La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética —creado a instancias del Congreso de los Diputados—, que ha presentado este lunes las conclusiones de su trabajo al Gobierno, ha evidenciado las deficiencias del modelo fiscal español y ha apuntado a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos de la UE en materia de cambio climático. Así, ha propuesto sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales, es decir, que el que contamina paga.
De este modo, las simulaciones realizadas por la comisión apuntan a un abaratamiento significativo de la electricidad (casi del 7% para el consumidor doméstico) y a un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo; especialmente, del gasóleo (28,6%). Según el informe, estas modificaciones de precios serían "coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización" y alcanzables a medio plazo de forma gradual.
Dentro del apartado fiscal, la comisión propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables (eléctricas y biocombustibles) y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). Así como que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).
Además, sostiene que, en ausencia de una fiscalidad distorsionadora, "España se convertiría en un exportador neto de electricidad a Francia, ya que la mayor penetración de renovables en nuestro país, permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España".
Mix energético e inversiones
El documento expone que el gas natural jugará un papel importante en 2030, pero que su relevancia se reducirá en 2050, cuando la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento. Esto haría necesaria, según los expertos, una reflexión sobre las inversiones que será necesario acometer en los próximos años.
Igualmente, la comisión considera que la extensión de vida de las centrales nucleares supondría duplicar las emisiones de COen el sector eléctrico, incrementar el precio del mercado eléctrico en torno a un 20% y no aumentaría la cuota de renovables de forma significativa.
Arguye que si la vida útil de las centrales nucleares acaba al cumplir 40 años, con la actual rentabilidad de fondo que gestiona ENRESA y con la tasa que pagan las empresas titulares de instalaciones de generación, existirá un desequilibrio entre ingresos y gastos, que desaparecería simplemente alargando la vida de las centrales a 50 años.
Propone también que el Gobierno revise cuanto antes el Plan General de Residuos Radioactivos para reducir la incertidumbre que pesa sobre el equilibrio financiero del fondo con el que se cubrirá el futuro desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos.
Acerca de la generación con carbón, sostienen que el modelo refleja que la participación de esta tecnología en el mix eléctrico sería nula en 2030.
Además, contemplan la puesta en marcha de mecanismos de capacidad destinados a garantizar a las centrales eléctricas la recuperación de sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación, una opción que consideran "menos costosa para el consumidor" queconstruir centrales nuevas cuando se recupere la demanda de electricidad.
Revisión de los peajes de acceso
Asimismo sugiere la revisión de los peajes de acceso "para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara respecto de otros vectores energéticos alternativos (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables más eficientes” y que se suprima el actual peaje de respaldo (impuesto al sol).
Con respecto a las emisiones, los expertos destacan el alto grado de cumplimiento de los límites de emisiones referenciados a 2005 y del objetivo de eficiencia energética en todos los escenarios. Sin embargo, respecto al objetivo de renovables, señalan que su cumplimiento dependerá del grado de electrificación de la economía que se alcance, para la que consideran "fundamental" abordar la reforma de la fiscalidad y de los peajes de acceso.
De no alcanzarse el suficiente grado de electrificación, advierten, será preciso impulsar medidas de eficiencia energética adicionales (por ejemplo, en aislamiento térmico de edificios) e incluso potenciar las renovables no eléctricas (solar térmica o biocarburantes) a pesar de que ser más caras que las renovables eléctricas.
Otras medidas
La Comisión también realiza reflexiones y sugerencias en otros ámbitos de actuación como la movilidad, cuya política regulatoria, sostienen, debe orientarse a facilitar una transición eficiente hacia los vehículos con energías alternativas, sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan generar costes no recuperables y prestando especial atención al cambio en la fiscalidad, como instrumento imprescindible para facilitar la transición hacia la movilidad sostenible.
Asimismo, arguye que, para alcanzar en 2050 un alto nivel de descarbonización, será necesaria la reconversión energética del parque de edificios existente, así como políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria, como la inversión, exenciones fiscales o mediante empresas de servicios energéticos, centradas en medidas como la provisión de infraestructuras, el marco logístico y el refuerzo de la cadena de innovación nacional.
Recomiendan igualmente considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un Bono Social Energético, pero financiado desde los presupuestos generales del Estado.
En la misma línea, aboga por garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas, con la colaboración de todas las Administraciones Públicas competentes.
Finalmente, la Comisión propone contar con un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático, encargado de hacer una evaluación rigurosa, independiente y continuada de la transición en España.
Falta de reflexión crítica
Ecologistas en Acción ha considerado este lunes que el informe del Comité de Expertos “no aborda la cuestión sobre cuáles serían las reducciones necesarias para luchar contra el cambio climático” y, en su lugar, parece “más bien enfocado a cómo mantener el sistema de lucro económico de los actores empresariales más relevantes”.
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Así, ha denunciado que, “aunque es evidente la necesidad de reducir el consumo de energía no se establece ninguna simulación en ese sentido”. “Reconoce la necesidad de un cambio en el modelo de producción y consumo, pero se limita a la consecución de unos objetivos tan insuficientes como los que ha asumido el Gobierno español”, remarca.
En el mismo sentido, los ecologistas se muestran preocupados por “la parcialidad con la que se aborda la cuestión nuclear al no contemplar las cuestiones sobre seguridad, emisiones y costes de todo el ciclo nuclear” y reprochan a los expertos que, a pesar de reconocer la necesidad de impulsar “un sistema energético 100 % renovable cuanto antes”, sigan “confiando en un sistema oligopólico y en medidas fiscales que vulneran el principio de que quien contamina, paga”.
De este modo, concluyen que el informe “sigue apostando por medidas de mercado o financieras frente a la planificación, la regulación y la desinversión en combustibles fósiles que debería ser el centro de la actuación climática. Aunque reconocer la necesidad de mayor producción renovable es un paso importante, este informe se queda corto en cuanto a las medidas más transformadoras”.
La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética —creado a instancias del Congreso de los Diputados—, que ha presentado este lunes las conclusiones de su trabajo al Gobierno, ha evidenciado las deficiencias del modelo fiscal español y ha apuntado a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos de la UE en materia de cambio climático. Así, ha propuesto sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales, es decir, que el que contamina paga.