Las autoridades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitieron durante 2016 un total de 41 resoluciones sancionadoras, de las que 25 fueron relativas a infracciones graves o muy graves cometidas principalmente por compañías cotizadas, miembros de consejos de administración, sociedades de valores y gestoras de fondos. El importe total reclamado por esas multas ascendió a 10,06 millones de euros, la mitad que en 2015, cuando las sanciones alcanzaron los 20,07 millones de euros.
Así lo recoge el informe anual del supervisor bursátil [consultar, aquí] presentado este mes de julio. Por entidades, Bankinter, EspañaDuero y Popular son las que recibieron las multas más cuantiosas por malas prácticas durante el año pasado. No obstante, las sanciones solo son firmes en vía administrativa por lo que cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
La principal multa impuesta en el ejercicio recayó sobre Bankinter, a quien la CNMV reclama 4,1 millones de euros en dos sanciones muy graves por no haber evaluado los conocimientos financieros de los clientes. En concreto, le exige cuatro millones de euros por la no realización del test de conveniencia o su realización inadecuada a los clientes que contrataron permutas financieras sobre tipos de interés en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de enero de 2009; y otros 100.000 por no cumplir obligaciones relacionadas con la evaluación de la conveniencia de operaciones complejas por parte de clientes minoristas. Ambas están recurridas por la entidad.
El Grupo Popular, por su parte, fue sancionado por la CNMV con 1,9 millones en varias resoluciones también en cuestiones relacionadas con la protección a los clientes en la venta de productos financieros. Según explicó la propia entidad, la más cuantiosa de ellas, de un millón, fue al Banco Popular por no haber recabado información sobre los conocimientos de los clientes antes de venderles productos. Los otros 900.000 euros se corresponden a dos multas a Popular Banca Privada por percibir comisiones ilegales y por recomendar a sus clientes instrumentos financieros no adecuados a sus objetivos de inversión o a sus conocimientos. Todas las sanciones están recurridas.
El supervisor también multó con 1,1 millones de euros a las antiguas Caja España y Caja Duero –ambas formaron EspañaDuero, propiedad ahora de Unicaja Banco– por no aplicar medidas para detectar, impedir y gestionar conflictos de interés generados por la venta de productos híbridos a sus clientes a "precios significativamente alejados de su valor" entre junio y octubre de 2010.
Más entidades
Otras grandes grupos bancarios fueron sancionados durante 2016, aunque con importes menores. Por ejemplo, Santander Asset Management, la gestora del Banco Santander,
recibió cuatro multas de 70.000 euros cada (280.000 euros en total) por el retraso en comunicar participaciones significativas en dos compañías. El BBVA, por otro lado, fue multado con 250.000 euros por no fijar medidas para detectar, impedir y gestionar los conflictos de interés generados por la intermediación sobre las subordinadas de Eroski. Precisamente por esta cuestión el Tribunal Supremo condenó a esta entidad a restituir a un cliente la inversión que hizo en su día en este producto al considerar que no se no se explicaba bien a los inversores su carácter perpetuo.
El año pasado el regulador también multó con 150.000 euros a Banco Mare Nostrum por la misma cuestión que al Popular, no haber evaluado la conveniencia de que clientes minoristas compraran productos complejos. Bankia, por otro lado, fue multado con 150.000 euros por "infracción grave" por prácticas de manipulación de mercado entre el 13 de febrero y el 12 de marzo de 2012, justo dos meses antes del rescate en el que se le inyectaron cerca de 23.000 millones de euros de dinero público. Por esta misma mala práctica también fue sancionada Banca Cívica, absorbida por Caixabank, con 150.000 euros.
También se vieron afectados por las multas de la CNMV dos bancos de inversión. Fue el caso de Jefferies, que fue penalizado con 150.000 euros por vender en corto acciones de Abengoa en 2014 cuando la compañía ya había empezado a sufrir sus primeros vaivenes en Bolsa. El regulador acreditó que el banco estadounidense vulneró aspectos de las permutas de cobertura por impago en estas operaciones. A Renta 4 Banco, por otro lado, le impuso una multa de 75.000 euros por manipulación de mercado.
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Agencias de valores
Por agencias de valores, la multas más relevante recayeron sobre MG Valores a la que la CNMV impuso tres sanciones por infracciones muy graves: por un conflicto de intereses (200.000 euros), por vicios esenciales en el registro de órdenes (160.000 euros) y por no aplicar la política de gestión de órdenes (160.000 euros). En total, 520.000 euros. Por otro lado, las sociedades de valores Renta 4 y Auriga fueron multadas con 125.000 y 100.000 euros, respectivamente, por manipulación de mercado, en el primer caso; y por ventas en corto (bajistas) de acciones de varias empresas españolas, en el segundo.
Entre particulares, la sanción más alta del ejercicio recayó en Jaime Botín, primer accionista del Bankinter, que fue multado con 500.000 euros por no comunicar debidamente su peso en el accionariado de la entidad. Botín había sido multado con otros 500.000 euros en 2013 por no comunicar debidamente su participación en una sociedad tenedora de acciones llamada XYZ. La segunda más cuantiosa, de 170.000 euros en total, la recibió Rafael Collada Barreno, consejero delegado de MG Valores. Otra veintena de consejos fueron multados con sanciones menos cuantiosas, que alcanzaron alrededor de 300.000 euros en total.
Las autoridades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitieron durante 2016 un total de 41 resoluciones sancionadoras, de las que 25 fueron relativas a infracciones graves o muy graves cometidas principalmente por compañías cotizadas, miembros de consejos de administración, sociedades de valores y gestoras de fondos. El importe total reclamado por esas multas ascendió a 10,06 millones de euros, la mitad que en 2015, cuando las sanciones alcanzaron los 20,07 millones de euros.