Las comunidades compiten en una “carrera perversa” por rebajar los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones

El Estado prevé recaudar en 2017 un total de 202.593 millones de euros, de los cuales una parte son cedidos a las comunidades autónomas. Con los porcentajes que se repartieron en 2015, el último ejercicio del que ofrece datos cerrados la Agencia Tributaria, el 82% de los ingresos impositivos autonómicos procedían de la parte que las comunidades reciben del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales recaudados por el Estado. El 11% proviene del Impuesto sobre el Patrimonio, así como el de Sucesiones y Donaciones, y el de Transmisiones Patrimoniales, totalmente cedidos a las comunidades autónomas.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), perteneciente al Consejo General de Economistas de España, ha detallado en su Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2018 la gestión que hacen las comunidades tanto de sus impuestos propios como de los cedidos y transferidos por el Estado. Entre los cedidos, la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio en 2015 ascendió a 983,66 millones de euros, tras experimentar una reducción del 58% respecto a 2008, antes de la crisis. El desplome lo explica el REAF en el hecho de que en 2011 se estableció por defecto un mínimo exento de 700.000 euros y una exención de la vivienda hasta 300.000 euros. Además, la Comunidad de Madrid lo bonifica al 100% –no hay que pagarlo, pero sí declararlo a partir de dos millones de euros– desde 2008.

En comparación, la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sólo ha caído un 3,47% desde 2008 hasta 2015, ejercicio en el que las arcas públicas ingresaron por este concepto 2.241 millones de euros. El informe explica la escasa disminución porque la valoración de los inmuebles, tal y como se establece en la ley, no descendió durante la crisis tanto como el mercado inmobiliario. Sin embargo, tras los cambios normativos aprobados por las comunidades autónomas el año pasado, las cifras van a cambiar. Y a la baja.

Ocho comunidades autónomas aplicarán a partir de este año un total de 134 reducciones, deducciones y bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y otras 94 en el de Donaciones que recortarán los ingresos del fisco. Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia, La Rioja y Navarra han emprendido lo que el REAF llama una “perversa carrera”, compitiendo por rebajar el impuesto y arriesgándose a su “desaparición”, pese a la importancia que le otorga “para la equidad tributaria intergeneracional”.

Batería de descuentos

Así, en 10 comunidades los descendientes pagan sólo “importes simbólicos” y en otras no tributan si la herencia no supera el millón de euros (Andalucía) o los 400.000 euros (Castilla y León). Cantabria bonifica al 100% si no llega a 100.000 euros, la Comunidad Valenciana al 75%, y Cataluña lo gradúa del 99% al 20% de forma inversamente proporcional a la base imponible. Además, en Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja los cónyuges y ascendientes que hereden no tributarán a partir de este año. En el País Vasco, sólo tributarán al 1,5%. En Cantabria disfrutan de una bonificación del 90%. En Castilla-La Mancha, los descuentos van del 80% al 100%. En Baleares, pagan sólo del 1% –hasta 700.000 euros– al 20%. En Galicia tributarán del 5% al 18%. El tipo estatal es muy superior: el 34%.

Otro tanto ocurre con el Impuesto sobre las Donaciones. Madrid y Murcia bonifican el 99%, Canarias el 99,9%. Castilla-La Mancha, del 85% al 95%. La Rioja, del 98% –si la base liquidable supera los 500.000 euros– al 99%. En Illes Balears sólo se paga el 7% de la base liquidable, en Aragón se aplica una reducción del 65% para bases por debajo de los 75.000 euros… También hay reducciones para sucesiones y donaciones de empresas familiares en casi todas las comunidades autónomas.

El informe del REAF no calcula cuánto les va a costar al conjunto de las haciendas autonómicas esa competencia por desnudar los impuestos que gravan la riqueza, la que se posee (Patrimonio) y la que se hereda (Sucesiones), pero sí detalla lo que dejarán de ingresar cuatro comunidades. Andalucía perderá un 15,34% de su recaudación en el Impuesto sobre el Patrimonio y un 53,89% en el de Sucesiones. El proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía cifraba en un 10,8% la caída de los ingresos por este tributo en 2018 tras el acuerdo alcanzado con Ciudadanos que lo recorta. Illes Balears perderá sólo un 0,1% en el Impuesto sobre Patrimonio y un 13,13% en el de Sucesiones. En Cantabria el agujero en ambos será mayor: un 38,88% en el primero y un 67,71% en el segundo. Finalmente, La Rioja dejará de ingresar un 30,36% en Patrimonio y otro 76,96% en Sucesiones.

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El informe del REAF utiliza ejemplos para comparar la carga de cada impuesto en las diferentes comunidades autónomas. Para quien tiene un patrimonio de hasta 800.000 euros –sin contar la vivienda de hasta 300.00 euros–, Aragón es la hacienda más cara, aunque no mucho: el contribuyente deberá pagar sólo 1.164 euros –en Madrid, nada; en La Rioja, 50 euros–. Si el patrimonio alcanza los cuatro millones de euros o supera los 15 millones, donde más tendrá que ingresar será en Extremadura: 59.919 euros y 418.155 euros, respectivamente.

En el Impuesto sobre Sucesiones, el documento utiliza el caso de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a la vivienda del fallecido. De nuevo es en Aragón donde más debe tributar, 155.393 euros, seguida de Asturias y Castilla y León. En Andalucía le saldría gratis la herencia. En Cataluña sólo pagaría 9.796 euros y en Madrid, 1.586. En Canarias, 134 euros.

Además de alertar sobre la pérdida de recaudación en estos impuestos, el Consejo General de Economistas critica el “caos normativo” que lastra, en particular, el Impuesto sobre Sucesiones, al tiempo que pide una “armonización más estricta” de éste y del Impuesto sobre el Patrimonio. En concreto, reclama una definición única de la base y el establecimiento de una tarifa mínima en todo el territorio.