La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga una denuncia contra el Colegio de Registradores de España presentada por una empresa informática, Futuver, que lo acusa de “utilizar sus funciones públicas para intervenir en el mercado privado”, de forma que, suministrando su software para gestionar los registros de la propiedad “a precio muy inferior al coste” está “echando” a las firmas del sector. El propósito del Colegio, asegura la empresa denunciante, es “consolidarse como el único proveedor en España de soluciones informáticas para la gestión de los registros”.
La denuncia fue presentada el 22 de noviembre de 2017 y la resolución del expediente abierto es “inminente”, según las fuentes consultadas por infoLibre, tras llevar a cabo la CNMC la correspondiente investigación. Según Futuver, el Colegio provee a los registros de la propiedad un software que compite con las aplicaciones que desarrollan empresas privadas. Pero como el organismo utiliza “otros ingresos” para sufragar el coste del desarrollo y mantenimiento de su aplicación, puede suministrar el programa informático a precio por debajo de coste, lo que impide a las empresas privadas competir en igualdad de condiciones. Tampoco se permite a estas firmas suministrar a los registros actualizaciones y otros avances tecnológicos, asegura Futuver, que se presenta como la única empresa especializada que continúa activa. “En el año 2000 existían en España seis empresas dedicadas a proporcionar software de gestión a los registros de la propiedad, pero la política agresiva del Colegio para monopolizar la información pública de los registros, recrudecida durante los últimos cinco años, ha eliminado del mercado a todos los competidores”, explica un portavoz de Futuver. La firma dice que ha sobrevivido gracias a la exportación de sus productos a Latinoamérica.
El Colegio de Registradores no ha querido hacer comentario alguno a este periódico sobre la denuncia y el expediente abierto por la CNMC.
Futuver y los registradores mantienen desde hace años una conflictiva relación a cuenta del programa informático de los registros, en la que se vio implicado el Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque pueda parecer un asunto menor, el contrato para suministrar el sistema electrónico integrado que comparten el millar de registros de España estuvo a punto de provocarun cisma en el propio Colegio y fue parte nuclear del enfrentamiento que la mayoría de los registradores mantuvieron con el Ministerio de Justicia desde que éste anunció la reforma de los registros y la integración del Registro Civil.
Contrato opaco
Pero las relaciones entre Futuver y el Colegio no siempre han sido hostiles. De hecho, buena parte de los registradores veían en la reforma y en la adjudicación del sistema informático, que denunciaban por opaca, una maniobra para beneficiar esta empresa asturiana. A Futuver la relacionaban con los registradores que trabajaron desde 2012 hasta 2014 en la Dirección General de los Registros, así como con una asociación profesional denominada Arbo y, finalmente, con Enrique Rajoy, hermano del entonces presidente del Gobierno y también registrador como él.
El concurso del sistema informático fue negociado y sin publicidad, y no lo convocó el Ministerio de Justicia sino el de Defensa, a través de una de sus empresas, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe). El importe nunca fue hecho público, pero llegó a hablarse de 40 a 80 millones de euros. Isdefe lo adjudicó a Indra y Telefónica. Futuver no se presentó, pero esperaba entonces que alguna de estas grandes compañías la subcontratara porque “ya tenía el trabajo adelantado”, explicó en ese momento un portavoz de la empresa a este periódico. Incluso reconoció que había enviado a Indra una oferta con sus productos y servicios como especialista en software registral La empresa siempre negó tener relación alguna con el equipo al frente entonces de la Dirección General de los Registros y el Notariado o con el hermano de Rajoy y los registradores de Arbo.
Ese equipo fue desmontado cuando Alberto Ruiz-Gallardón dimitió en septiembre de 2014 tras retirar Rajoy la reforma de la ley del aborto que el ministro había impulsado. Su sucesor, Rafael Catalá, no llegó a formalizar el contrato y ordenó al Colegio que desarrollara la plataforma tecnológica, aprovechando el trabajo ya realizado por Isdefe, Indra y Telefónica –“las especificaciones técnicas del contrato”–. Desde entonces es el departamento de informática del propio Colegio el que se ocupa de diseñar las aplicaciones necesarias para el trabajo de los registros.
Expedientes de nacionalidad
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Futuver también fue la empresa encargada por el Colegio de Registradores, previa encomienda del Ministerio de Justicia, de la puesta al día de los expedientes de nacionalidad, que acumulan un considerable retraso en su tramitación. Al mando de ese proyecto el ministerio puso a un registrador, Javier Angulo, hasta ese momento administrador solidario de Futuver Rumanía SRL, antigua filial de Futuver Consulting SL, lo que también suscitó el recelo de un sector de los registradores. Hoy en día, el colegio no tiene ya ninguna aplicación informática desarrollada por esta empresa asturiana, cuyo consejero delegado es Antonio Otero Carreira. Creada en 1997, se dedica a la “modernización de la Administración pública y los registros públicos de la Propiedad”. Su aplicación Futureg funciona en una buena parte de los registros de España. También ha informatizado los registros de México DF y Panamá.
En 2014, CCOO denunció ante la Fiscalía General del EstadoCCOO denunció ante la Fiscalía General del Estado al entonces director general del Registro, José Joaquín Rodríguez, y al jefe del proyecto de gestión de expedientes de nacionalidad, Javier Angulo, por haber intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos” vedadas a funcionarios públicos. Tanto Angulo como Rodríguez son registradores: el primero, de la propiedad en Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) y el segundo, mercantil en Zaragoza.
Según el sindicato, el Colegio de Registradores pagó 5,15 millones de euros a Futuver por la aplicación con la que pretendía resolverse un atasco de casi medio millón de expedientes sin tramitar. Javier Angulo fue el autor de un informe enviado a la junta de gobierno del Colegio de Registradores donde le ofrece la aplicación informática de Futuver para gestionar el Registro Electrónico. “No hay otra empresa que disponga de una solución integral como la de Futuver. No hay otra empresa que disponga de su experiencia. No hay otra empresa que pueda afrontar en un plazo de ejecución breve el paso al Registro Electrónico en España”, recalcaba en el documento. Futuver niega cualquier trato de favor y asegura que por la aplicación para gestionar los expedientes de nacionalidad sólo se le pagaron 600.000 euros.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga una denuncia contra el Colegio de Registradores de España presentada por una empresa informática, Futuver, que lo acusa de “utilizar sus funciones públicas para intervenir en el mercado privado”, de forma que, suministrando su software para gestionar los registros de la propiedad “a precio muy inferior al coste” está “echando” a las firmas del sector. El propósito del Colegio, asegura la empresa denunciante, es “consolidarse como el único proveedor en España de soluciones informáticas para la gestión de los registros”.