Los nuevos acuerdos exprés que han gravitado en torno a la aprobación de los primeros decretos del Gobierno de Pedro Sánchez han devuelto a la actualidad un par de palabras en las que a menudo muchos han visto lo que querían ver: balanzas fiscales. ¿Qué son? Un instrumento de información económica que imputa territorialmente los ingresos y gastos del sector público en un periodo de tiempo y calcula el saldo fiscal resultante en cada zona. La profesora de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ana Herrero, desembrolla la definición: “Las balanzas fiscales pretenden medir cuánto dinero aporta al Presupuesto General del Estado cada territorio a través de impuestos u otro tipo de ingresos públicos como pueden ser los peajes, o la venta de patrimonio etcétera, y cuánto dinero llega a cada territorio” de las cuentas del Ejecutivo estatal. “Se mezcla con la financiación autonómica y son cosas distintas”, avisa, “hablamos de la actividad financiera del Gobierno central, de en qué medida cada territorio contribuye a sostener el presupuesto y se beneficia de éste. Simplificando muchísimo, cuántos impuestos se pagan en Madrid, por ejemplo, y cuántos servicios públicos recibe”, expone. El problema al que apuntan varios expertos es “cómo se tasa eso”, “qué metodología se emplea para hacerlo”.
“Parece fácilmente interpretable que si soy residente en Madrid, el IRPF que pago se impute a esta comunidad, pero, si me voy de viaje a Valencia y hecho gasolina, ¿ese dinero va para Madrid o para la comunidad valenciana?”, se pregunta Herrero. Y sigue: “Si cobro una pensión y vivo en Madrid, una parte del presupuesto de la Seguridad Social se imputa a esta comunidad al residir ahí, pero hay otros servicios mucho más difíciles” de asociar a una región u otra como pueden ser “la defensa nacional o el de representación diplomática”, ya que, “en principio, benefician a todos los ciudadanos con independencia del lugar donde esté localizado el capital humano, los empleados de esos servicios”, comenta.
La profesora de la UNED indica cuáles son las dos principales metodologías seguidas para armar las balanzas fiscales: "La de carga-beneficio y la de flujo monetario". El segundo y la interpretación de los resultados obtenidos son en lo que han sustentado partidos nacionalistas “el famoso 'España nos roba' que ahora querría recuperar Junts”, según coinciden varias fuentes, y que está ligado a la idea de que “Madrid recibe proporcionalmente más que otras comunidades ricas dado que, como capital del Estado, se beneficia del efecto capitalidad, que genera consecuencias macroeconómicas indudables” gracias a elementos como que atesora a “casi todos los funcionarios de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social”.
Más allá de Madrid, Herrero suma que, “de alguna manera, lo que miden las balanzas fiscales es cuánto de redistributivo y solidario es el presupuesto del Gobierno central. Como el impuesto sobre la renta es progresivo y hace que contribuyan proporcionalmente más las personas de más renta, tendrán un saldo negativo siempre en los territorios más pobres y positivo en los más ricos”. Ahonda en esa idea: las áreas del país “donde hay más pensionistas y menos renta per cápita se benefician proporcionalmente más del presupuesto central, sobre todo de la Seguridad Social, y las zonas más ricas aportan más”. Ese saldo es al que se han asido algunos políticos como medición para denunciar el teórico “expolio” que hace el Gobierno español "en términos de diferencia entre el cuánto da Cataluña a las cuentas globales y cuánto recibe en servicios y prestaciones públicas soportadas con los fondos comunes", manifiestan las fuentes sondeadas.
“Es un tema lleno de matices desde el punto de vista contable. Las primeras balanzas oficiales que se hicieron implicaron a un equipo de gente enorme”, cierra Herrero. El Ministerio de Hacienda que ahora comanda María Jesús Montero las difundió en lo que se denominó Informe sobre el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas, pero sólo hasta 2014. Tras el ruido de las horas de espera infructuosas y las votaciones vertiginosas de los decretos, la propia Montero ha aclarado que lo que se hará en realidad no es recuperar esas publicaciones, sino poner a disposición datos para que los centros de investigación, administraciones y servicios de estudios puedan elaborar sus propias balanzas fiscales al no existir, en efecto, consenso sobre la metodología a seguir. En una entrevista en La Sexta ha aseverado que “discutieron con Junts” que “hay polémica sobre las metodologías que se tienen que utilizar para hacer este tipo de análisis". La ministra ha defendido que el Gobierno es transparente y “abrirá esa fuente de información" para que "aquellos que investigan en este marco” y “las administraciones que así lo quieran hacer" puedan contar con ella. Pero “esos datos ya están disponibles, siempre lo han estado”, asegura el catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Diego Martínez López. “Hay como 25 o 30 balanzas fiscales publicadas en España”, señala, para constatar que “el Ministerio de Hacienda estuvo publicando unas con una determinada metodología varios años y la Generalitat otras con otras metodologías”. “Hay que recoger datos de gasto público y de impuestos de distintas administraciones y se tienen que ir asignando por territorios. Están disponibles en distintas páginas webs oficiales, pero es un trabajo enorme”, lanza.
Preguntado sobre la posibilidad de fijar una única fórmula para elaborarlas, contesta que “para establecer un método único, homogéneo y consensuado, la investigación económica en este tema debería estar más avanzada de lo que se encuentra en estos momentos”. Es más, destaca que su publicación constituye un fenómeno singular en el contexto internacional, made in Spain. “Es un tema que sólo se hace en España. Hay alguna de hace tiempo de Canadá y en Bélgica también se ha hecho algo, pero con un modelo muy diferente y no era el mainstream –corriente principal– de la literatura académica sobre el tema, sino algo más bien marginal. Por cada balanza fiscal que se confecciona en el resto del mundo, tres o cuatro a lo sumo, hemos hecho 10 o 12 en España”, ironiza. De ahí que, “a nivel internacional no haya apenas nada desarrollado” y en la órbita estatal “sí", pero "hay muchos supuestos que se pueden discutir desde el punto de vista técnico y es difícil ponerse de acuerdo”. Recurre a una comparación para destilar el argumento: “Es como si tienes siete vacunas contra la covid y la ciencia te dice ‘no nos fiamos todavía de ésta, tenemos dudas sobre aquélla…’, lo mismo pasa con esto. Desde el punto de vista científico la metodología está muy poco desarrollada y no debería ponerse esto en manos de los políticos para que cada uno haga de su capa un sayo”, concluye.
Martínez López confiesa que pertenece al grupo de quienes piensan que “la redistribución” de la riqueza “debe ser entre personas y no entre territorios” y teme que se vayan a mezclar en el debate público “cuestiones relacionadas con la redistribución personal y la territorial”. “Tengo dudas de que los políticos sean capaces de hilar fino y de distinguir entre las dos. Se puede liar una discusión muy dinamitera, muy cargada desde el punto de vista político, que luego no responda a un criterio riguroso de distinguir matices como la redistribución, nivelación… No soy favorable a que esto se utilice políticamente”, abrocha.
Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, quien participó en la confección de los informes a los que se puede acceder todavía en la página web de Hacienda, coincide en que “la clave” de las balanzas está “en la metodología” que se maneja y considera que en Cataluña se ha seguido alguna, a su entender, “discutible”, pero que servía para “dar una foto, que a ellos les interesa mucho, de lo maltratadísimo que está” ese territorio. De la Fuente constata que realizar las balanzas fiscales “lleva su trabajo” y que hacerlas “bien” requiere de “meses” de rastreo de datos y esfuerzo.
Otras fuentes del ámbito fiscal dudan directamente de la “utilidad” de la herramienta reclamada por Junts y plantean por qué no se tienen en cuenta otros imputs como “no sólo cuánto aporta al año” cada punto distinto del país, sino si las “contribuciones realizadas estuvieron en consonancia con los principios constitucionales de la fiscalidad”, disparan.
El PP salta de pantalla hasta el concierto económico
Desde la esfera política, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha tildado de "tremendamente grave" la publicación de las balanzas fiscales, al estimar que, con ello Junts pretende “asentar y justificar el discurso de 'España no roba'" del que han tirado "los independentistas a lo largo de los últimos años de forma tan injusta y tan irreal". En una entrevista en Antena 3, Tellado ha avanzado que el partido nacionalista se agarrará a ellas “para justificar después, y a renglón seguido, la petición de un concierto económico que dé exclusividad a Cataluña”, lo que para los populares sería “romper principios esenciales de solidaridad territorial que inspiran nuestra Constitución y el marco jurídico que nos hemos dado los españoles", zanja. De otro lado, fuentes del colectivo de inspectores de Hacienda vinculan la petición de Junts con la reclamación de “una Agencia Tributaria específica para aquella comunidad” que desde este colectivo “rechazan”.
Los nuevos acuerdos exprés que han gravitado en torno a la aprobación de los primeros decretos del Gobierno de Pedro Sánchez han devuelto a la actualidad un par de palabras en las que a menudo muchos han visto lo que querían ver: balanzas fiscales. ¿Qué son? Un instrumento de información económica que imputa territorialmente los ingresos y gastos del sector público en un periodo de tiempo y calcula el saldo fiscal resultante en cada zona. La profesora de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ana Herrero, desembrolla la definición: “Las balanzas fiscales pretenden medir cuánto dinero aporta al Presupuesto General del Estado cada territorio a través de impuestos u otro tipo de ingresos públicos como pueden ser los peajes, o la venta de patrimonio etcétera, y cuánto dinero llega a cada territorio” de las cuentas del Ejecutivo estatal. “Se mezcla con la financiación autonómica y son cosas distintas”, avisa, “hablamos de la actividad financiera del Gobierno central, de en qué medida cada territorio contribuye a sostener el presupuesto y se beneficia de éste. Simplificando muchísimo, cuántos impuestos se pagan en Madrid, por ejemplo, y cuántos servicios públicos recibe”, expone. El problema al que apuntan varios expertos es “cómo se tasa eso”, “qué metodología se emplea para hacerlo”.