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La otra brecha de género: los tres castigos que recortan las pensiones de las mujeres

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El Gobierno creó en septiembre de 2015 un complemento por maternidad con el que pretendía “eliminar o, al menos, disminuir la brecha de género en pensiones” además de “suavizar las consecuencias de las discriminaciones históricas que han gravado más intensamente a las mujeres que a los hombres”. Se trata de un plus del 5% si la trabajadora tiene dos hijos, un 10% si tiene tres y un 15% si son cuatro o más, y se presentó como una forma de reconocer la “aportación demográfica a la Seguridad Social” de las mujeres, en palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Pero lo cierto es que la medida no es más que una gota de agua en un océano de desigualdad. La brecha salarial entre hombres y mujeres durante la vida laboral resulta ser únicamente el primer peldaño de una discriminación que no sólo permanece sino que además se agrava al abandonar el mercado de trabajo. Las mujeres sufren una triple penalización que recorta sus pensiones de forma sustancial pese a que se les aplican las mismas reglas de cálculo y los mismos requisitos que a los hombres. De forma que si la brecha salarial se sitúa en el 18,8%, según los últimos datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE –en el 24% según los datos de UGT–, la brecha en las pensiones se dispara hasta el 33%, de acuerdo una vez más con cifras europeas referidas a 2012.

Con datos a 1 de noviembre de este año, en España cobran una pensión de jubilación 3,62 millones de hombres y 2,15 millones de mujeres. La pensión media masculina es de 1.218 euros mientras que la femenina alcanza sólo los 765 euros, un 63% de la que cobran los hombres.

Ese triple castigo empieza, pues, con los menores salarios que cobran las trabajadoras. Las mujeres trabajan mayoritariamente en sectores de actividad de remuneraciones bajas –servicios– y son más numerosas en las categorías profesionales inferiores. Y ocurre pese a que cada día están más cualificadas y su nivel educativo es superior al de los hombres. Además, trabajan con mayor frecuencia a tiempo parcial que los hombres –casi dos millones de mujeres tienen un empleo por horas, por sólo 752.000 hombres– y firman más contratos temporales, lo que redunda igualmente en salarios más reducidos. Según los cálculos realizados por Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno, profesoras de la Universidad de Alcalá de Henares, sólo el 11% de la brecha salarial se explica por las diferentes características personales y del puesto de trabajo de hombres y mujeres. El 89% restante es el resultado de diferencias “no explicables”, lo que a su juicio puede utilizarse como medida de discriminación.

En consecuencia, esos salarios más bajos durante la vida laboral se traducen en menores bases de cotización que generarán pensiones también más pequeñas tras la jubilación.

Carreras profesionales interrumpidas

De esa parte sin explicación de la brecha, el 5,7% corresponde a la segunda penalización que sufren las mujeres cuando se jubilan: las interrupciones en la vida laboral. De hecho, las trayectorias profesionales discontinuas son el rasgo distintivo de las carreras de cotización femeninas. Cotizan menos años que los hombres porque abandonan sus empleos para tener hijos u ocuparse de los mayores. Además, esos periodos de inactividad laboral son más numerosos y duraderos que los masculinos. Y si se quedan desempleadas, perciben prestaciones contributivas durante menos tiempo –durante su percepción el Servicio Público de Empleo Estatal paga las cotizaciones del trabajador–.

Cebrián y Moreno han medido las interrupciones de la vida laboral de los trabajadores de entre 45 y 65 años según constan en la Muestra Continua de Vidas Laborales: mientras los hombres han cotizado por término medio el 90,4% del tiempo transcurrido desde que entraron en el sistema de la Seguridad Social, las mujeres sólo llegan al 82,6%. En general, aseguran, los hombres llegan a cotizar cinco años más que las mujeres. Las trabajadoras pasan más tiempo de media fuera del empleo, 1.654 días, por 1.366 días los hombres. Si se trata de interrupciones de más de un año de duración, las mujeres de 40 a 44 años encabezan el ránking.

Estas salidas intermitentes de la vida laboral tienen además un efecto negativo en los salarios femeninos, advierten las profesoras de la Universidad de Alcalá. Cuando las mujeres quieren regresar al mercado de trabajo, su capital humano se ha depreciado, o así lo perciben las empresas, que tienden a ofrecerles sueldos más bajos ante la sospecha de que esos periodos previos de inactividad auguran otros posteriores, por ejemplo.

Buena prueba de los efectos sobre las pensiones de la desigualdad salarial de las mujeres es la tasa de sustitución, la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión. En España es de las más altas de la OCDE, casi un 85%. Pero también es diferente según el sexo del jubilado: la tasa de las mujeres es cuatro puntos inferior a la de los hombres, destaca el informe Impacto de las Pensiones en la Mujer, elaborado por el IESE y Vidacaixa.

Esa brecha salarial, y su efecto inmediato sobre las cotizaciones, se superponen a su vez a una demografía laboral ya de por sí reducida. Pese a que el aumento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo desde 2000 ha sido el mayor de la Unión Europea, las mujeres de más de 45 años que están cotizando para percibir una pensión al jubilarse “apenas llegan a la mitad de la cohorte”, destaca el estudio, e incluso “en algún grupo sus tasas de ocupación se sitúan hasta 30 puntos porcentuales por debajo de las tasas de los hombres”.

Reforma de las pensiones de 2011

Pues bien, sobre ese perfil devaluado de cotizaciones actúa la tercera penalización, las reformas de las pensiones aprobadas en 2011 y 2013. La primera endureció los requisitos para acceder a la pensión ampliando progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027, aumentando de 15 a 25 años el periodo para calcular la cuantía de la pensión y alargando de 35 a 37 el número de años cotizados necesarios para cobrar el 100% de la prestación. Todas estas medidas recortan la cuantía de la pensión. Pero mucho más para las mujeres.

Si para jubilarse a los 65 años con la pensión íntegra –en 2017–, hacen falta 36 años y tres meses –serán 38 años y medio para retirarse a los 67 años en 2027– y si para generar el derecho es necesario haber cotizado un mínimo de 25 años, hay muchas más mujeres que se quedarán sin prestación o tendrán que trabajar más tiempo para conseguir una suficiente. Según el informe Men, women and pensions 2015Men, women and pensions 2015 de la Comisión Europea, el 44% de las españolas de entre 65 y 79 años han cotizado menos de 14 años. Es decir, no tenían acceso a una pensión contributiva ni siquiera antes de la reforma de 2011. Ese porcentaje aumentará considerablemente ahora que hacen falta 25 años de cotización.

La mediana de cotizaciones femeninas en España –el valor situado en la posición central de un conjunto de datos ordenados– es de 18 años; para los hombres alcanza los 46. En la Unión Europea, la mediana asciende a 21 años para las mujeres y 28 años para los hombres. Un dato que revela claramente la brecha de género en las pensiones. De acuerdo con el citado informe europeo, que utiliza datos de 2012, la distancia entre hombres y mujeres sube desde el 33% antes citado hasta el 44% si se atiende sólo a las trabajadoras que han cotizado menos de 14 años. Si lo han hecho entre 14 y 18 años, la brecha es del 43%.

Los trabajadores que no lleguen a los 25 años de cotización cobrarán una pensión no contributiva, 368 euros al mes. Según los últimos datos del Ministerio de Empleo, el 78,11% de quienes perciben una de estas prestaciones de jubilación son mujeres, casi 255.000 personas. Pero hay que destacar también que en España hay 1,4 millones de mujeres jubiladas que cobran pensiones contributivas –es decir, han cotizado el tiempo legalmente requerido– de entre 600 y 655 euros. Son el grupo más numeroso entre las 4,1 millones de pensionistas españolas. En el otro extremo, entre quienes perciben la pensión máxima, de 2.567 euros o más, los hombres más que triplican a las mujeres.

Y lo mismo que ocurre con las pensiones públicas sucede con las privadas. El informe del IESE y Vidacaixa cifra en un 21% la diferencia entre las aportaciones medias de los hombres de 50 a 65 años a planes de pensiones privados –2.156 euros– y las que hacen las mujeres –1.798 euros–. Como resultado, la prestación privada que recibe un hombre al jubilarse es un 41% superior a la de una mujer.

Los planes de pensiones no son para salarios españoles: sólo el 9,5% de quienes ingresan menos de 30.000 euros tiene uno

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Reforma de las pensiones de 2013

Finalmente, también la reforma de las pensiones de 2013 tendrá un mayor efecto sobre las jubiladas. De los dos mecanismos introducidos para recortar el gasto en pensiones públicas, uno de ellos, el llamado factor de sostenibilidad, reducirá aún más ls prestaciones que cobrarán las mujeres. Sólo empezará a aplicarse a partir de 2019. Se trata de una fórmula matemática que rebajará la cuantía de la pensión según la esperanza de vida de cada generación. Su finalidad es equiparar el monto total de las prestaciones que se reciban desde la jubilación hasta la muerte.

Como las mujeres viven más que los hombres, unos cinco años más, percibirán la pensión durante más tiempo, así que su cuantía anual, ya de por sí castigada por todos los factores antes explicados, será menor que la de los hombres. A mayor esperanza de vida –85,4 años para las mujeres, 79,9 años para los hombres–, menos pensión anual, pero igual importe total.

El Gobierno creó en septiembre de 2015 un complemento por maternidad con el que pretendía “eliminar o, al menos, disminuir la brecha de género en pensiones” además de “suavizar las consecuencias de las discriminaciones históricas que han gravado más intensamente a las mujeres que a los hombres”. Se trata de un plus del 5% si la trabajadora tiene dos hijos, un 10% si tiene tres y un 15% si son cuatro o más, y se presentó como una forma de reconocer la “aportación demográfica a la Seguridad Social” de las mujeres, en palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

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