“Los plazos se están agotando”. “Esto se acaba”. “Se nos ha acabado la paciencia”. Los secretarios generales de los dos sindicatos más representativos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, aprovecharon la presentación del lema de las 73 manifestaciones que han convocado con vistas al Primero de Mayo –Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios– para emplazar a la CEOE a reanudar ya la negociación del acuerdo marco salarial, que lleva en suspenso desde el verano pasado. Y lo hicieron apremiando a la patronal a dar una señal inequívoca en los próximos días y advirtiéndole de que su negativa significará el “entierro” de lo que ha funcionado durante 13 años como una buena herramienta para ordenar la negociación colectiva en una estructura productiva, destacaron, tan atomizada como la española.
La cuarta edición del acuerdo, que se firmó en 2018 y caducó en 2020, lleva por tanto tres años en el limbo, primero por la pandemia y después por la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la subida de los salarios durante la recuperación y más tarde por la crisis de precios que trajo la guerra en Ucrania. Si se deja morir el acuerdo marco de salarios, desaparecerá el principal instrumento del Diálogo Social que empezó a firmarse en 2010.
“No lo vamos a alargar indefinidamente o a permitir una negociación sin contenido que sirva de placebo sobre los convenios que aún están por firmar”, apremió Unai Sordo. En caso de que los empresarios no den muestras de que realmente quieren negociar, y no “juntarse a hablar, como en una tertulia” –precisó Sordo–, la respuesta sindical será aumentar la “intensidad” de las movilizaciones que ya comenzaron a convocar el otoño pasado en los sectores. “Y con las movilizaciones se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan”, avisó el líder de CCOO, quien mencionó las protestas contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. “Las movilizaciones sociales calan en función de variables que son muy difíciles de prever”, aseguró. A las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de convocar una huelga general, tanto Sordo como Álvarez dejaron claro que la patronal debe decidir qué escenario quiere: si una negociación colectiva “ordenada y ágil” u otra “más desordenada y sin recomendaciones [sobre subidas salariales]”.
Ruptura lenta
Sindicatos y patronal han mantenido contactos informales en los últimos meses, pero sólo una reunión como tal el pasado 22 de marzo. Entonces quedaron en volver a verse en la primera quincena de abril, después de Semana Santa. Esa cita no ha llegado a producirse. Según explicó Unai Sordo, en todo este tiempo no ha habido “una negociación en profundidad” que permita “atisbar ni remotamente un acuerdo, no hay una posición seria de la CEOE”. El año pasado, cuando las conversaciones quedaron en suspenso, fueron las cláusulas de revisión salarial las que impidieron el acuerdo. La patronal no quería ni oír hablar de subir los salarios tanto como lo estaba haciendo la inflación, que en julio alcanzó el 10,8%. En marzo de este año, el IPC ha caído hasta el 3,3%, pero la CEOE se mantiene reacia a firmar un acuerdo en el que los sindicatos continúan exigiendo el reparto “justo y equitativo” de unos márgenes empresariales considerados “beneficios de usura”, en palabras de Pepe Álvarez. Su presidente, Antonio Garamendi, pedía sustituir el IPC por “indicadores económicos cuantificables y medibles”, como la productividad, el empleo, el comportamiento del PIB, la competitividad y los resultados de las empresas
El pasado enero, CCOO recogió el guante y propuso una cláusula que ligue una parte de la subida salarial a la inflación y otra a los beneficios reales de las empresas y los sectores, medidos con un índice que el Gobierno debería elaborar a partir de los datos recopilados por la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social. La última oferta sindical se concretaba en un 5% de alza salarial para 2022, el 4,5% para este año y el 3,75% para 2024. La patronal también la rechazó.
Mientras, el Ministerio de Economía ha anunciado la creación de un Observatorio de Márgenes Empresariales, que tampoco ha despertado el entusiasmo de los empresarios. “Si es para controlar, intervenir o para decidir si esto es bueno o malo, para empezar a meter impuestos a la carta como a la banca y a las eléctricas, no nos parece bien”, reaccionó Garamendi.
CCOO y UGT también han emplazado al Gobierno. “Si no hay reparto de los costes de la crisis media la subida de los salarios, debe haberlo mediante los impuestos y las transferencias a las familias”, instó Unai Sordo. De ahí que los sindicatos reclamen al Ejecutivo que “toque” el Impuesto sobre Sociedades para establecer un tipo mínimo. También que no renuncie al control de precios en la vivienda, los alquileres y los productos básicos.
Más negociaciones
Además, hubo lugar para que Pepe Álvarez llamara a las organizaciones de autónomos y de pequeñas empresas para que “presionen” a las grandes corporaciones, que según dijo son las que “subcontratan su actividad y se quedan con una parte importante del beneficio”, en lugar de ver el problema en la subida del salario mínimo.
En el tintero del Diálogo Social aún queda igualmente el Estatuto del Becario, para el que casi se cerró un acuerdo el pasado mes de octubre con el Ministerio de Trabajo, pero cuya negociación se reabrió en un intento por sumar a la patronal. La última reunión se celebró el pasado 30 de marzo. Según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la intención del Gobierno es mantener las prácticas extracurriculares, que en principio quería eliminar. La CEOE quiere que sigan existiendo, mientras que los sindicatos denuncian que es en ese modelo de becas donde se produce el mayor volumen de fraude. “En el caso de que la CEOE no responda a la última propuesta de Trabajo, el Gobierno debe volver al punto de partida, el acuerdo que ya tenía con los sindicatos”, zanjó Pepe Álvarez.
CCOO toma la palabra a CEOE y plantea subir sueldos con los datos de beneficios declarados a Hacienda
CCOO y UGT, que alabaron la Ley de Vivienda y criticaron el “populismo fiscal de derechas” que reclama bajadas de impuestos al tiempo que “arruina” los servicios públicos, pidieron el voto para organizaciones progresistas en las próximas elecciones –“no somos neutrales ni equidistantes”, dijo Sordo–, pero sin precisar más.
Conflictos laborales internos
Sordo y Álvarez también contestaron a las preguntas de los periodistas sobre los conflictos laborales desatados dentro de sus propias organizaciones. La plantilla de UGT llevó a cabo protestas en toda España el pasado día 12 contra las subidas salariales que les ha planteado la dirección del sindicato: el 2,8% para 2022 y el 2,5% para este año, no sólo por debajo de la inflación, sino incluso por debajo de lo que UGT reclama a la CEOE en el acuerdo marco salarial. Y los trabajadores de CCOO en Galicia se declararon en huelga el pasado enero para pedir un nuevo convenio colectivo, porque lo tienen congelado desde 2014, además de mejoras salariales: sólo les subieron el sueldo un 1,9% en 2019.
“Un sindicato no es una empresa, no tenemos beneficios ni plusvalías”, explicó Unai Sordo, “no nos lucramos, administramos los recursos que proceden de nuestros afiliados”. Como ambas organizaciones, debido a la crisis de precios, han congelado las cuotas que pagan sus militantes, también han tenido que echar mano de “contención salarial” con sus propios trabajadores. El conflicto subsiguiente, añadió, lo están “gestionando” y “resolviendo”. “No es eso de ‘en casa del herrero, cuchillo de palo”, justificó.
“Los plazos se están agotando”. “Esto se acaba”. “Se nos ha acabado la paciencia”. Los secretarios generales de los dos sindicatos más representativos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, aprovecharon la presentación del lema de las 73 manifestaciones que han convocado con vistas al Primero de Mayo –Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios– para emplazar a la CEOE a reanudar ya la negociación del acuerdo marco salarial, que lleva en suspenso desde el verano pasado. Y lo hicieron apremiando a la patronal a dar una señal inequívoca en los próximos días y advirtiéndole de que su negativa significará el “entierro” de lo que ha funcionado durante 13 años como una buena herramienta para ordenar la negociación colectiva en una estructura productiva, destacaron, tan atomizada como la española.