La CNMV lanzó en 2019 más de 300 advertencias sobre 'chiringuitos financieros'

Los avisos sobre la existencia de chiringuitos financieros se han convertido en una práctica habitual de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) durante los últimos años. Sólo el pasado mes de enero, el supervisor bursátil emitió 41 advertencias propias sobre entidades que ofrecen o prestan servicios de inversión sin estar autorizadas para ello. Y a lo largo de 2019, último ejercicio completo, se lanzaron la friolera de 322 –casi uno al día–, cinco veces más que en el año anterior –63–. Estos datos reflejan una clara tendencia alcista durante la última década: 10 avisos en 2010, 32 en 2011, 32 en 2012, 13 en 2013, 23 en 2014, 38 en 2015, 25 en 2016 y 53 en 2017. Y evidencian el incremento de esfuerzos por parte del organismo presidido por Sebastián Albella para frenar la proliferación de unas empresas que casi siempre operan de forma transfronteriza a través de Internet y a las que resulta “especialmente complicado” abrir expediente sancionador por los continuos cambios de “nombre, dirección física o web y responsables”, según explican desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Las advertencias sobre entidades no registradas se llevan realizando, prácticamente, desde el nacimiento del supervisor bursátil. “En un principio se difundían cuando se abría un expediente sancionador, pero posteriormente, en 2003, con la irrupción de nuevos canales, se vio la necesidad de adelantar dicha publicación al momento en que se apreciaban indicios de que una entidad podía estar ofreciendo servicios de inversión para los que hace falta una autorización”, señalan a infoLibre fuentes de la CNMV. Los avisos propios no son los únicos que se encarga de emitir el organismo. Desde el año 2002, también se hace eco de todos los que lanzan los supervisores pertenecientes a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés) y a la Autoridad Europea de Valores (ESMA, por sus siglas en inglés) que puedan tener incidencia en España. “Estas entidades, que casi siempre operan a través de Internet, tienen una actuación transfronteriza”, apuntan desde la CNMV. 

El primer paso que da el supervisor bursátil español cuando tiene indicios de que una firma está prestando servicios para los que hace falta autorización es dirigir a la entidad un requerimiento de información. En caso de que no haya respuesta o no resulte satisfactoria, explica la Comisión Nacional del Mercado de Valores, “inmediatamente” se publica el aviso “para que los potenciales inversores conozcan los riesgos”. “Hay otros factores adicionales que consideramos para fundamentar la necesidad de advertencia, como que prometa rentabilidades, que pretenda vender productos complejos...”, añaden fuentes de la CNMV, que afirman que las dos principales vías para detectar la existencia de estos chiringuitos son las informaciones que les llegan a través de los inversores –ya sea por reclamaciones, consultas o whistleblowing– o medios de comunicación y las investigaciones que lleva a cabo su propio Departamento de Inversores, que tiene que adaptarse continuamente a los “cambios y nuevas tendencias” con las que van operando estas entidades de inversión sin autorización.

Así, el equipo del supervisor bursátil presta cada vez mayor atención a las “redes sociales” e “Internet” tras detectar “una creciente actividad por estos canales”. “Antes, las vías de contacto más utilizadas por estas empresas eran el contacto telefónico o presencial”, detallan. No es el único cambio apreciado durante los últimos años. También destacan los negocios basados en las criptodivisas o todo tipo de criptoactivos y la proliferación de las “entidades llamadas clones”, que tratan de “captar clientes utilizando el mismo nombre que otras completamente legales aprovechándose de su situación”. “Si en las labores de supervisión de entidades no registradas se detecta un fraude o indicio de fraude, se pone en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que ejerzan sus competencias”, aseveran desde la CNMV.

La dificultad de cazar a los responsables

La lucha contra los chiringuitos financieros fue una de las prioridades que se marcó el supervisor bursátil en su último Plan de Actividades, el relativo al año 2019. Porque el organismo presidido por Albella consideraba necesario “reforzar la persecución” de estas entidades no autorizadas y “contribuir a una adecuada coordinación de los medios públicos destinados a evitar fraudes financieros”. Con este objetivo en mente, se planteó la firma de un convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, las propuestas no se quedaron ahí. La Comisión Nacional del Mercado de Valores también puso sobre la mesa la posibilidad de desarrollar o adquirir nuevas herramientas informáticas específicas para la detección. Y se propuso contratar a una empresa externa para que colaborara con el supervisor mediante técnicas de mystery shopping –un profesional que se hace pasar por cliente– en investigaciones concretasmystery shopping. Entre ellas, las centradas en la obtención de información sobre la actividad de entidades no autorizadas.

Los lazos con Guardia Civil y Policía Nacional se estrecharon en marzo y julio, respectivamente. A través de la firma de un convenio, ambos cuerpos se comprometieron a informar a la CNMV sobre las empresas que sin autorización “pudieran estar cometiendo o haber cometido infracciones de normas de ordenación y disciplina de los mercados de valores”, así como a comunicar “la incoación de procedimientos judiciales” previa información y consentimiento del Ministerio Fiscal. El supervisor, por su parte, adquirió el compromiso de trasladar, tanto a la Jefatura de Policía Judicial como a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Instituto Armado, “los hechos que puedan constituir indicio o prueba de fraude financiero” cometido por personas no autorizadas para actuar en los mercados de valores, además del “número de consultas o reclamaciones que haya habido sobre hechos constitutivos del potencial delito”. El acuerdo también incluía la creación de una comisión de seguimiento con miembros de la Guardia Civil y otra con altos cargos de la Policía Nacional.

El trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra los chiringuitos financieros se ha intensificado en los últimos años. La última gran operación se produjo en julio de 2018, cuando la Policía Nacional, alertada por una denuncia de estafa, detuvo a seis personas en el marco de una operación contra dos empresas que, sin contar con licencia, se dedicaban a la intermediación en bolsa y productos financieros. En total, se cifró el perjuicio económico por encima del millón de euros. La caída de esta entidad no autorizada se sumó a la desarticulación, un par de meses antes, de otra red que habría estafado unos 2,5 millones. Fueron detenidas 79 personas, entre las que se encontraban los máximos dirigentes y la mayoría de brókeres, instruidos a base de guiones para poder dar respuesta a cualquier cuestión que les fuera planteada. La operativa de la trama era sencilla. Se creaban páginas web que resultaran atractivas con datos de contacto en el extranjero. Luego, una vez que la CNMV lanzaba su advertencia, se clausuraban y se abrían otras nuevas a las que transferían a los clientes.

Una de las principales de los últimos años se detectó a lo largo de 2017. En mayo, el supervisor bursátil avisó de que la firma ARC Global Trader SL, cuya persona vinculada como administrador único era el exfutbolista Raúl Cano Olivares, no contaba con autorización para prestar servicios de inversión. Y, casi un año después, la Audiencia Nacional ya había asumido la investigación contra el fundador del chiringuito financiero y varios de sus exdirectivos por una presunta estafa valorada en cerca de 17 millones de euros –el número de afectados ascendía entonces a más de 800–. Según señaló la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, la firma que prometía rentabilidades de un 4% semanal funcionaba como un “grupo criminal” con una estructura dividida en dos escalones –socios y comerciales– y con un modus operandi típico de las estafas piramidales: “Simulan la operativa de inversión, por lo que cuentan con la aprobación de la víctima, y se apoderan de lo especulado bajo la premisa de que las inversiones han sido infructuosas”.

Fernando Zunzunegui, experto en derecho bancario y bursátil y socio fundador de Zunzunegui Abogados, explica que las operaciones con este tipo de entidades no autorizadas tienen, además del natural de las actividades financieras, el riesgo añadido de la irregularidad y el posible fraude. Por eso, considera imprescindible que las autoridades “identifiquen” y clausuren “inmediatamente” las páginas web relacionadas con chiringuitos financieros: “Cada día que estén abiertas son un peligro para el ahorrador”. El experto en derecho bancario asegura que es “sencillo” para “la policía del mercado” localizar e “inutilizar” estas firmas. Principalmente, dice, porque “usan publicidad financiera”. A modo de ejemplo, Zunzunegui abre Google en el ordenador de su despacho y teclea tres palabras: “Alta, rentabilidad, inversiones”. Pulsa la tecla intro y aparecen multitud de anuncios ofreciendo servicios de estas características. Sin embargo, hay un problema: por cada web que es eliminada aparecen otras tantas que, en numerosas ocasiones, guardan vinculación con las clausuradas.

A esta primera medida habría que añadir, además, la apertura de un expediente sancionador. Como recuerda Zunzunegui, el hecho de operar sin la necesaria autorización constituye “una infracción muy grave”. Y las autoridades, continúa, están habilitadas para perseguir y castigar tanto a la firma como a los responsables. Sin embargo, no siempre es sencillo pescar a los peces gordos. “Hay veces en los que la empresa, aunque esté afincada en España, es una pantalla de otra que se encuentra fuera del país. Y en otros casos, los responsables últimos tienen a testaferros dispuestos a asumir una posible condena”, explica en conversación telefónica con este diario la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez. “Hay personas que se dedican de forma habitual a defraudar con chiringuitos financieros. Y lo hacen con un plan, ya sea manteniendo la distancia para no ser localizados o, en caso de ser identificados, cuidándose de no tener los bienes suficientes para hacer frente al daño causado”, completa el experto en derecho bancario y bursátil.

Fuentes de la CNMV explican a este diario que una vez que se lanza una advertencia, “en la mayoría de los casos” se “cierra” la página web. “Y si contamos con elementos suficientes, abrimos un expediente sancionador”, continúan. Sin embargo, completan, en muchos casos esto último se torna “especialmente complicado porque suelen cambiar de nombre, dirección física o de Internet, responsables...”.

El triunfo del ‘boca a boca’ y la educación financiera

El procedimiento de captación de inversores no es excesivamente sofisticado. Todo comienza, detallan desde Asufin, con una estrategia de “comercialización agresiva”. Al cliente se le prometen grandes ganancias. Y si no se le ve muy convencido, se le plantea la posibilidad de empezar con una pequeña suma de dinero. “Luego llega el registro en una página web con una apariencia de credibilidad muy grande. Una vez hecho esto, al inversor se le ofrece una imagen sobre la rentabilidad de sus ahorros que es falsa”, relata Suárez al otro lado del teléfono. Pasado un tiempo, continúa, al cliente se le permite recuperar la pequeña cantidad invertida: “Mete, por ejemplo, 1.000 euros y recupera 1.500”. Es, en ese momento, cuando decide poner toda la carne en el asador aumentando la inversión. Y, por supuesto, cuando arranca la fase del boca a boca. El cliente propaga los supuestos beneficios del sistema a sus familiares, compañeros de trabajo o vecinos. “Algunas ofrecen incluso una comisión si consigues traer a otras personas”, detallan desde Asufin.

Gracias a estas nuevas inversiones, la rueda continúa girando. Sin embargo, siempre llega un momento en el que pega un frenazo. Porque si hay algo que caracteriza a estos chiringuitos financieros, concreta Suárez, es que están pensados para “operaciones muy rápidas”. Por lo general, explica, consiguen mantenerse en funcionamiento unos pocos meses. Luego, estas web cierran y se cambian de nombre. Los que se han encargado de la comercialización, dejan de responder al teléfono. “Es entonces cuando salta la alarma y estas personas se dan cuenta de que han sido estafadas. Pero en ese momento, el dinero ya se ha esfumado. Y no es sencillo seguirle el rastro”, señalan desde Asufin. Recuperar entonces los ahorros de las víctimas se vuelve una tarea realmente compleja. En este sentido, hay que recordar que las entidades no autorizadas no se encuentran adheridas al conocido como Fondo de Garantía de Inversiones o de Depósitos, por lo que los inversores no están cubiertos ante una posible situación de insolvencia.

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Tanto Suárez como Zunzunegui ponen la educación financiera como uno de los principales diques de contención contra las malas prácticas de entidades no autorizadas. De hecho, la CNMV pone a disposición de los inversores una guía informativa para ayudar a esquivar esta clase de engaños. El documento comienza haciendo hincapié tanto en las técnicas de contacto como en las de persuasión de estas firmas. Sobre la primera cuestión, ponen el foco en las llamadas telefónicas –uno de sus métodos preferidos–, las cartas, el correo electrónico, los anuncios o las referencias personales, obteniendo los contactos habitualmente de “bases de datos” de las que “extraen direcciones de personas” que, por ejemplo, “han suscrito un determinado producto financiero”. En cuanto a la persuasión, el regulador alerta de las explicaciones incomprensibles, la presión psicológica o la insistencia para que se adopte una decisión inmediata, intentando convencer a la posible víctima de que “se trata de oportunidades únicas que no volverán a presentarse”.

Otra de las claves a tener en cuenta son las ofertas que se ponen encima de la mesa. “Prometen beneficios muy superiores a los que en cada momento puedan obtenerse de una inversión convencional, con un riesgo mínimo en comparación con las potenciales ganancias”, avisa el regulador bursátil, que recuerda que “la rentabilidad y el riesgo van unidos de forma inseparable” y que, por tanto, la posibilidad de obtener réditos elevados siempre implica asumir riesgos altos. Este es, sin duda, el principal gancho utilizado. Sólo hay que prestar atención, por ejemplo, al chiringuito financiero desarticulado en 2016 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el marco de la denominada operación Watermark: las rentabilidades que se ofrecían a las víctimas rondaban entre el 45% y el 50% anual con un riesgo mínimo. “Ahora la rentabilidad es negativa. Si te dicen que te ofrecen un tipo fijo al 5%, ¿de dónde lo sacan? Ninguna entidad de las reguladas te puede ofrecer el 5%”, apunta el socio fundador de Zunzunegui Abogados.

En su guía, la CNMV también avisa de que estas entidades no autorizadas “suelen exigir que el dinero se desembolse mediante ingreso en una cuenta corriente (a veces en el extranjero) a nombre de una sociedad no española”, mientras que las inversiones que ofrecen “suelen ser productos financieros complejos en mercados extranjeros”. Ante cualquier sospecha, el organismo supervisor recomienda que, antes de entregar el capital, se les solicite a ellos mismos información sobre la empresa a través de la Oficina de Atención al Inversor. Y si ya se ha entregado a algunas de estas entidades no autorizadas una suma de dinero, la CNMV recomienda estar atento a determinadas señales para intentar reaccionar cuanto antes: la persona de contacto se vuelve inaccesible, no atienden las solicitudes de reembolso o no facilitan ninguna información. En ese caso, se recomienda que se pongan los hechos en conocimiento del supervisor y se denuncie lo ocurrido ante la Policía o el juzgado correspondiente.