Una de las preocupaciones del Gobierno de coalición es cómo gastar eficazmente 72.000 millones de euros de ayudas directas hasta 2023, una cantidad derivada de los fondos europeos por valor de 750.000 millones a raíz del pacto tras la histórica Eurocumbre que tuvo lugar entre el 17 y el 21 de julio para combatir la crisis del coronavirus. A España le corresponde esa cuantía, y después podría optar a otros casi 70.000 millones en préstamos asequibles. Un éxito político y diplomático que, sin embargo, no está exento de fake news a pesar de que las contrapartidas de las transferencias y los créditos continúa negociándose a tres bandas entre el Consejo, la Comisión Europea y la Eurocámara.
Uno de los mantras que más se repiten entre los detractores del Gobierno con relación a los fondos de reconstrucción es el de la condicionalidad: Europa obligaría a hacer duras reformas similares a las de la anterior crisis a cambio de percibir el maná multimillonario. El último en este sentido ha sido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Preguntado por La Vanguardia acerca de la reforma laboral que el Ministerio de Trabajo quiere negociar cuanto antes con los agentes sociales, Garamendi corrigió y habló de una "contrarreforma". El líder patronal defendió la negociación colectiva, aludió a la situación de "bares" y "comercios" y se refirió a la condicionalidad."
"Hay que tener tranquilidad para hablar de la reforma laboral", dijo. "Tratarla con más calma. Pero debemos tener presente que estamos hablando de 140.000 millones que vienen de Europa y nadie se está queriendo acordar de que Europa nos está diciendo que hay que emprender también reformas, sobre las pensiones o la modernización del mercado laboral".
La realidad es que jamás se ha sugerido algo parecido desde que en verano se alcanzara el acuerdo en el Consejo Europeo, a pesar de los deseos de los países frugales (Austria, Suecia, Dinamarca, Países Bajos). "La evaluación de la Comisión considerará si las inversiones y reformas contienen, entre otras, medidas que contribuyan eficazmente a la transición verde y digital", indica a infoLibre un portavoz de la Comisión Europea. También habrá, añade el portavoz, apuntes o apercibimientos a cada Estado miembro en función de los "desafíos identificados en las recomendaciones específicas de cada país"; y además, los planes de recuperación y resiliencia -presentados antes del 15 de octubre- deberán "reforzar el crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social" de cada uno de los 27 miembros de la UE.
En otras palabras, no existe ninguna referencia a ajustes, que en la jerga bruselense significaron durante toda la pasada década recortes presupuestarios para encajar la deuda y el déficit con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las directrices del pacto han quedado suspendidas por parte del Ejecutivo comunitario que preside Ursula Von der Leyen al menos hasta 2022. Esta decisión es la que ha permitido al Gobierno suprimir temporalmente la regla del gasto a las distintas administraciones públicas territoriales durante el mismo periodo para que puedan gastar lo que consideren y dispongan.
La suspensión de las reglas fiscales comunitarias impiden cualquier tipo de reforma laboral o de las pensiones al menos durante dos años. Pero es que además la intención de derogar, parcial o totalmente, la reforma laboral de 2012 por parte de Trabajo responde a criterios políticos: ya antes de la pandemia y del decreto de estado de alarma, las negociaciones para derogar parte de la reforma laboral estaban muy avanzadas en marzo pasado. Además, las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre pensiones han pasado todos los trámites con una unanimidad en el Congreso y el Senado rara vez vista en los últimos tiempos, por lo que la posibilidad de reformar las pensiones en España parece muy remota.
"El instrumento de recuperación y resiliencia tiene como objetivo apoyar las reformas e inversiones en la UE, para hacer nuestras economías más verdes, más digitales y más resilientes", agrega el portavoz de la Comisión Europea. "Permitirá que la Unión se recupere de forma equilibrada, progresista y sostenida". Según la Comisión, "corresponde a los Estados miembros proponer las diversas reformas e inversiones que quieran emprender, en función de su situación nacional. Esto realmente debe ser una iniciativa de los Estados Miembros".
Historia de la "condicionalidad"
El pasado acuerdo de julio multiplicó los comentarios sobre las reformas a acometer a cambio del dinero europeo. Pero a pesar de que la referencia existió, nunca hubo ninguna alusión directa a ningún tipo de medida concreta. Según el punto número 23 del texto, habría un "régimen de condicionalidad para proteger el presupuesto de la UE y los fondos del plan Next Generation. En este contexto, la Comisión propondrá medidas en caso de infracciones que serán adoptadas en el Consejo por mayoría cualificada".
En septiembre el Ejecutivo comunitario envió a los Veintisiete una guía con recomendaciones antes de remitir sus borradores presupuestarios. La guía no tiene nada que ver con los últimos diez años de reformas y ajustes. Ni pide tocar pensiones o mercado de trabajo.
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Las recomendaciones de la Comisión Europea gravitaban en torno a tres ejes. "La aplicación de leyes anti-blanqueo, anti-fraude y anticorrupción", las reformas "vinculadas a mejorar el clima de negocios, a una eficaz Administración Pública y un eficaz sistema judicial" que incluye el respeto al Estado de derecho por el cual Polonia o Hungría se hayan en el ojo del huracán y, tercero, la lucha contra la evasión fiscal.
Pero el Parlamento Europeo ni siquiera está de acuerdo con la mención de "condicionalidad" en el acuerdo de julio, y presiona en las reuniones trilaterales al Consejo (presidido por el belga Charles Michel) para suprimir esa referencia. Una amplia mayoría está a favor, y al frente de esa batalla está la eurodiputada socialista vasca Eider Gardiazábal.
En estos momentos hay una lucha entre, por un lado, Hungría y Polonia contra el resto para que el reparto de fondos no vaya condicionado al cumplimiento del Estado de derecho (y Bruselas ya ha dicho que no ve ningún problema ni en la reforma del CGPJ ni en el plan del Gobierno contra las fake news, por citar dos casos relacionados con el Estado de derecho); por otro lado, la negociación entre los países frugales y el resto se sigue produciendo entre bambalinas, aunque la balanza no se decanta desde luego del lado de los guardianes de la ortodoxia fiscal. Ni tampoco del lado del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi.