En 2012 España evitó el hundimiento del sistema financiero con un crédito de 100.000 millones de euros que negoció con la troika (BCE, Comisión Europea y FMI). Utilizó 41.000 millones.Pero en la zona de penumbra, allí donde se funden la jerga financiera y la jerga fiscal, aderezó otros 41.000 millones avalados por el Estado para reforzar el capital de las principales entidades. Hizo lo mismo que Italia -que no solicitó rescate alguno-, que Portugal y que Grecia. La Comisión Europea recela.
Ahora, esa operación en la penumbra, impulsada por el ministro de Economía Luis de Guindos, está bajo la lupa de Bruselas. Según el Financial Times, las autoridades de Competencia analizan si los denominados activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) pueden ser ayudas de Estado. Si Bruselas concluyera que son ilegales, el rescate bancario quedaría en entredicho y los bancos tendrían que captar capital en el mercado para cumplir con las nuevas reglas de solvencia (Basilea III). Los bancos más afectados serían los más beneficiados. Bankia, Santander, BBVA y Sabadell entre ellos.
La patronal bancaria
La patronal bancaria AEB no hizo comentarios sobre la investigación que lleva a cabo Bruselas. Fuentes del sector, no obstante, precisaron que la contabilización de los activos fiscales diferidos pasó los filtros de la Auroridad Bancaria Europea (EBA) y del BCE, que los incluyeron como parte del capital de las entidades examinadas en las pruebas de solvencia.
Los activos ahora en cuestión son millones que figuran en las cuentas de la banca como activos por impuestos que no tendrán que pagar en los próximos años si obtuvieran beneficios. porque en el pasado tuvieron pérdidas. Los anotan bancos (y también empresas) por varias razones: haber tenido pérdidas; haber comprado sociedades que tenían números rojos o haber realizado gastos anticipados que no son deducibles en el impuesto de sociedades (como saneamientos, gastos de reestructuracion o aportaciones a planes de pensiones). Una vez avalados por el Estado, se convierten en créditos fiscales.
Un simple préstamo
Para la banca -y para el Gobierno que trató de hacer pasar el rescate del sector como un simple "préstamo en condiciones favorables"- el respaldo a las entidades era fundamental. Por eso realizó auténticas maniobras de prestidigitación incluso con la reforma fiscal. Así, redujo el Impuesto de Sociedades al 25% en dos años para las empresas, excepto para la banca. La medida se presentó como una especie de castigo a los bancos, pero en realidad, suponía otro espaldarazo. Si la rebaja de impuestos hubiera afectado a los bancos, el recálculo de los activos fiscales habría arañado a las entidades 6.400 millones de euros, según cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha.
"Aunque los activos fiscales no se negociaron, formaron parte del rescate del sector financiero" asegura Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de Hacienda somos todos. "Si Bruselas declarara ilegales esos activos, las consecuencias podrían ser dramáticas para la mayoría de los bancos, que tendrían que ampliar capital. Al final, supodría restrición del crédito".
De la Torre, al igual que las fuentes bancarias consultadas, asegura que en el centro de todos los recelos de Bruselas, más que Grecia, más que Portugal y Más que España, está Italia, país en el que las reformas que impulsa Bruselas se aplican con retraso y cuentagotas.
Las tres crisis que tienen a la UE contra las cuerdas
Un problema serio
Pero incluso aunque España no esté en el centro de las presiones que muestra el Financial Times, sí puede tener un problema serio si las cosas se complican. Carlos Sánchez Mato (ATTAC) considera que, efectivamente, los créditos fiscales que autorizó el Gobierno "son ayudas de Estado con todas las letras" y fueron diseñados "como una chapuza en toda regla".
Para el economista Carmelo Tajadura, los créditos, "algún componente de ayudas de Estado tienen", aunque duda de que Bruselas cuetsione ahora el sistema porque "sería emborronar el sistema bancario".
En 2012 España evitó el hundimiento del sistema financiero con un crédito de 100.000 millones de euros que negoció con la troika (BCE, Comisión Europea y FMI). Utilizó 41.000 millones.Pero en la zona de penumbra, allí donde se funden la jerga financiera y la jerga fiscal, aderezó otros 41.000 millones avalados por el Estado para reforzar el capital de las principales entidades. Hizo lo mismo que Italia -que no solicitó rescate alguno-, que Portugal y que Grecia. La Comisión Europea recela.