Ciudadanos, liberales de boquilla: privilegios antes que esfuerzo

La agitación y la polarización siguen presidiendo el modelo de oposición de las derechas al Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hemos visto en relación a Cataluña y, más recientemente, con motivo del debate abierto con la exhumación del dictador.

También en política fiscal, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que registrará en el Congreso una iniciativa para la supresión del Impuesto de Sucesiones en toda España, acabando así con la "injusticia y desigualdad" que a su juicio supone su actual aplicación, en manos de las comunidades autónomas. Todo ello frente al impuesto por excelencia que favorece una mayor igualdad de partida, que antepone el mérito y el esfuerzo frente a los privilegios de la herencia y la clase social.

Argumenta Rivera: "Queremos acabar con un sistema caótico e injusto" y poner fin a "situaciones surrealistas" que llevan a los ciudadanos a "tener que decidir dónde se mueren". Se supone que aquellos para los que sale a cuenta y además se lo pueden permitir.

La formación naranja calcula que el impacto económico de esta medida rondaría los 2.000 millones de euros, los que actualmente recaudan las CCAA, una cantidad que propone financiar con la supresión de duplicidades en la Administración. Un manido argumento que sirve a Ciudadanos para eludir hablar de los servicios públicos o las inversiones afectadas por la rebaja.

El anuncio no le ha gustado sin embargo a Manuel Conthe, uno de sus primeros mentores económicos. El ex director general del Tesoro y de la CNMV sostiene como tantos otros que el Impuesto de Sucesiones "puede contribuir a favorecer la igualdad de oportunidades" y cita para ello a "millonarios americanos que lo defienden".

En opinión de Conthe, "debería fijarse por contra un tipo mínimo en todas las CCAA para evitar la desfiscalización competitiva". Añade también que dicho impuesto debe contar con un "generoso mínimo exento". Esta había sido hasta ahora la línea del programa electoral de Cs que, aunque quería poner en marcha "una armonización fiscal para que en ninguna región española la clase media tenga que pagar impuestos de sucesiones", abogaba por reducir unos tipos impositivos que pueden llegar a más del 80%, por establecer una exenciones más amplias que las existentes actualmente para favorecer a las clases medias, pero también por la armonización del margen autonómico que ha llevado en algunas comunidades autónomas "a desfiscalizar de forma casi absoluta herencias de miles de millones de euros".

En este mismo sentido, Ignacio Aguado, candidato de la formación a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, aseguraba en la campaña de 2015 que en su programa electoral se estaban planteando recuperar el Impuesto de Sucesiones, que está bonificado casi al 100% en la Comunidad de Madrid, justificando su propuesta en aras de la "justicia social".

Lo cierto es que luego, y a lo largo de estos tres años de legislatura autonómica, el PP y Cs se han lanzado a una competencia feroz por reducir el impuesto, agitando a aquellos ciudadanos que en su inmensa mayoría están exentos del impuesto frente a los gobiernos más o menos progresistas en Andalucía, Aragón, Asturias, o incluso conservadores como el de Murcia, con argumentos falaces como el de la doble imposición o su carácter confiscatorio.

Todo en la línea neoliberal de su otro gurú económico, LuisGaricano, para el que la idea sería acabar tanto con el impuesto de Patrimonio como con el de Sucesiones. Según él se recauda poco y generan muchas distorsiones. Lo cierto es que después del IRPF, Sucesiones es el impuesto directo más potente de las finanzas autonómicas. Además, aduce que aquellos contra los que se supone que van dirigidos –los grandes patrimonios– son los que tienen más facilidades para eludirlos –para empezar, marchándose del país–. Todo un argumento para avalar el abandono de la lucha contra el fraude y la amnistía fiscal a los defraudadores.

Según Garicano, nos encontraríamos con dos tributos muy injustos, que castigan a las clases medias y medias-altas ahorradoras cuando los datos muestran lo contrario, que apenas afectan al 2% de los patrimonios heredados. De esta forma, se penaliza la creación y acumulación de riqueza, a la vez que se vuelven a gravar bienes por los que ya se han pagado muchos impuestos en el pasado. Otra falacia, como si la aplicación del IRPF o del IVA por un mismo bien, o como si los impuestos fuesen familiares y no personales y todos formasen parte de la tan denostada doble imposición. Así, Garicano propone que si se mantienen estos tributos, se haga sólo como mecanismo de cierre del sistema –para gravar activos no gravados anteriormente o como forma de control del fraude fiscal–, pero no con una finalidad recaudatoria.

Se trata del mismo argumento que le sirvió a Zapatero para reducir el Impuesto sobre el Patrimonio, y con ello la coherencia ideológica de la izquierda dentro de la que incluía las rebajas impositivas. Pero lo más llamativo es que Garicano apuesta por que, con medidas como éstas, España se convierta en una especie de Florida europea, y no sé si en algo peor. El profesor de la London School of Economics se plantea en varios de sus artículos si no podría España situarse como un polo de atracción para patrimonios medio-altos, aprovechando su posición geográfica y su clima. Una suerte de balneario, si no de paraíso fiscal.

Coincide este debate con la publicación del Informe Mundial de la Riqueza, World Wealth Report 2018 (WWR), que muestra que en España había 224.200 millonarios en 2017, lo que supone un 10,9% más que el año anterior. Si se compara con el año 2008, cuando el número de millonarios era 127.100, el número de ricos en España durante los últimos diez años se ha disparado, aumentando un 76%. Cabe destacar que los activos de las grandes fortunas crecieron también un 27,4% en 2017, mientras que la renta variable sigue siendo la principal clase de activos en el primer trimestre de 2018, con un 30,9% de la riqueza financiera de las grandes fortunas, seguida del efectivo y activos líquidos equivalentes, con un 27,2%, y bienes inmuebles, con un 16,8% –un incremento de 2,8 puntos porcentuales–. Confirmando con ello la tesis de Piketty sobre el incremento de las desigualdades y la urgencia de impuestos efectivos sobre el patrimonio y las herencias.

En el debate abierto contra el Impuesto de Sucesiones, se afirma también que las políticas de redistribución de la riqueza ignoran maliciosamente "los preceptos constitucionales de reconocimiento de la propiedad, del derecho a la herencia y de no confiscatoriedad (sic)". Nada de eso peligra, ni el impuesto es confiscatorio ni el Tribunal Constitucional alberga preocupación alguna. Léase el artículo 31.1 de la Carta Magna, que es meridianamente claro: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

A la hora de valorar las diferencias entre los distintos regímenes fiscales que regulan las herencias en las CCAA, no basta con su comparación en términos generales. Es preciso comparar en detalle sus diferencias de tarifa y cuota a pagar en función del valor del bien heredado, del patrimonio preexistente del heredero, de las bonificaciones existentes y del mínimo exento de impuestos, factores todos ellos que definen la mayor o menor progresividad del impuesto. En cuanto a las fronteras entre las clases trabajadoras, medias y acaudaladas, o los grandes patrimonios, y en qué momento se producen, son las propias normas estatales y regionales quienes establecen su clasificación en los tramos fiscales en materia de sucesiones.

En Asturias, por ejemplo, el patrimonio preexistente del heredero se distingue en cuatro tramos: de 0 a 402.678,11 euros –donde se incluye la inmensa mayoría de los trabajadores y clase media baja–; de más de 402.678,11 euros hasta 2.007.380,43 euros –que podría incluir a personas de clase media más próspera– y de más de 4.020.770,98 euros –a quienes podríamos calificar de grandes patrimonios–. Así, quedan exentas las herencias con base imponible menor de 300.000 euros y con un patrimonio preexistente inferior a los 402.678,11 euros, lo que garantiza la base social y la progresividad del gravamen, como demuestra el hecho irrebatible de que "menos del 2% de la población pagaría impuestos por una herencia por vía directa", según las estadísticas oficiales.

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Tampoco es cierto que España tenga el impuesto más alto de Europa. Estamos lejos de países como Bélgica y Francia. Al menos cuatro estados europeos superan el gravamen medio en los tramos inferiores a 400.000 euros, aunque podamos superarlos en herencias y patrimonios muy altos. Con el matiz de que en nuestro país se ofrecen algunos de los mínimos exentos más altos. Ni siquiera es cierto, cuando se juntan churras con merinas y se recurre a las cuentas del Gran Capitán, incluyendo los posibles recargos por impago o las lógicas plusvalías municipales, que son harinas de otro costal. Según el más reciente estudio comparativo realizado por la Universidad Pontificia de Comillas, considerando el Grupo I de parentesco (hijos), se afirma: "Para una base imponible de 500.000 euros, el tipo medio de gravamen no llegaría al 1%".

El diario La Razón, nada sospechoso de izquierdismo, señalaba hace un año que "Andalucía, Asturias y Cataluña son las autonomías hasta ahora con el gravamen más elevado", pero reconocía que "en relación a las sucesiones que realizan los padres a sus hijos menores de 21 años, el pago del tributo es prácticamente simbólico en Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja, así como en los territorios forales". Otro aspecto relevante con carácter general es el beneficio sobre la transmisión de la vivienda habitual o de la empresa individual, con una bonificación de hasta el 99% de deducción.

En conclusión, que el Impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio deben mantenerse dentro del abanico fiscal, reiterando la conveniencia de armonizar Sucesiones a escala estatal para evitar la competencia desleal a la baja, estableciéndose un mínimo exento común para los patrimonios reducidos, mejorando su gestión y derogando determinadas bonificaciones que solo benefician a contribuyentes con mayor capacidad económica. Todo en favor de la igualdad, la justicia distributiva y la sostenibilidad de los derechos sociales y los servicios públicos que, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las políticas de empleo o la justicia, gestionan las CCAA.