El pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado, con sólo ocho votos en contra y tres abstenciones –de 54 emitidos–, un dictamen sobre la reforma de las pensiones que pide al Gobierno la retirada de su propuesta de sustituir el IPC por un índice de revalorización que hará perder poder adquisitivo a los jubilados. “Es una llamada de atención al Gobierno”, resumió el responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. El texto no sólo contó con el apoyo de CCOO y UGT, sino también de la CEOE.
Votaron en contra los seis expertos nombrados por el Gobierno, que habían presentado 10 enmiendas al texto previo que se había aprobado en comisión, tras casi dos semanas de negociaciones entre los tres grupos que conforman el CES. En este órgano consultivo están representados los sindicatos, la patronal, las cofradías de pescadores, las organizaciones de agricultores, las cooperativas, las empresas de la economía social, los consumidores y la Administración. Su dictamen, pedido por el Gobierno, es preceptivo pero no vinculante. No obstante, el CES pide al Ejecutivo que, en vista del amplio consenso alcanzado y de la trascendencia del asunto, “lea adecuadamente el mensaje”, aunque lo reciba sólo unas pocas horas antes de que apruebe mañana el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros.
El documento definitivo no sólo reprocha al Gobierno la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán las pensiones si se aplica el mencionado índice de revalorización, según la Seguridad Social tenga déficit o superávit. También destaca lo difícil que será recuperar ese poder adquisitivo y recomienda al Ejecutivo que establezca elementos adicionales “de corrección” que “modulen” el índice de revalorización.
El dictamen critica, además, que la reforma sólo tenga en cuenta las variables demográficas que afectan a la evolución del gasto del sistema de pensiones, pero no haga mención alguna a la evolución de los ingresos. Y pide al Gobierno que estudie vías alternativas de financiación para la Seguridad Social.
La importancia del plazo
Las 10 enmiendas de los expertos que representan a la Administración intentaban suavizar el texto, suprimiendo lo que consideraban “expresiones que transmiten alarma”, pero también pretendía que se suprimiera la solicitud al Gobierno para que retire el índice de revalorización. Sólo consiguieron que el pleno aprobara dos enmiendas. La primera eliminó una apelación a “recuperar el Diálogo Social”, porque “no se ha roto”, argumentaban los expertos del Ejecutivo.
Sin embargo, el dictamen no deja de afearle al Gobierno las prisas con que ha remitido a los agentes sociales el anteproyecto de ley, así como el hecho de que el CES lo esté examinando cuando aún deberá sufrir modificaciones durante su tramitación parlamentaria y la negociación con los agentes sociales.
La segunda enmienda consiguió limar el párrafo donde el CES asegura que la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en momentos de crisis no llegará a recuperarse. Ahora el dictamen matiza que “en principio” no llegará a recuperarse, y recomienda al Gobierno que establezca medidas complementarias para recobrarlo “cuando las circunstancias lo permitan, en el medio o largo plazo”.
El representante de UGT en el pleno, Frederic Monell, anunció que su sindicato presentará un voto particular porque ese añadido “no responde a la idea del dictamen”. “Decir que el poder adquisitivo se recuperará a medio y largo plazo es lo mismo que decir que no se va a recuperar”, protestó Monell.
"Cuando sea posible"
Sin embargo, el vicepresidente de la CEOE Javier Ferrer mencionó expresamente ese retraso en la compensación de la capacidad adquisitiva de las pensiones como una de las razones de su apoyo al dictamen final: “Estamos de acuerdo [con que se recupere el poder de compra], pero cuando sea posible, y deseamos que sea pronto”. A la patronal no parece incomodarle que el dictamen pida al Ejecutivo la retirada del elemento más polémico de su reforma, el índice de revalorización. “No vamos a decirle al Gobierno lo que tiene que hacer”, justificó Ferrer el voto de la CEOE, “pero sí le hemos mencionado que existen otras posibilidades distintas a las del anteproyecto de ley y que debería contemplarlas”.
Porque contra lo que sí se han manifestado su rechazo los empresarios es la subida de las bases máximas de cotización que acaba de anunciar el Ministerio de Empleo. Una medida ya prevista en la Ley 27/2011, la última reforma de las pensiones, que contó con el apoyo de patronal y sindicatos pero recibió el voto en contra en el Parlamento del PP. La subida, en cambio, cuenta con el beneplácito de los sindicatos, dispuestos a discutir cualquier iniciativa para aumentar los ingresos de la Seguridad Social.
Voto particular de los expertos del Gobierno
Los agricultores perderán 1.041 euros anuales de poder adquisitivo por la reforma de las pensiones
“El dictamen carece de soporte técnico adecuado, es un informe político”, argumentó el no de los expertos del Gobierno su portavoz, Juan Iranzo, quien fue hasta el pasado marzo vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la CEOE. A su juicio, no se pueden poner obstáculos al ajuste fiscal, es necesario abandonar la vinculación al IPC de las pensiones y los salarios, y no se pueden obviar las “recomendaciones” de la Unión Europea.
De ahí que, además, el grupo de expertos vaya a presentar un voto particular. “Para nosotros es irrenunciable que se elimine la petición al Gobierno de que retire el índice de revalorización de las pensiones”, resaltó Iranzo. Otro de los representantes del Ejecutivo en el CES, el catedrático de la Universidad de Valencia José María Goerlich, presentará también otro voto particular, a título individual, por el mismo motivo.
Los representantes del sindicato vasco ELA-STV y del gallego CIG se abstuvieron porque, aunque les satisface la crítica al Gobierno del dictamen, no comparten su contenido. Tampoco apoyaron la reforma de 2011.
El pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado, con sólo ocho votos en contra y tres abstenciones –de 54 emitidos–, un dictamen sobre la reforma de las pensiones que pide al Gobierno la retirada de su propuesta de sustituir el IPC por un índice de revalorización que hará perder poder adquisitivo a los jubilados. “Es una llamada de atención al Gobierno”, resumió el responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. El texto no sólo contó con el apoyo de CCOO y UGT, sino también de la CEOE.