Los sindicatos esperaban esta semana una respuesta de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Madrid a su petición de que convoque un concurso de traslados “masivo”: todas las plazas en todas las categorías profesionales. En algunas de éstas la Comunidad madrileña lleva hasta 15 años sin abrir un proceso de este tipo. En otras, las plazas ofertadas no superan, en el mejor de los casos, el 40% de las vacantes. El pasado mes de noviembre, los principales sindicatos de la sanidad pública acordaron las bases comunes para todas las categorías profesionales, que son 53. “Pero la consejería está dilatando la respuesta”, se queja el coordinador de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO, Mariano Martín-Maestro.
Nada extraño si se tiene en cuenta que la Comunidad de Madrid no ha convocado concursos de traslados en muchas categorías desde 2002 y que siempre “se ha negado en redondo” a hacerlo cuando los sindicatos se lo han requerido, apunta Martín-Maestro. El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios Salud establece que estos procesos deben efectuarse “con carácter periódico, preferentemente cada dos años”. Sin embargo, CCOO no duda en asegurar que la Consejería de Sanidad “boicotea” la movilidad de los trabajadores, tanto de aquellos que quieren trasladarse a Madrid como de quienes, dentro de la Comunidad, buscan nuevos destinos.
La consejería, por su parte, responde a infoLibre que convocó un concurso en 2015 para algunas categorías: enfermería, médico de atención primaria, pediatra, matrona, auxiliar de enfermería y celador. Y otro en 2010 también para médicos de primaria. Mariano Martín-Maestro explica que les costó mucho esfuerzo a los sindicatos “arrancarles” esas convocatorias. Y que, en cualquier caso, nunca salen a concurso el 100% de las plazas. En algunas categorías, como fisioterapeutas, sólo el 8%. Los responsables de Sanidad son reacios, sobre todo, a permitir la movilidad de los médicos, asegura el dirigente de CCOO.
Y ello pese a que ya hay sentencias firmes, en concreto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que obligan a las administraciones a ofertar todas las plazas. La justicia recuerda que los empleados públicos tienen “derecho a la movilidad funcional y a la provisión en la carrera”. Aunque las administraciones también tienen “derecho a autoorganizarse”, deben “razonar de forma motivada” por qué no sacan a concurso todas las vacantes, para evitar que una “potestad discrecional” devenga en un “uso patológico que esté más cerca de la arbitrariedad”. Es decir, no basta, como hizo el Servicio Andaluz de Salud en el caso que dio lugar a esa sentencia –o como hace la Comunidad de Madrid–, aportar una “motivación genérica”: que no tiene obligación de hacerlo y que sólo oferta algunas plazas por cuestiones “organizativas”. La sentencia andaluza tacha esta segunda motivación de “fórmula manida, muchas veces ritual”.
El concurso de traslados no sólo permite en el sector público la movilidad geográfica que tanto se reclama –y la reforma laboral ha facilitado– en el sector privado como medida de flexibilidad. Los sindicatos la consideran imprescindible además para resolver la mayor tara de la sanidad pública madrileña –y nacional–: el abuso de la temporalidad. A 31 de enero de este año, el Servicio Madrileño de Salud contaba con una plantilla de 70.787 trabajadores, de acuerdo con los datos que publica la Comunidad de Madrid en su Portal de Transparencia. De ellos, 25.828 son temporales, el 36,5%. 13.796 de estos últimos, el 53,4%, son interinos y el resto, eventuales.
Los sindicatos llevan años reclamando a la consejería una oferta pública de empleo “excepcional” y un concurso de traslados “masivo” para acabar con el exceso de trabajadores temporales. Un “mal endémico”, resaltan, que ha terminado siendo recriminado por el Tribunal de Justicia de la UE en sus últimas sentencias sobre los interinos. Uno de los casos que llegaron hasta los jueces comunitarios fue precisamente el de una enfermera del Hospital Universitario de Madrid que encadenó siete contratos temporales, de tres, seis y nueve meses, entre febrero de 2009 y marzo de 2013. Pero no es extraño, recordaba la sentencia, que algunos trabajadores de la sanidad pública madrileña superen los 15 años concatenando contratos temporales. La media se sitúa entre cinco y seis años. El Estatuto de los Trabajadores prohíbe sumar este tipo de contratos durante más de dos años en el sector privado.
Un proceso “complejo” sin coste económico
La Justicia investiga si 10 muertes en el Hospital Vall d'Hebron están vinculadas a recortes
El problema estriba en que la oferta pública de empleo no se puede hacer si antes el Gobierno no eleva la tasa de reposición –el número de nuevos ingresos por cada funcionario que se jubila– que los recortes presupuestarios han congelado durante toda la crisis. Y los concursos de traslados están paralizados. Un portavoz de la Consejería de Sanidad sólo aduce como motivo que “se trata de procesos muy complejos”. Martín-Maestro apunta al hecho de que las jefaturas de servicio se resisten a cambiar sus equipos, porque “se les descabalan los servicios”. Más aún si se trata de los médicos. “Así que estamos abocados a denunciar a la consejería como ya hicimos antes con los celadores y los auxiliares administrativos”, adelanta el responsable sindical.
Porque el concurso de traslados, añade, no tiene coste económico. Lo recuerda la sentencia del TSJA al rebatir uno de los argumentos esgrimidos por el Servicio Andaluz de Salud para no ofertar todas las plazas, la tasa de reposición limitada al 10% de la plantilla por los recortes presupuestarios. “No supone un aumento de costes de personal”, advierte la sentencia, “porque el concurso no implica nuevas contrataciones: el trabajador que ocupe una plaza deja de ocupar otra”. Tampoco la oferta pública de empleo extraordinaria que reclaman los sindicatos tendría un coste adicional, por cuanto las plazas a concurso ya están cubiertas por interinos o eventuales. Estos interinos, a su vez, pasan a formar parte de las correspondientes bolsas de trabajo, lo que les permite ocupar las nuevas vacantes que se generen.
Una de las consecuencias de la parálisis de las plantillas es el elevado número de comisiones de servicio: las plazas se cubren “a dedo”, protesta Mariano Martín-Maestro, en lugar de ateniéndose a los principios de “igualdad, mérito y capacidad” que deben regir el acceso al empleo público. Y si no se convocan concursos o no se ofertan todas las plazas, esas comisiones de servicio o los empleos interinos se perpetúan. De hecho, la Organización Médica Colegial de España no se cansa de repetir que el Sistema Nacional de Salud se ha convertido en la “mayor empresa de trabajo temporal de España”. Un 36,5% de su plantilla –casi 14 puntos por encima de la media de la Administración pública– son trabajadores temporales. El mismo porcentaje que sufre el Servicio Madrileño de Salud.
Los sindicatos esperaban esta semana una respuesta de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Madrid a su petición de que convoque un concurso de traslados “masivo”: todas las plazas en todas las categorías profesionales. En algunas de éstas la Comunidad madrileña lleva hasta 15 años sin abrir un proceso de este tipo. En otras, las plazas ofertadas no superan, en el mejor de los casos, el 40% de las vacantes. El pasado mes de noviembre, los principales sindicatos de la sanidad pública acordaron las bases comunes para todas las categorías profesionales, que son 53. “Pero la consejería está dilatando la respuesta”, se queja el coordinador de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO, Mariano Martín-Maestro.