Los esfuerzos del Gobierno durante toda la crisis energética, con subidas en el precio del gas, de la electricidad y del petróleo, han estado encaminados, en parte, a evitar que las grandes empresas del sector se aprovecharan del episodio para maximizar sus ganancias mientras los más vulnerables sufrían los encarecimientos de los suministros básicos. No ha sido fácil: como se explica aquí, el principal mecanismo ha sufrido de dos modificaciones, fruto de la complejidad para intervenir en el rendimiento económico de las empresas en un sector privatizado, aunque los bienes sean esenciales. La minoración del gas tiene sus inconvenientes, como la dificultad de determinar, exactamente, qué es un "beneficio extraordinario". Otras vías, como la explorada por Italia, se libran de esa traba, aunque cuentan con otros peros. ¿Y si, simplemente, se grava a las compañías energéticas en base a lo que ganan, sin complicadas fórmulas?
"Es un debate pertinente", consideran los expertos consultados, aunque ninguna solución está exenta de riesgos. En vez de un mecanismo de minoración, el Gobierno italiano optó por tasar, primero con el 10% y luego con el 25%, los beneficios de las empresas energéticas. La finalidad es la misma –que paguen los que más tienen–, pero el diseño y la justificación política de la medida tienen poco que ver. Ribera intenta corregir lo que considera una consecuencia injusta de las leyes del mercado eléctrico: tecnologías que no tienen que quemar gas para generar electricidad reciben ingresos como si tuvieran que pagar por ese combustible. Italia, sin embargo, no entra, en realidad, en si los beneficios son "extraordinarios" o no: aunque la prensa lo venda así, el decreto del Gobierno transalpino habla de un impuesto "solidario" para que las compañías arrimen el hombro, que va más allá de las peculiares normas que rigen el precio de la luz.
La principal ventaja con respecto al enfoque español es que el impuesto no solo afecta a compañías eléctricas, también a petroleras y gasistas que, con diferentes circunstancias, se aprovechan para sus negocios del coste disparado del barril de Brent y del gas natural. Iberdrola, en campaña desde hace meses contra las políticas del Gobierno, dispara no solo contra el Ejecutivo sino contra potenciales empresas aliadas: los "beneficios extraordinarios" no son los de las eléctricas, aseguran, sino los que perciben las que se dedican al crudo o al metano.
Son dos realidades distintas y complementarias. Por un lado, los conocidos como "beneficios caídos del cielo", derivados del funcionamiento de la subasta mayorista de electricidad. Por otro lado, los "beneficios extraordinarios", que pueden englobar a los primeros, pero también pueden servir para explicar el enriquecimiento súbito de las energéticas por la situación en los mercados internacionales. Repsol, por ejemplo, ganó 1.392 millones de euros en el primer trimestre de 2022, el doble de los beneficios del mismo periodo del año anterior. El alza del crudo jugó a su favor, pero es lógico: la multinacional dirigida por Antonio Brufau es productora. Sufrió con la caída por la pandemia y ahora disfruta del contexto, aunque esa coyuntura complique la vida a millones de personas de todo el mundo.
Otras empresas más centradas en el negocio del gas y cuya cartera de producción de combustibles fósiles es discreta, como Endesa y Naturgy, también están registrando aumentos de ingresos en partidas concretas por la situación del mercado. Los Verdes italianos lo señalaron justo antes de que el Ejecutivo de Mario Draghi se decidiera a imponer el impuesto: muchas de estas empresas comercian con el combustible, comprándolo a un precio más bajo en base a contratos de largo plazo firmados antes de la escalada, y revendiéndolos en base a lo que marcan los indicadores internacionales. Se pueden considerar "beneficios extraordinarios" derivados de la crisis. Pero en eso consiste el negocio, recuerda el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y experto en mercados energéticos Diego Rodríguez: "Lo que hace un comercializador es comprarlo lo más barato posible y venderlo lo más caro posible. En eso consiste la actividad empresarial". Por eso el decreto italiano habla de "solidaridad" de las compañías, no de corrección de una distorsión.
El Gobierno recaudó sólo un 10% de los 1.300 millones en beneficios caídos del cielo que esperaba
Endesa ingresó 1.596 millones en el primer trimestre con la venta de gas, un 138,6% más que en el mismo periodo de 2021, según se muestra en sus resultados. El año pasado, Naturgy reconocía en sus cuentas que "el actual escenario energético" hizo aumentar sus beneficios, en parcelas como la comercialización con Gas Natural Licuado (GNL) en los mercados internacionales, que mejoró su rendimiento un 80% de un año a otro. Aun defendiendo que esta actividad es legítima, Rodríguez es favorable a aplicar impuestos sobre beneficios a estas compañías como gran alternativa a la intervención en el mercado eléctrico que ha aplicado Ribera. "Es una discusión completamente pertinente. Un mecanismo fiscal bien diseñado es mucho más sencillo" de aplicar, defiende.
Los límites de la CNMC: "El precio es libre"
Sin embargo, como se ha comprobado con otros impuestos energéticos, como el que tasa la generación, las empresas suelen esquivar el impacto, simplemente, trasladando lo extraído a los consumidores finales. Y que paguen ellos el gravamen. Para evitarlo, el decreto italiano fija que el regulador de los mercados energéticos obligará a las empresas a comunicar sus costes, para evitar que inflen la factura. ¿Puede hacer esto en España la CNMC? Rodríguez duda de que una vigilancia así sea compatible con el derecho comunitario: en un mercado liberalizado, las compañías son libres de vender sus productos al precio que quieran. Fuentes del organismo español consultadas por infoLibre están de acuerdo. "Prohibir la internalización de un coste fiscal es complicado. Si quieres evitar que suban los precios, tienes que regularlos, y la regulación de precios está prohibida por Europa", resumen.
"El precio es libre", resumen. "Todas las opciones tienen sus inconvenientes. Nada es sencillo". Como se percibe también en otras reformas, como la del tope al gas en el mercado eléctrico, las intervenciones sobre el mercado liberalizado son parches que tienen muchas limitaciones a la hora de evitar que los que tienen más ganen más en épocas de crisis y que los que tienen menos sean los que sufran. Ribera, por ahora, ha dejado tranquilas a petroleras y gasistas. La privatización de los suministros básicos se interpone entre la ministra y la salida justa de la crisis.
Los esfuerzos del Gobierno durante toda la crisis energética, con subidas en el precio del gas, de la electricidad y del petróleo, han estado encaminados, en parte, a evitar que las grandes empresas del sector se aprovecharan del episodio para maximizar sus ganancias mientras los más vulnerables sufrían los encarecimientos de los suministros básicos. No ha sido fácil: como se explica aquí, el principal mecanismo ha sufrido de dos modificaciones, fruto de la complejidad para intervenir en el rendimiento económico de las empresas en un sector privatizado, aunque los bienes sean esenciales. La minoración del gas tiene sus inconvenientes, como la dificultad de determinar, exactamente, qué es un "beneficio extraordinario". Otras vías, como la explorada por Italia, se libran de esa traba, aunque cuentan con otros peros. ¿Y si, simplemente, se grava a las compañías energéticas en base a lo que ganan, sin complicadas fórmulas?