Carrefour paga más de 18 millones a 60 franquiciados que le denunciaron por contratos abusivos

Unos 80 franquiciados de Carrefour Express han denunciado al grupo de distribución por engañarles en los contratos que, según, explican incluían información falsa sobre el negocio. De ellos 61 han conseguido acuerdos extrajudiciales que han supuesto la condonación de la deuda que mantenían con la empresa e incluso una indemnización de entre 300.000 y 500.000 euros cada uno. El resto, una veintena, sigue adelante con sus procedimientos en los tribunales. Es decir, Carrefour ha pagado ya entre 18 y 30 millones de euros para zanjar los conflictos con sus franquiciados.

Los de Carrefour Express se suman así a la lista de franquiciados que han terminado en los tribunales tras denunciar las prácticas de cadenas de franquicias. Pero, a diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, con los 200 franquiciados que han demandado a la cadena de supermercados DIA acudiendo a la vía penal, los de Carrefour Express han optado por la civil, y parece que con mucho mayor éxito.

En total, el despacho Themis Abogados de Valencia, que lleva buena parte de los casos, asegura que va a reclamar entre medio millón y un millón de euros por cada franquiciado de Carrefour Express. “La mayoría son negocios de autoempleo familiar, el 40% de ellos dirigidos por mujeres y otro 25% por jóvenes emprendedores menores de 25 años que solicitaron un aval a la familia”, detalla.

Según denuncian los afectados, la información sobre el negocio que Carrefour tiene la obligación de proporcionar a cada nuevo franquiciado antes de firmar el contrato incluía cifras irreales: nunca llegaron a cumplirse las previsiones ni de ventas ni de beneficios. Por tanto, aducen en sus demandas, el consentimiento del franquiciado está “viciado”. Y recalcan que fue un engaño “intencionado”, permitido por una legislación que no les protege.

Un portavoz de Carrefour ha asegurado a infoLibre que la empresa “no tiene constancia de ninguna denuncia, y menos aún de esos acuerdos extrajudiciales”.

En los últimos cuatro años, Carrefour Express, la enseña de supermercados de proximidad del grupo francés, ha abierto 238 nuevas franquicias y cerrado 98, el 41%, según las cifras facilitadas por Themis Abogados. El grupo precisa que en estos momentos tiene abiertos un total de 550 supermercados Carrefour Express.

Cánones de 15.000 euros y sin control de pedidos

Las denuncias de los franquiciados de Carrefour Express repiten las hechas públicas por los de otras cadenas como DIA. En su caso, también afronta demandas en Portugal, Argentina, Brasil y Francia. En España es un juzgado de Vic (Barcelona) el que lleva los casos de decenas de afectados. Aseguran que la cuenta de explotación que les enseñan los responsables de DIA es falsa. También que les prometen unos márgenes que nunca llegan a alcanzarse. Después, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata.

Para abrir un Carrefour Express, un franquiciado debe hacer una inversión cuantiosa, medio millón de euros. Aunque no paga canon de entrada sí que tiene que hacer frente más tarde a un conjunto de cánones diversos, que pueden suponer hasta 15.000 euros mensuales: un canon logístico –un porcentaje de la facturación, que puede suponer unos 8.000 euros–, un canon informático –por el software– y un canon de enseña –otro tanto por ciento–. E igual que ocurre en DIA, explican los franquiciados de Carrefour con los que ha hablado este periódico, carecen de control alguno sobre los pedidos. “Te facturan por cosas que no pides”, se quejan.

También franquiciados de Yves Rocher, Foster's Hollywood o YoigoYoigo, los helados Llao Llao, y Mail Boxes Mail Boxes–envíos de paquetería– o Restalia  –100 montaditos, La Sureña, The Good Burger– han acudido a los tribunales para denunciar las prácticas abusivas de sus franquiciadores, tras constituirse en asociaciones y plataformas.

No hay ley de franquicias

La proliferación de denuncias extiende la sospecha sobre un modelo de negocio que reduce al mínimo el riesgo para el franquiciador y lo carga sobre un tercero. Más aún, cuando la crisis y las campañas gubernamentales a favor del emprendimiento han empujado a muchos a autoemplearse a falta de otras expectativas laborales.  En España el contrato de franquicia carece de regulación legal. No existe una norma específica. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista únicamente le dedica un artículo, que se ha desarrollado en tres decretos-ley posteriores, uno de ellos para crear el Registro de Franquiciadores en 1998. En teoría, todas las empresas están obligadas a enviarle información de los locales que abren y cierran, pero los datos públicos se limitan al número de los establecimientos propios y franquiciados. Y no siempre están actualizados. El registro, dependiente del Ministerio de Economía, tampoco vigila o sanciona a la empresa que no manda información o que envía datos falsos, una competencia que el registro delega en las comunidades autónomas.

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Por su parte, los franquiciadores se defienden asegurando que los pleitos judiciales son mínimos, que su modelo de negocio es transparente y rentable, y que los malos resultados son producto de la falta de implicación del franquiciado o de su falta de pericia empresarial.

Sin embargo, la firma JP Morgan vino a dar la razón a los descontentos, en concreto a los de DIA, en un informe para inversores. Según su análisis, el modelo de negocio de la cadena de supermercados, basado en unos márgenes anormalmente altos y unas ventas menguantes, es “insostenible”. Unos márgenes que DIA consigue “a costa de sus franquiciados”. JP Morgan utiliza el término “canibalización”.

En España funcionan 1.114 franquicias, que facturaron en 2016 casi 20.000 millones de euros. Según el informe anual sobre el sector que elabora Tormo Franquicias Consulting, emplean a 340.000 trabajadores.