A la banca no le gusta desnudarse. Menos ante extraños. Pero lo va a tener que hacer y está nerviosa. Entre noviembre de este año y octubre del próximo, 16 entidades españolas, entre un total de 128 de toda Europa, van a tener que pasar un examen organizado por el Banco Central Europeo (BCE).
Para pasarlo, los bancos necesitan que el Gobierno respalde como parte de su capital hasta 50.000 millones en los denominados Activos por Impuestos Diferidos (AID). Son impuestos que no se pagarán en años sucesivos, una especie de descuentos legalmente autorizados por pérdidas sufridas en ejercicios anteriores y que los bancos (también las empresas) anotan como activos.
Pero Hacienda está dura. El ministro Cristóbal Montoro, según fuentes al tanto de las negociaciones, limita el posible apoyo a algo más de 20.000 millones. Oficialmente, el departamento no comentó la cifra.
Los 16 examinandos bancarios están inquietos. De entrada, saben que el BCE les exige tener un 7% de capital intachable (core capital, capital de calidad)core capital, . Ese porcentaje es el cogollo del negocio, compuesto por las acciones emitidas por el banco y por las reservas. Pero la complicación surge a la hora de determinar qué entra y qué no entra en esa definición de capital de calidad.
No es un tema baladí. En estos momentos, en España, están en discusión entre 50.000 y 60.000 millones de euros.entre 50.000 y 60.000 millones de euros. Son millones que figuran en las cuentas de la banca como activos por impuestos que no tendrán que pagar en los próximos años, si obtienen beneficios. porque en el pasado tuvieron pérdidas. ElEl FMI los mira con recelo.
Impuestos diferidos
Técnicamente se denominan Activos por Impuestos Diferidos (AID). Los anotan bancos (y también empresas) por varias razones: haber tenido pérdidas; haber comprado sociedades que tenían números rojos o haber realizado gastos anticipados que no son deducibles en el impuesto de sociedades (como saneamientos, gastos de reestructuracion o aportaciones a planes de pensiones).
La banca, apoyada por el Banco de España en este caso, presiona al Gobierno para que convierta la mayor parte de esos activos por impuestos diferidos en verdaderos créditos fiscales. El Gobierno, por su parte, negocia con las autoridades europeas y la troika cómo faciliar una salida a esos activos y su importe.
La clave del paso de activos diferidos a créditos fiscales es que, si el Gobierno los aprueba y el Estado los avala, se transformarán en una promesa cierta de que el Estado acabará pagando esos importes en cualquier circunstancia (quiebra, venta o transformación de la entidad incluidas).
La normativa permite a las entidades descontar esos activos, convertidos en créditos fiscales, cuando tengan beneficios, a lo largo de 18 años.
Rescate oculto
La transformación de ID en créditos fiscales vendría a ser, según los economistas más críticos, una especie de segundo rescate oculto de la banca, a cuenta de impuestos futuros, que habría que sumar a los 41.000 millones inyectados por el mecanismo de rescate europeo a los bancos españoles.
El analista de Attac Carlos Sánchez Matos explica en sus trabajos el cambio de AID a créditos fiscales como la transformación en “activos de verdad” que incluso tendrían la consideración de “vendibles”, ya que empresas que tienen beneficios importantes podrían comprar esos créditos fiscales.
A los bancos les corre prisa. El acuerdo Basilea III (promovido por los organismos internacionales para asegurar la estabilidad financiera internacional y de la banca) dio cinco años, ampliables a 10, para eliminar de los balances los AID.
Basilea III entra en vigor el próximo año, por lo que, teóricamente, el problema, según plazos máximos, podría enfriarse hasta 2024. Pero no hay tanto tiempo.
Al margen de plazos
Los analistas pasan de plazos y observan las cuentas como si las recomendaciones estuvieran en vigor hoy. Además, el BCE ha adelantado que, en función de los plazos del examen, aún por determinar, podría deducir entre el 60% y el 80% de los créditos fiscales. Una decisión así, sin anestesia gubernamental, dejaría a muchas entidades con las vergüenzas, léase el capital, muy expuesto.
La banca presiona al Gobierno con un argumento sólido: tiene que hacer lo mismo que ya hicieron otros países europeos para sus bancos mientras aquí se debatía sobre el rescate de entidades. Lo hicieron Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido, EE UU e Italia.
Los bancos españoles quieren la misma diligencia. Pero en España no hay unanimidad. La norma que debe aliviar los balances de la banca ante los exámenes europeos está todavía "en la cocina", señalan fuentes del Ministerio de Economía.
Pero el Ministerio de Economía es sólo uno de los cocineros que están encima del proceso. El Ministerio de Hacienda (Cristóbal Montoro) se lo ha tomado con calma y tiene al sector en ascuas.Hacienda se lo piensa porque la intervención del Estado en la transformación que exige la banca podría ser considerada como una ayuda de Estado, con sus efectos en deuda pública.
La banca española gana casi 59.000 millones de euros desde que comenzó la crisis
Con los números en la mano, la entidad más interesada en el proceso en términos absolutos es el Banco Satander. Con datos de Attac y a 31 de diciembre de 2012, el importe de sus activos por impuestos diferidos ascendía a 17.848 millones de euros.
En términos relativos, por las consecuencias sobre la estructura de su capital, las entidades más afectadas serían Bankia (9.700 millones) y Sabadell (5.381 millones). Los AID suponen un 247% respecto a su patrimonio en el caso de Bankia y un 58% en el caso del Sabadell.
Las entidades que van a tener que pasar el examen del BCE son: BBVA, Santander, Banco de Sabadell, BFA-Bankia, Banco Mare Nostrum, Banco Popular y Bankinter. También participarán en el ejercicio Ibercaja, La Caixa, Ceiss, Cajas Rurales Unidad, Catalunya Banc, Kutxabank, Liberbank, Unicaja y NCG Banco.
A la banca no le gusta desnudarse. Menos ante extraños. Pero lo va a tener que hacer y está nerviosa. Entre noviembre de este año y octubre del próximo, 16 entidades españolas, entre un total de 128 de toda Europa, van a tener que pasar un examen organizado por el Banco Central Europeo (BCE).