La Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) denuncia que las industrias lácteas actúan en España como un cartel que intercambia de forma “habitual y continuada” información “sensible” sobre precios, estrategias comerciales, ganaderos y excedentes. Ese reparto ilegal de datos entre empresas se ha materializado en “acuerdos concretos” para fijar –léase bajar– los precios que pagan a los ganaderos por la leche. El resultado: una “estrategia común” con la que controlan el mercado. Por tanto, una práctica contraria a la competencia, que se ha extendido de 2000 a 2013 y puede implicar para un total de 15 empresas lácteas y las asociaciones catalana y gallega del sector una multa millonaria de entre el 5% y el 10% de su facturación.
Ésa es la conclusión del expediente sancionador que la CNMC abrió a las industrias lácteas en julio de 2012 –al que ha tenido acceso infoLibre–, y frente al que ellas deben ahora presentar alegaciones. En 1997 el Tribunal de Defensa de la Competencia ya sancionó a 48 empresas y a la patronal Fenil con 1.200 millones de pesetas –unos siete millones de euros– por distribuir una circular que recomendaba precios. Entonces fue la mayor multa jamás impuesta por ese organismo. Además, la industria es reincidente: según denuncian las organizaciones agrarias, desde abril las empresas han bajado al unísono tres céntimos el precio que pagan a los ganaderos.
Ganaderos cautivos
Ante la perspectiva de una multa tan cuantiosa, las empresas han emprendido gestiones con el Ministerio de Agricultura en un intento por llegar a algún tipo de compromiso que les permita mitigar daños, según las fuentes consultadas. Un portavoz del departamento que ahora encabeza Isabel García Tejerina no ha querido hacer ningún comentario al respecto: “Está en manos de Competencia”. Tampoco Fenil ha querido hablar con infoLibre sobre la investigación de la CNMC, puesto que la patronal no ha sido investigada. Por su parte, fuentes de Leche Pascual niegan haber cometido “infracción alguna de la normativa de competencia” y aseguran que están “colaborando” con Competencia. Central Lechera Asturiana no ha querido hacer ningún comentario sobre el tema, mientras que Danone y Puleva no han contestado a las solicitudes de información de este periódico.
Hasta el momento, las mayores sanciones impuestas por Competencia han recaído en las aseguradoras –120,7 millones de euros– en 2009 y en Telefónica, Vodafone y Orange –120 millones– en 2012.
El llamado “pliego de concreción de hechos” donde se detallan y califican estas prácticas fue completado el pasado 19 de marzo y lo firma la entonces subdirectora de la CNMC, Beatriz de Guindos (sobrina del ministro de Economía), en uno de sus últimos trabajos antes de trasladarse a Washington para un puesto de directora ejecutiva en el Banco Mundial. El documento es contundente en sus conclusiones. Considera “indudable”, a tenor de las pruebas, la existencia de una “coordinación” entre las industrias lácteas españolas para intercambiar información y controlar el mercado de aprovisionamiento de leche, lo que constituye una “infracción única, compleja y continuada” cometida a lo largo de una década.
Así, las empresas consiguen evitar guerras de precios al alza en épocas de escasez de leche –en verano– o evitar la pérdida de proveedores –los ganaderos– si se reduce demasiado el precio de compra, explica el informe. Porque las industrias no sólo fijan los precios a los que compran la leche, sino que también pactan entre ellas para repartirse “las fuentes de aprovisionamiento”: los ganaderos no pueden cambiar de empresa a la que suministran la leche si ésta no lo autoriza primero. De hecho Competencia destaca el “escaso poder de negociación” de éstos frente a la industria tal y como está configurado el mercado.
Mejor en polvo
Una tercera distorsión se produce con la gestión de los excedentes, continúa el informe de la CNMC. Por ejemplo, en 2008 las industrias gallegas del sector planearon retirar del mercado cinco millones de litros de leche para convertirlos en leche en polvo y, de esta forma, subir el precio de venta del producto líquido dos céntimos por litro.
Es más, Competencia revela que el sector está “dominado” por cuatro grandes empresas, a las que habitualmente sus directivos se refieren como el G-4 –a imitación del G-8 o el G-20, los grupos informales de países más poderosos del mundo que se reúnen con frecuencia para acordar todo tipo de políticas–. Se trata de Danone, Leche Pascual, Puleva y Capsa (Central Lechera Asturiana).
Para su investigación, que ha durado poco más de los 18 meses que la ley le permite, la CNMC realizó registros simultáneos en estas y otras empresas. Y encontró pruebas suficientes de las múltiples reuniones que todas ellas mantienen de forma habitual para intercambiarse información sobre los precios y pactarlos de acuerdo con sus intereses. Agendas, informes, actas y muchos correos electrónicos en los que los responsables de las industrias incluso muestran sus precauciones para no alertar a Competencia, o no ser “señalados por los ganaderos y los medios [de comunicación]”. En esos documentos se precisan cuantías de bajada de precios, a veces en porcentajes y otras en cifras absolutas, primero en pesetas, luego en céntimos de euro.
Una denuncia de Castilla y León
El 87% de las sanciones impuestas por Competencia a grandes empresas están suspendidas por los tribunales
Esta segunda investigación de la CNMC al sector lácteo surgió de una denuncia del Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, presentada en marzo de 2011, a la que se unió otra del sindicato Unións Agrarias-UPA seis meses después. En principio, fueron investigadas siete empresas, así como las asociaciones patronales gallega y catalana, pero el pasado marzo la CNMC decidió extender las pesquisas a otras ocho industrias más. Prácticamente el sector al completo: desde Nestlé y las cuatro grandes citadas, hasta Leche Río, Leche Celta o la cooperativa Feiraco.
Fenil reúne a 80 empresas del sector, que factura unos 9.100 millones al año y está fuertemente regulado desde Bruselas. La patronal dice representar al 95% de la producción láctea española. Ésta se encuentra limitada por la cuota que fija Bruselas: 6,3 millones de toneladas anuales. La cifra no cubre la demanda de productos lácteos en España, que asciende a 9,5 millones de toneladas. Esa brecha ha sido la puerta a la importación, a bajo precio, de los excedentes de leche de los principales países productores de Europa. A diferencia de la UE, en España las explotaciones son pequeñas: una media de 36 vacas por granja. Si aún en los años 90 sólo en Galicia pastaban un millón de vacas, hoy en toda España las de leche no superan las 930.000 cabezas. La distorsión que produce el sistema de cuotas –y las consiguientes multas por exceder la producción asignada– no es la única peculiaridad del mercado lácteo nacional. Por ejemplo, hasta hace sólo dos años, no era obligatorio en España para las industrias suscribir contratos por escrito con los ganaderos que les venden la leche. De hecho, la mayoría eran verbales.
Donde no ha entrado Competencia es en el otro lado de la cadena: la distribución. Pese a que Unións Agrarias sí que incluyó en su denuncia las prácticas comerciales, a su juicio ilícitas, de las grandes superficies: la venta a pérdida de los tetra brik de leche, que utilizan como “producto reclamo”. Según esta organización agraria, envasar un litro de leche cuesta 69 céntimos. Pero en los estantes de los hipermercados se pueden encontrar cartones a 60 e incluso a 57 céntimos. En España, el ganadero cobraba el litro de leche a una media de 39,1 céntimos el pasado mes de marzo. La media comunitaria alcanza los 40,4. En Holanda, los 44 céntimos.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) denuncia que las industrias lácteas actúan en España como un cartel que intercambia de forma “habitual y continuada” información “sensible” sobre precios, estrategias comerciales, ganaderos y excedentes. Ese reparto ilegal de datos entre empresas se ha materializado en “acuerdos concretos” para fijar –léase bajar– los precios que pagan a los ganaderos por la leche. El resultado: una “estrategia común” con la que controlan el mercado. Por tanto, una práctica contraria a la competencia, que se ha extendido de 2000 a 2013 y puede implicar para un total de 15 empresas lácteas y las asociaciones catalana y gallega del sector una multa millonaria de entre el 5% y el 10% de su facturación.