control de la comunidad. Una sacudida que tuvo lugar en mayo de 2011, hace 13 años. De hecho, las peor posicionadas en porcentaje del PIB son la propia Murcia y Valencia.
De su lado, a las entidades locales se asocia un déficit de 1.263 millones, el 0,09% del Producto Interior Bruto y al conjunto del subsector de Fondos de Seguridad Social de 8.211 millones, el equivalente al 0,56% del PIB.
Para finalizar, el Estado y los Fondos de Seguridad Social han acumulado una deuda conjunta en porcentaje del PIB del 83,8% el pasado año y las corporaciones locales del 1,6%. Para las autonomías, la referencia de deuda pública se ha estimado en 327.564 millones, que representan el 22,4% del PIB nacional a precios de mercado. Todas las comunidades, salvo Castilla-La Mancha, tuvieron "una ratio deuda sobre PIB a cierre de 2023 igual o inferior" a las previstas para cada una de ellas, según consta en el informe diseccionado.
No es excepcional. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha elaborado su Informe sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gastos del ejercicio 2023, al que se puede acceder en su página web. Resultan reseñable los gastos muy desiguales entre las distintas administraciones el pasado ejercicio. En el caso de la central, han sido "inferiores en un 2,6% a los registrados en el año anterior”, después de haberse deducido los derivados de las ayudas concedidas por el Estado a las entidades financieras, "que se han elevado a 779 millones de euros”, se precisa en el documento. Sin embargo, el gasto achacable al subsector de las comunidades autónomas “es superior en 15.757 millones de euros” al de 2022, “lo que implica una tasa de variación del 8,7% con relación al año anterior”. Y, por último, el conjunto de las corporaciones locales también ha cosechado un indicador al alza, al haber registrado “un aumento del 7,5%".