El Gobierno ha presentado una propuesta, previo pacto entre PSOE y Unidas Podemos y con el aprobado de Bruselas, que elevará los ingresos del sistema público para financiar la mejora de las pensiones y afrontar la jubilación de los baby-boomers. No habrá recortes ni pérdida de derechos, subrayan, pero sí hará falta afrontar un mayor gasto; por tanto, serán necesarios más recursos. Esta segunda parte de la reforma de las pensiones, necesaria para cumplir con los compromisos del Plan de Recuperación, incorpora así la mayor parte de los planteamientos defendidos tanto por los sindicatos como por los socios de la investidura: reforzar los ingresos para garantizar, por un lado, la sostenibilidad del sistema y, por otro, la suficiencia de las pensiones, revalorizándolas con el IPC, mejorando las mínimas y cubriendo lagunas de cotización. Pero se ha dado de bruces con el feroz rechazo de la patronal, puesto que el Gobierno plantea que ese aumento de los ingresos se consiga elevando las cotizaciones que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social.
Fuentes de la Vicepresidencia segunda y de Unidas Podemos cifran en unos tres puntos porcentuales del PIB el aumento que sufrirá el gasto público en pensiones hasta 2050: pasará del 12% del PIB actual al 15,5% en esa fecha. Cada vez habrá más jubilados y sus pensiones serán más altas; además, si la inflación sigue en los niveles actuales, actualizarlas saldrá más caro y, finalmente, las medidas incluidas en la reforma para cubrir lagunas de cotización, cerrar la brecha de género y mejorar las pensiones mínimas tienen un coste adicional. “La financiación de ese aumento del gasto se basará en las aportaciones que hagan las empresas por los salarios más altos”, explican. En concreto, los que se sitúan por encima de la actual base máxima de cotización: 53.946 euros anuales.
Hasta ahora, todo lo que un trabajador cobra por encima de esa cantidad no cotiza a la Seguridad Social. El Ejecutivo quiere que ese tope vaya subiendo de forma progresiva entre 2024 y 2050, sumando a la subida anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Pero la pensión máxima para esos salarios aumentará menos: lo que crezca el IPC más un alza de 0,0115 puntos porcentuales. Con ese decalaje entre base máxima y pensión máxima se pretenden conseguir recursos adicionales para mejorar las pensiones. “Así nos alinearemos con los países de nuestro entorno: la base máxima en Italia supera los 8.000 euros mensuales y la media de la UE está en 6.000 [4.495,50 euros en España]”, apuntan las citadas fuentes.
Además, el Gobierno propone cobrar desde 2025 una cuota de solidaridad sobre la parte del salario que supere la base máxima. Empezará siendo del 1%, pero crecerá a un ritmo de 0,25 puntos anuales hasta llegar al 6% en 2045. Se aplicará sólo sobre la cantidad que exceda de esos 53.946 euros anuales, precisan fuentes del Ministerio de Seguridad Social, no sobre el salario total.
“La más redistributiva”
Según subrayan las fuentes de la Vicepresidencia y de Unidas Podemos, se trata de “obtener recursos procedentes de los beneficios empresariales gravando los salarios más elevados”. De hecho, aseguran que la reforma de las pensiones conseguirá la “redistribución de renta, del capital a los salarios, que no ha sido posible con la reforma fiscal que no se ha llegado a aprobar, la mayor redistribución junto con la reforma laboral y la subida del salario mínimo”. Las fuentes no dudan en considerar la reforma “un giro copernicano en la concepción del sistema de pensiones”, al tratarse de un acuerdo “volcado en los ingresos”. Por ese motivo, también han destacado que sea ésta la “primera vez que la Unión Europea asume que el problema [del sistema público de pensiones] no es el gasto”.
El aumento de ingresos también requiere cambios en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), creado en 2021 y en vigor desde el pasado mes de enero. Destinado a sustituir al Factor de Sostenibilidad de la reforma aprobada por el PP en 2013, consiste en un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social del 0,6% –0,5% pagado por la empresa y 0,1% por el trabajador–. La recaudación engrosará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, pensado para hacer frente a tensiones de gasto, las que se producirán por la jubilación de los baby-boomers, por ejemplo. La propuesta del Gobierno ahora es aumentar ese recargo de forma progresiva, desde el 0,6% actual hasta el 1,2% en 2029, a razón de una décima anual.
“Voracidad recaudatoria” y costes laborales
El cambio de enfoque ha sido saludado por CCOO y UGT, pero demonizado por la CEOE, que critica la “voracidad recaudatoria” del Gobierno y tacha de “populistas” sus propuestas. En un comunicado muy duro para expresar su “más frontal oposición” al diseño de la reforma de las pensiones que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó este viernes a sindicatos y patronal, la CEOE rechaza que se haga recaer “el sostenimiento del sistema en los trabajadores y las empresas”, mediante una subida “generalizada de cotizaciones” que, advierte, “mermará los salarios”, aumentará los costes laborales y pondrá en peligro la creación de empleo.
La patronal llega a asegurar que el acuerdo con Bruselas es una “cesión de soberanía sin precedentes” y que la reforma se ha elaborado “sin el necesario debate y diálogo social”, además de vulnerar el Pacto de Toledo y carecer de un análisis de impacto. Es más, la CEOE advierte de que el aumento de cotizaciones previsto “socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales”. Es un claro aviso a navegantes. Precisamente, el próximo lunes, los empresarios están citados con los sindicatos para reanudar las negociaciones del Acuerdo Nacional de Salarios, suspendidas el pasado mes de mayo. La intención de CCOO y UGT es reclamar subidas salariales del 5% para 2022, el 4,5% para 2023 y el 3,75% para 2024. También piden una cláusula de revisión salarial –el motivo que bloqueó la negociación el año pasado–, que además de garantizar el poder de compra de los salarios incluya un indicador que refleje los beneficios de las empresas y sectores.
El Ministerio de Seguridad Social, en cambio, rebaja el impacto que el aumento de las cotizaciones tendrá en los costes laborales por hora. Según sus cálculos, el máximo efecto se producirá en 2050, pero no superará los 37 céntimos, un aumento del 1,6%. En 2030, el impacto será sólo de 23 céntimos. “Son niveles que preservan la competitividad de las empresas españolas, con costes laborales por hora que se sitúan 10 euros por debajo del promedio de la zona euro, 15 euros por debajo de Francia o 14 euros por debajo de Alemania”.
En la misma dirección que la patronal ha formulado su crítica el PP. “El camino debería ser justo lo contrario”, sostuvo el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, tras criticar el aumento de cotizaciones propuesto por el Gobierno que, en cualquier caso, “no asegura la sostenibilidad de las pensiones”. Por el contrario, ERC ha alabado la apuesta por mejorar los ingresos de la Seguridad Social como una garantía del futuro de las pensiones, como también la subida de las pensiones mínimas y los cambios respecto a las lagunas de cotización, que a su juicio “reparan injusticias de género”.
La ampliación del periodo de cálculo no será neutra
La medida más polémica de la reforma inicial presentada el pasado noviembre por el ministro Escrivá fue la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. Entonces pretendía aumentarlo de los 25 años actuales a 30, pero descartando los dos peores años de cotización. La iniciativa suscitó el rechazo inmediato tanto de Unidas Podemos y de los socios de la investidura como de los sindicatos. Así que ahora se ha optado por dejar a la libre elección del trabajador si quiere utilizar el periodo de cómputo en vigor, 25 años, o si prefiere ampliarlo a 29 años descartando los dos peores. Esta fórmula no se empezará a aplicar hasta 2026.
Tras presentar su primer diseño, José Luis Escrivá repetía que la ampliación del periodo de cálculo era “neutra” para el conjunto del sistema: ni aumentaría ni recortaría el gasto. El ahora planteado, en cambio, no lo será, admiten fuentes de la Vicepresidencia y de Unidas Podemos. “Implicará un cierto coste, pero será inferior al diseño de ingresos”, apuntan sin desvelar la cuantía.
El retraso de la negociación política y sindical coloca la reforma de las pensiones en el avispero electoral
Tampoco precisan el aumento de gasto que supondrá otra de las medidas estrella de la reforma, la mejora de las pensiones mínimas con una fórmula similar a la que se utiliza para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Las mínimas contributivas se subirán de forma progresiva hasta que alcancen el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos, mientras que las no contributivas deberán igualar en 2027 el 75% del umbral de pobreza calculado para un hogar unipersonal. Unos 2,64 millones de personas cobran en España pensiones mínimas –por debajo de 783 euros– y no contributivas –las que perciben quienes no han cotizado 15 años–.
Además, la reforma permitirá cubrir lagunas de cotización para quienes, sobre todo mujeres, no hayan podido contribuir porque abandonaron el mercado laboral en algún momento de su carrera profesional. Esos vacíos se compensarán con el 100% de la base mínima los primeros cuatro años y con el 50% a partir de ese plazo. Finalmente, se aumenta un 10% el complemento de brecha de género en las pensiones.
El próximo lunes volverá a reunirse la mesa del Diálogo Social para analizar los detalles de la propuesta del Gobierno y solventar las “carencias” que aún ven los sindicatos. Mientras, el Ejecutivo deberá convencer al resto de sus socios en el Congreso –PNV, EH-Bildu, ERC, BNG, Compromís, Más País— de las bondades de la reforma. El plan del Ejecutivo es aprobar un real decreto-ley de forma inmediata, que deberá ser convalidado en la Cámara Baja. Una vez validado por Bruselas, quedará liberado el siguiente pago de los fondos de recuperación, 10.000 millones de euros.
El Gobierno ha presentado una propuesta, previo pacto entre PSOE y Unidas Podemos y con el aprobado de Bruselas, que elevará los ingresos del sistema público para financiar la mejora de las pensiones y afrontar la jubilación de los baby-boomers. No habrá recortes ni pérdida de derechos, subrayan, pero sí hará falta afrontar un mayor gasto; por tanto, serán necesarios más recursos. Esta segunda parte de la reforma de las pensiones, necesaria para cumplir con los compromisos del Plan de Recuperación, incorpora así la mayor parte de los planteamientos defendidos tanto por los sindicatos como por los socios de la investidura: reforzar los ingresos para garantizar, por un lado, la sostenibilidad del sistema y, por otro, la suficiencia de las pensiones, revalorizándolas con el IPC, mejorando las mínimas y cubriendo lagunas de cotización. Pero se ha dado de bruces con el feroz rechazo de la patronal, puesto que el Gobierno plantea que ese aumento de los ingresos se consiga elevando las cotizaciones que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social.