Los sindicatos van a sacar a la calle por el bloqueo de los convenios colectivos, en un intento por mover a la patronal de su negativa a subir los salarios tanto como lo está haciendo la inflación. “Es el abecé del sindicalismo, no tenemos más herramientas”, razonó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, cuando presentó este miércoles con su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, las manifestaciones que han convocado para el 7 de octubre y 3 de noviembre.
Con la ruptura de la negociación el acuerdo marco salarial (ANC) el pasado mayo, el resto de las mesas de los convenios sectoriales se quedaron sin referencia y sin incentivo. CCOO y UGT se quejan de que las patronales no han mostrado “ni un ápice de voluntad” para sentarse a “negociar modificando sus posiciones de partida”: subidas salariales sí, pero cláusula de revisión no. No se oponen a aumentar las retribuciones, pero no hasta el punto de que alcancen una inflación que, al acabar el año, puede quedar en torno al 8,5%. Los sindicatos, por su parte, rechazan que los trabajadores pierdan poder adquisitivo como fórmula para salir de la crisis, de nuevo.
Hasta el mes de agosto se han firmado 538 convenios, que establecen las condiciones laborales de 1,2 millones de trabajadores. Son un 20% menos de los 673 con que terminó el mismo mes de agosto de 2019 y que protegían a 1,36 millones de trabajadores. En 2020 y 2021 la negociación perdió mucha intensidad por la pandemia. Que no termina de recuperarse este año por la tempestad que ha traído la crisis energética y de precios. Sólo en Cataluña, CCOO y UGT cifran en 71 los convenios sectoriales atascados, lo que significa que 875.000 trabajadores tienen sus condiciones laborales en el limbo. En la hostelería, los convenios provinciales bloqueados rozan la treintena en toda España.
Huelgas en el metal
Las subidas salariales que reclaman los sindicatos no son exageradas, si se tiene en cuenta que la inflación ha llegado al 10,8% en su máximo del año. “La patronal alude a los porcentajes [de subida salarial] que quedaron sobre la mesa cuando se rompió el ANC en mayo, el 3% o 3,5% para este año”, explica Ana Oller, responsable de Política Sindical de CCOO Industria, cuando se le pregunta por los convenios atascados en el sector del metal, que reúne a 300.000 trabajadores en toda España. En Ourense están en huelga este jueves sus 4.500 empleados. Si no hay cambios en la negociación, la huelga será indefinida a partir del 5 de octubre. CCOO, UGT y CIG piden una subida del 6,5% este año y en 2023, y un 5% para 2024. En Bizkaia ya hubo tres días de huelga en mayo y junio. En Barcelona y Tarragona, con unos 180.000 trabajadores, la patronal no ofrece más que un 2% de subida salarial. También en Lugo y en Navarra, continúa Oller, la negociación está bloqueada.
Por el contrario, tanto Cantabria, como A Coruña y Araba alcanzaron acuerdos ya antes del verano. Pero sólo tras muchos días de huelga, recuerda la dirigente de CCOO. Los tres convenios incluyen cláusulas de revisión, pese al rotundo rechazo que despierta en las patronales esa fórmula para recuperar el poder adquisitivo perdido por culpa de la elevada inflación.
Las cláusulas están presentes en el 14,4% de los convenios, según la estadística de agosto del Ministerio de Trabajo, lejos del 34,1% que la incluían en 2011. Desde la reforma laboral de 2012, estos mecanismos comenzaron una lenta desaparición que llegó al mínimo del 7,7% de los convenios en 2015. Desde entonces se han recuperado, pero no igualan las cifras anteriores a la reforma del PP. Es más, ese 14,4% es casi un punto y medio inferior a la que había en enero de este año. Y han perdido eficacia. El Banco de España destaca en un análisis publicado este miércoles que las cláusulas de las que se benefician el 75% de los trabajadores que las tienen en sus convenios incluyen “topes” o “umbrales” que limitan la traslación a los salarios del diferencial de inflación. Es decir, que ésta no es total. Por tanto, el grado de cobertura de las cláusulas se ha reducido muchísimo en los últimos años.
Por ejemplo, entre 1994 y 2011 la desviación media de la inflación con respecto al incremento salarial pactado fue de 1,1 puntos porcentuales. Pero la revisión salarial media inducida por las cláusulas de salvaguarda en ese periodo fue de 0,56 puntos. Teniendo en cuenta que la incidencia de las cláusulas de salvaguarda entonces era del 60,1%, su grado de cobertura implícito era del 85%. En cambio, entre 2012‑2016 el grado de cobertura de las cláusulas fue del 41% y, en 2021, del 33%. Notablemente inferiores.
Con claúsulas de salvaguarda mínimas
Es lo que ha pasado en los convenios de hostelería de Valencia y Badajoz. En ambas provincias sindicatos y patronal firmaron el acuerdo. Pero en el primer caso, con una cláusula de revisión de sólo el 0,5%, pero con un 8% de subida salarial para el conjunto de 2022 a 2025. En el segundo, el acuerdo fue posible con una subida salarial mínima, del 2% y el 1,5% en dos años, y una cláusula también “muy pequeña”, en palabras de Miguel Ángel Rodríguez, de la dirección del sector de hostelería de UGT. Los trabajadores llevaban desde 2019 con el convenio caducado y los salarios congelados. En Alicante también se firmó, ya antes del verano, y con una subida mucho más generosa, del 4,5% y cláusula de revisión salarial. “La patronal quería empezar la temporada alta del turismo con paz laboral, por eso dejamos los flecos para después del verano”, detalla.
En cambio, los convenios de hostelería de Asturias y Murcia –40.000 trabajadores en esta última provincia–, que llevan bloqueados desde 2011 y 2018, respectivamente, siguen atascados. También en Las Palmas. En Madrid, están en plena negociación tanto el de hostelería como el de hoteles. En Baleares empezarán ahora, una vez acabada la temporada estival, a debatir las condiciones para 2023. Pero las ofertas de las patronales no llegan de media ni al 2% anual, asegura Miguel Ángel Rodríguez, mientras los sindicatos reclaman al menos un 3,5%. El bloqueo se repite en los convenios de algunas provincias de Castilla y León, que también llevan años con los sueldos congelados al haber caducado los convenios. Un camarero gana de media unos 1.300 euros brutos como salario base.
Subidas mínimas en sectores precarios
Otras empresas de salarios bajos son las de la limpieza de edificios. Que también constituyen un sector “muy feminizado”, subraya un portavoz de CCOO del Hábitat. Sin embargo, la patronal no ofrece ni el 5% de subida para los tres próximos años. Los sindicatos repiten aquí las cifras de otros sectores: 3,5% para este ejercicio, 2,5% para 2023 y 2% para 2024. En Castilla-La Mancha están bloqueados todos los convenios provinciales y algunas más en Castilla y León. Lo mismo ocurre en Cataluña, con unos 65.000 trabajadores afectados.
El telemárketing, o contact centers, es otro sector con el convenio caducado y los salarios congelados desde 2019. Pero la patronal se niega a subir con carácter retroactivo los sueldos de 2020 y 2021 y para este año ofreció un 2,5% retroactivo desde enero, aunque sólo después de dos huelgas en mayo y junio y movilizaciones desde febrero. Los sueldos medios entre los teleoperadores rondan el salario mínimo, advierte Rocío Camacho, del sector de Telemárketing de CGT. Aunque sus reclamaciones laborales van más allá del salario: piden compensaciones para el teletrabajo y que las empresas queden obligadas a contratar a las plantillas tras ser subrogadas. La patronal ha accedido a garantizar que el 80% de las plantillas sean trabajadores indefinidos.
Los vigilantes privados piden un 16% de subida en cuatro años
En el sector de la seguridad privada –100.000 trabajadores–, CCOO, UGT y USO han presentado una plataforma conjunta que pide una subida del 8% para 2023, el 4% para 2024 y el 2% para 2025 y 2026. Un 16% en cuatro años. Además de la cláusula de revisión según el IPC de cada ejercicio. El sindicato gallego CIG reclama más: un 24% en cuatro años. Sin embargo, la última propuesta de la patronal Aproser se quedó en un 3% para 2023, un 3,5% para 2024 y un 4% para 2025. El aumento para 2026 sólo quiere negociarlo en 2024.
No obstante, en esa reunión, el pasado día 21, las empresas accedieron a “estudiar algún tipo de cláusula de garantía plurianual”, que sólo se aplicaría “al vencimiento del periodo de vigencia del nuevo convenio” y siempre que equivalga a un “porcentaje máximo de cobertura de la diferencia entre la inflación real del periodo frente al sumatorio de los porcentajes de incrementos pactados”. Los sindicatos, que saludan el cambio de postura, del rechazo frontal a la cláusula a aceptarla con limitaciones, siguen considerando “insuficiente” la subida salarial, tal y como figura en las actas de las reuniones, a las que ha tenido acceso infoLibre. La cláusula sólo sería aceptable, añaden, si el aumento de los sueldos fuera mayor al inicialmente propuesto por la patronal.
Las empresas de seguridad se quejan de que no pueden repercutir en sus clientes –las administraciones públicas y empresas privadas a las que proporcionan sus vigilantes– las alzas salariales, porque la ley les impide actualizar los contratos si sube el IPC. Y el 85% de sus gastos de explotación son los gastos de personal. Por ese motivo, pretenden suprimir el pago de la antigüedad a los trabajadores y reducir al mínimo posible el absentismo laboral. Los sindicatos, por contra, les reprochan que su modelo empresarial esté basado en la precariedad, con “ofertas a la baja”, de escaso “valor añadido” en los concursos a los que se presentan y que les proporcionan una “rentabilidad mínima”. La consecuencia, lamentan, no son sólo los retrasos en el abono de las nóminas sino incluso el cierre de algunas empresas por su mala gestión.
Revisión en la banca
En la banca, los sueldos y las condiciones se sitúan en las antípodas de los vigilantes privados. Además, tanto los bancos agrupados en la AEB (Asociación Española de Banca) como los procedentes de las antiguas y reunidos en la CECA, firmaron sus convenios antes de la crisis y siguen vigentes hasta diciembre de 2023. Pero el vuelco de la economía en el último año impulsó a los sindicatos a pedir una revisión de ambos convenios, mediante la apertura de un observatorio sectorial, una figura con la que cuentan ambas normas.
De forma que CCOO y UGT reclaman una revisión retroactiva de los salarios de 2021 y de las subidas de este año y el próximo. Porque las establecidas en los convenios se han quedado muy cortas por culpa de la inflación. Para 2021 el alza de los sueldos fue de sólo un 0,25%, y las fijadas para 2022 y 2023, del 1% y el 1,25%. La inflación de 2021 alcanzó el 6,5% y la de 2022 ya va por el 9%.
Sólo medio millón de trabajadores tienen asegurada por convenio una subida de sueldo mayor del 3%
Además, tanto el Santander como el Banco de Sabadell han compensado a las plantillas de sus filiales en Reino Unido por la escalada de los precios. El banco presidido por Ana Patricia Botín ha subido un 4% los salarios de quienes cobran menos de 35.000 libras al año, mientras que el Sabadell ha concedido un pago único de 1.000 libras a los trabajadores a los que paga menos de 32.000 libras. También en Brasil y Argentina el Santander ha resarcido a sus empleados por la subida de la inflación.
Las reuniones del observatorio, que comenzaron en mayo, continuarán porque al menos la AEB parece dispuesta a ofrecer algún tipo de compensación que aún no han definido, asegura Nuria Lobo, secretaria de Políticas Sindicales del Sector Financiero de CCOO. No así la CECA. Pero Lobo confía en que, si la AEB hace una propuesta salarial, los bancos terminen arrastrando a las antiguas cajas de ahorro en la misma dirección. Aunque ambas patronales acuden siempre a las directrices emanadas de la CEOE, que se opone de plano a las cláusulas de revisión, lo que los sindicatos les reclaman es, en realidad, una salvaguarda que les proteja de la evidente pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los trabajadores si se mantienen las exiguas subidas salariales de unos convenios negociados antes de la guerra de Ucrania.
“Las plantillas están muy cabreadas”, revela Nuria Lobo, por las subidas concedidas en el Reino Unido. Un malestar que viene a sumarse al acumulado en los últimos años por el aumento de la carga de trabajo y la falta de personal. Lobo no sabe si la propuesta que ha prometido la AEB se parecerá en algo a las medidas adoptadas en las filiales británicas de Santander y Sabadell. “La primera fue negociada, pero la segunda no, fue una decisión unilateral, y nosotros estamos por la negociación”, sostiene. “Los beneficios de la banca han crecido y seguirán haciéndolo con la subida de tipos”, razonan los sindicatos, “mientras las condiciones laborales de las plantillas y su poder adquisitivo se han deteriorado”.
Los sindicatos van a sacar a la calle por el bloqueo de los convenios colectivos, en un intento por mover a la patronal de su negativa a subir los salarios tanto como lo está haciendo la inflación. “Es el abecé del sindicalismo, no tenemos más herramientas”, razonó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, cuando presentó este miércoles con su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, las manifestaciones que han convocado para el 7 de octubre y 3 de noviembre.