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El informe anual del Banco de España sobre 2020 es una mezcla de diagnósticos audaces y de viejas recetas más propias de los tiempos de la austeridad y la Troika que de los vientos globales que soplan al calor de los fondos de recuperación europeos NextGeneration EU o de las medidas sociales de Joe Biden. El supervisor ataca la desigualdad estructural de la sociedad española pero propone –a cambio de un fondo individual por trabajador– un abaratamiento del coste del despido del 50% que no se contempló ni en los años más duros de la austeridad (el FMI señaló en 2020 que la reforma laboral de Mariano Rajoy aumentó el número de trabajadores pobres); o alerta de las duras condiciones de acceso a los alquileres, por un lado, y reclama por otro una revisión de los incentivos fiscales que existen citando a la Autoridad Fiscal Independiente, Airef. Pero al abordar la problemática de la vivienda sugiere bonificar a los propietarios, justo un incentivo que la Airef pide cambiar.
La institución que preside Pablo Hernández de Cos aborda la desigualdad desde diferentes prismas y diagnostica un aumento del desempleo en aquellos puestos de trabajo que la pandemia habría automatizado; en este contexto, el supervisor plantea medidas que tiendan a la "prolongación de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad" más allá de la edad de la edad legal de jubilación, en estos momentos 66 años. Otra de las recetas de hace una década.
Esta mezcolanza hace incalificable el contenido del informe. Y eso que hay elementos novedosos que no tienen mucho que ver con las recetas de la gran recesión: se indica que convendría ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ante los problemas de redistribución que afectan a esta renta contra la pobreza; se asume que, "de cara a una eventual reforma del sistema impositivo", España tiene una "menor recaudación impositiva" que otros países del "entorno"; y se apunta a consolidar el teletrabajo, extender la financiación de las pymes o abordar la salud mental. Un totum revolutum de reformas estructurales.
Desigualdad y despido
Se trata sin duda de la propuesta más polémica del supervisor, la famosa mochila austriaca (un fondo con aportaciones del trabajador y la empresa durante unos años hasta que finalmente solo aporta la empresa) con un elemento nuevo: un cálculo simulando cómo funcionaría la reducción de los costes del despido al 50% para las empresas, siempre contando con la mochila. Todo ello mientras el informe ataca hasta medio centenar de veces el término "desigualdad", que en el caso de la medida planteada tiene más que ver con la dualidad (desigualdad en las condiciones de los trabajadores) que con la desestructuración
Para que se entienda: la institución plantea que los despidos improcedentes se indemnicen con 16,5 días por año trabajado (hoy son 33), que los despidos objetivos se indemnicen con 10 días por año trabajado (hoy son 20) y que se indemnicen los despidos temporales con seis días por año trabajado (hoy son 12). Ni en los momentos en que más carburaron los recortes presupuestarios en España (desde 2010 hasta más o menos la aparición de Unidas Podemos, en 2014), Mariano Rajoy pensó en abaratar tanto el coste del despido. El coste de este sistema se eleva a casi 9.000 millones de euros (8.660 millones), pero el banco nacional tiene una idea para que las empresas paguen muy poco: una parte la financia el Estado y otra “mediante el recurso a los fondos del programa NextGeneration EU” [los fondos de recuperación europeos, de los que a España le corresponden 140.000 millones entre ayudas directas y préstamos], reza el informe.
¿Por qué esta propuesta tan detallada justo cuando se negocia una reforma laboral que apunta, cuando menos, a encarecer o a complicar el despido? Según un portavoz, “se pretende cuantificar los costes de transición para ver su magnitud en relación con los fondos que se disponen. Sin un esquema concreto esta cuantificación es imposible. En cualquier caso, es un punto de partida para otras posibles propuestas”. “La novedad”, sigue este portavoz, “es que ahora hay fondos de la UE para financiar reformas con costes de transición. Este esquema, como puso de manifiesto el informe de expertos que en su día lo valoró tras la reforma de 2010, es caro de implementar porque tienes que mantener los derechos adquiridos de las personas mientras contribuyes al fondo para todos los trabajadores”.
Las últimas reformas laborales de Mariano Rajoy (2012) y de José Luis Rodríguez Zapatero (2010) no contribuyeron a reducir la pobreza, según el Fondo Monetario Internacional. Tampoco la temporalidad o la dualidad laboral. "Si bien pueden existir muchos factores detrás de la elevada dualidad en España, la mayoría de expertos mencionan a la diferente protección entre temporales y permanentes como uno de los motivos principales de esta dualidad", razonan en el Banco de España.
Revisar bonificaciones... excepto a los caseros
Otro de los apartados más contradictorios se refiere a los incentivos fiscales. "Será fundamental revisar con detalle los múltiples beneficios fiscales que contempla nuestro sistema tributario", reza el informe. "Como la Airef ha señalado recientemente, en este ámbito existe un amplio margen de mejora. En particular, estos beneficios no solo suponen una merma muy significativa de los ingresos públicos —en el promedio del período 2016-2019 representaron un gasto fiscal anual cercano al 5% del PIB—, sino que, en algunos casos, ni siquiera están cumpliendo adecuadamente con los objetivos para los que fueron diseñados".
¿Y cómo aborda el banco central nacional el capítulo de los problemas de acceso a la vivienda en alquiler? Primero, plantea una fórmula ya conocida y no por ello descartable: "Dar prioridad a aquellas políticas públicas dirigidas a favorecer un incremento sostenido de la oferta de vivienda de alquiler —especialmente, de la destinada a los colectivos con mayores problemas de accesibilidad—, iniciativas que, en su conjunto, contribuirían a evitar un aumento excesivo del precio de los alquileres". Pero la segunda choca directamente con la revisión de bonificaciones fiscales, ya que propone "considerar una combinación de estímulos fiscales a los propietarios de los inmuebles".
Precisamente la Airef ha pedido "reformular el incentivo reorientando su diseño para facilitar el acceso al alquiler a colectivos vulnerables" porque el que hay actualmente no funciona, dice la autoridad independiente. Es regresivo y cuesta 1.000 millones al año. Otra de las propuestas del Banco de España son "mejoras regulatorias que incrementen la seguridad jurídica de estos", lo que puede interpretarse como una norma contra la okupación.
jubilación, imv, salud mental...
Algunas recetas son antiguas. "En la población cercana a la edad de retiro, la experiencia de otros países europeos sugiere que los programas de jubilación parcial, combinados con formación en la empresa, ayudan a prolongar la situación de empleo incluso más allá de la edad legal de jubilación", arranca el Banco de España. Acto seguido se comentan los males que podría acarrear la supresión del factor de sostenibilidad –que vinculaba el importe de las pensiones a la esperanza de vida– y afirma que "las numerosas implicaciones económicas del envejecimiento poblacional deberían abordarse mediante actuaciones decididas en múltiples ámbitos". Cita dos: "por ejemplo, promoviendo la prolongación de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y analizando las razones de la baja tasa de fecundidad en España".
Las heridas de la reforma laboral: los despidos cuestan hoy a las empresas la mitad que en 2013
Ya en los tiempos de Miguel Ángel Fernández Ordóñez como gobernador se reclamaba elevar la edad de jubilación, lo que finalmente se produjo en 2011 hasta los 67 años. Ahora se trata de buscar incentivos para que los empleados más mayores opten por continuar una vez pasada la edad legal, actualmente 66 años que se convertirán en 67 gradualmente. La edad de jubilación fue una de las reclamaciones más importantes de la Troika a los estados miembros rescatados. Francia llegó a sondear un cambio, pero finalmente mantiene la edad de retiro a los 62 años, una de las franjas más bajas de la Unión.
El Banco de España en su informe celebra la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), porque "podría contribuir significativamente a paliar la pobreza extrema en nuestro país". Pero "conviene asegurar que el IMV cumple con este objetivo sin distorsionar las decisiones de participación laboral de sus beneficiarios", matiza el informe. Sin embargo, apuesta claramente por su extensión. Y la apuesta es clara: "Podría resultar adecuado considerar una posible extensión del IMV a algunos colectivos que, de acuerdo con el diseño inicial de este instrumento, no son elegibles, pero que también se encontrarían en situación de riesgo de pobreza extrema. Por ejemplo, esta situación podría afectar a ciertos hogares con rentas bajas que incumplen la condición necesaria para recibir el IMV en cuanto al nivel de patrimonio —principalmente, por la posesión de activos inmobiliarios de reducido valor— y a algunos hogares con más de dos adultos".
Y novedosa es la preocupación del organismo por la salud mental, al considerar que esta lacra "ha aumentado de forma generalizada para todos los grupos de población". Y la desigualdad, traducida en caídas de ingresos u otros males, "suelen ir asociados a problemas como la depresión, el estrés y el aislamiento". "Este empeoramiento se ha observado para todos los grupos de población, aunque la incidencia ha sido más elevada entre las mujeres". Por eso, alerta el informe, "una mayor persistencia de estas circunstancias podría, a su vez, tener consecuencias duraderas sobre otras dimensiones, como la salud física, la mortalidad, la satisfacción o el bienestar emocional, la capacidad para trabajar o estudiar, o la renta de los individuos".
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