El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el fin de semana antes los dirigentes autonómicos a aprobar “rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía” que pagan familias y empresas. Además de “otras que se puedan plantear”. Una promesa genérica que debería ir más allá de las medidas adoptadas el pasado verano para reducir las facturas de la luz, cuando aún no había guerra, y que ahora podrían prorrogarse más allá del 30 de abril en que estaba en principio establecida su vigencia.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, concretó al Ejecutivo qué impuestos deberían reducirse: que el IVA a la electricidad y el gas pase al tipo superreducido, el 4%, y se baje de forma transitoria el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y el IVA que grava la gasolina y el gasoil. También le pidió una ampliación hasta fin de año de los recortes fiscales para la electricidad: la rebaja del IVA del 21% al 10%, la reducción a un tipo mínimo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el primer trimestre de este año.
Para gravar el IVA de los combustibles con un tipo reducido, el Gobierno necesitará la autorización de la Unión Europea, porque la gasolina no se encuentra en la lista de productos a los que se puede aplicar tipos reducidos. Y para rebajar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos tiene que respetar los “niveles mínimos” que marca la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía, aprobada en 2003 y actualizada el pasado mes de julio. Esa puesta al día, después de 17 años sin que se modificaran los límites mínimos, va en la dirección opuesta a la rebaja fiscal. Por ejemplo, antes se aplicaba un tipo mínimo más bajo al gasóleo que a la gasolina. Ahora es al revés. Prima el criterio ecológico, por lo que se grava más a los combustibles más contaminantes. También se eliminan las exenciones y reducciones nacionales, dejando a los Estados miembros “un margen mucho menor para fijar tipos por debajo de los mínimos para determinados sectores”, explica la Comisión Europea. Se permiten esos tipos más bajos sólo para “los productos energéticos avanzados producidos a partir de fuentes renovables” y para la agricultura.
Así, el nuevo tipo mínimo para la gasolina y el gasóleo es el más elevado de todos: 10,75 euros el gigajulio. Antes había límites diferenciados. El mayor era para la gasolina con plomo, 421 euros por 1.000 litros, 359 euros el de la gasolina sin plomo y 330 euros el del gasóleo. Es decir, el mínimo ha subido hasta 473,57 euros los 1.000 litros en el caso de la gasolina con plomo, un 12,5%. En teoría, a no ser que Bruselas lo cambie, el Gobierno no puede fijar el Impuesto sobre Hidrocarburos por debajo de ese nivel.
Es lo que dice el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). El margen es muy pequeño o inexistente. Según sus cálculos, sólo 144,92 euros por 1.000 litros en el caso de la gasolina.
A cambio, sí que se puede aumentar la devolución del gasóleo bonificado que consumen agricultores y ganaderos, de forma transitoria, mientras dure la escalada de los precios, explica el presidente de Gestha, Carlos Cruzado.
Por el contrario, Luis del Amo, secretario del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), cree que rebajar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos es una de las medidas que pueden adoptarse para amortiguar el impacto de la subida récord de los combustibles. También propone que se reduzca el IVA tanto de la gasolina y el gasoil como del gas natural, del 21% actual al tipo reducido del 10%. No sólo por la necesidad de autorización previa, sino también por su “enorme coste asociado”, los técnicos de Hacienda no ven viable esa solución.
12.264 millones de recaudación
En 2019, Hacienda recaudó por el Impuesto sobre Hidrocarburos 12.264 millones de euros, una cifra que cayó hasta los 10.336 millones al año siguiente por las restricciones a la movilidad de la pandemia. Para 2021, la Agencia Tributaria sólo proporciona datos hasta el mes de noviembre. En 11 meses los ingresos alcanzaron los 10.507 millones, un 10,2% más que en el mismo periodo de 2020. Por establecer una comparación, esos 12.264 millones equivalen a más o menos la mitad de lo que el fisco recauda gracias al Impuesto sobre Sociedades, que grava los beneficios de las empresas. Los combustibles representan, además, la mitad de lo que se recauda con los Impuestos Especiales, que incluyen también al tabaco y el alcohol.
De ahí que Alberto Sagués, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, advierta del efecto de estas rebajas de impuestos. “Estoy a favor de que se pongan tiritas para tapar las hemorragias, pero a más largo plazo me preocupa el tema presupuestario, cuando España ya está en el punto de mira de Bruselas, que ya toleró que nos excediéramos en los límites por la pandemia“, argumenta, “ahora, con la guerra no acabaremos de salir de la espiral de déficit”. Sagués considera “razonable“ que se tomen medidas para evitar el impacto de los precios de la energía en las familias, “lo que se puede corregir con bajadas selectivas de impuestos”, precisa, pero el problema es que, en términos de contabilidad nacional, esos recortes afectarán a la capacidad de hacer frente al gasto público. “Entonces habrá que hacer ajustes en el gasto y decidir qué tipo de gasto se va a reducir”, concluye.
A su juicio, sí se pueden tocar los Impuestos Especiales, pero cree que rebajar el IVA de los carburantes sería mucho más dañino. Del Amo, por el contrario, replica que, al ser un impuesto sobre el precio, si éste sube –como es el caso–, aunque baje el tipo, “no se pierde tanto”.
Otras posibles rebajas
El secretario general del REAF plantea también como medida alternativa que se bajen los módulos de rentas por los que tributan los transportistas autónomos, uno de los sectores más afectados por la subida de los combustibles. Al igual que ya se ha hecho con los agricultores perjudicados por situaciones excepcionales, ya sean meteorológicas o de otro tipo, como el covid-19 o la imposición de aranceles en EEUU.
Gestha, por su parte, prefiere las ayudas directas a agricultores y ganaderos, para compensar gastos extraordinarios e inversiones “destinadas exclusivamente a la compra de materias primas o a la venta” de sus productos en otros países. En concreto, el sindicato habla de asegurar en el medio plazo “mercados alternativos” para el sector primario que sustituyan a Rusia y Ucrania.
Además, propone incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF a la producción y uso de energías renovables. En concreto, plantea que se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2023 la deducción en el IRPF por realizar obras para mejorar la eficiencia energética de las viviendas. A su juicio, sí pueden también aprobarse bajadas fiscales para los transportistas, pero no del IVA de los combustibles, puesto que es una medida que “no ataca el problema” y será “compensada con el aumento de los precios, como ha ocurrido con la bajada de impuestos a la electricidad”.
Una parte de los impuestos que pagan los combustibles es el llamado céntimo sanitario, o Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH). Se trata de un tributo polémico en su día y que sirve para financiar la sanidad pública. Desde 2013 está integrado en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, con una cuota autonómica que a partir de 2019 se incorporó a la tarifa. Ese año, lo recaudado por la tarifa autonómica ascendió a 1.135 millones de euros. De los más de 12.000 millones ingresados entonces por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, 8.195 fueron a parar a las comunidades autónomas, el 65%. Alberto Sagués alerta del efecto inmediato de su desaparición en la financiación de la sanidad pública.
El informe de los expertos propone al Gobierno subir el IVA y mantener los tributos de Patrimonio y Sucesiones
El profesor de la Pompeu Fabra no desdeña tampoco alguna bajada en el IRPF para ayudar a las familias, pero preferiría un “pacto de Estado” que tuviera como prioridad una “mejor gestión del gasto público”. “Con el covid, el resto de los países de la UE bajaron impuestos; España no, porque no se lo podía permitir”, resume, “pero para dinamizar la economía siempre es necesaria una optimización fiscal”. De ahí que aplauda las propuestas del comité de expertos sobre la reforma fiscal recién presentadas: “Son propuestas valientes, que no sólo se centran en la recaudación”.
Por debajo de la media europea
Según los datos que publica la Dirección General de Energía de la UE, a fecha de 3 de marzo España grava con un 45% la gasolina –45 céntimos por litro son impuestos— y con un 41% el gasoil. Ambas cargas están por debajo de la media comunitaria, que es del 49% y el 43%, respectivamente. Incluso muy por debajo de los impuestos que pagan en Francia –53% y 49%–, Italia –55% y 52%– o Portugal –53% y 46%–. En el caso de Alemania, es mayor para el gasóleo –39%– y menor para la gasolina –48%–. De ahí que la petición insistente de Bruselas a España sea que suba los impuestos a los carburantes. Hasta ahora, al menos, por motivos medioambientales. Que la guerra en Ucrania puede dejar entre paréntesis.
El pasado sábado, el primer ministro francés, Jean Castex, anunció una rebaja de 15 céntimos por litro en los carburantes a partir del 1 de abril y durante cuatro meses. “Los distribuidores lo aplicarán y el Estado les reembolsará. ¿Por qué no bajar los impuestos? Primero, porque se necesita una ley y lleva más tiempo. Después, porque gravar menos las energías contaminantes es antiecológico”, explicó Castex. El coste para las arcas francesas superará los 2.000 millones de euros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el fin de semana antes los dirigentes autonómicos a aprobar “rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía” que pagan familias y empresas. Además de “otras que se puedan plantear”. Una promesa genérica que debería ir más allá de las medidas adoptadas el pasado verano para reducir las facturas de la luz, cuando aún no había guerra, y que ahora podrían prorrogarse más allá del 30 de abril en que estaba en principio establecida su vigencia.