El conseller de Economía, Jaume Giró, y la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, criticaron el “desprecio” del Gobierno a los catalanes que muestran las cifras de inversiones reales publicadas este martes por la Intervención General del Estado. Lo habitual, hasta ahora, era escuchar las protestas de Isabel Díaz Ayuso por la racanería del Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, al menos a tenor de los datos de ejecución presupuestaria revelados por el citado informe, son otras las comunidades autónomas, no Madrid, las que tienen derecho a quejarse.
Se trata de aquellas en las que la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y fundaciones o consorcios, así como las empresas públicas, han ejecutado menos del 60% de las cantidades que les correspondían en los Presupuestos Generales de 2021. En concreto, las que figuraban consignadas en su capítulo 6, de inversiones reales.
Es lo que ocurre con el País Vasco, Cantabria, la Comunitat Valenciana, Andalucía, Asturias y, en efecto, Cataluña.
Mientras que la media de ejecución presupuestaria, la diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente pagado, alcanza la modesta cifra del 67,1%, estas seis comunidades y otras dos más, Navarra y Canarias, quedan por debajo de ese umbral. Galicia apenas lo supera, con un 67,2% de ejecución y Extremadura sube hasta el 69,1%. Muy lejos, por tanto, de las inversiones reales obtenidas por Madrid, que encabeza la clasificación con un 184%; es decir, al cabo del ejercicio se le proporcionaron partidas que casi doblan las inicialmente presupuestadas. Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón también terminaron superando las inversiones previstas en las cuentas del Estado.
La comunidad donde el Gobierno ejecutó menos inversiones de las presupuestadas fue Cataluña, sólo el 35,8%. Se le asignó un total de 2.068 millones de euros, de los que sólo se aplicaron 739,82 millones. Las de la Administración General del Estado se ejecutaron el 91%, pero de las previstas por las empresas públicas estatales sólo se hicieron realidad el 27,3%. Por el contrario, las consignadas por organismos autónomos –desde la Agencia Tributaria y el SEPE hasta las confederaciones hidrográficas o el CSIC— pasaron de sólo 1,57 millones sobre el papel a 52,69 millones a pie de obra.
En Asturias, el Gobierno ejecutó el 40,5% de lo presupuestado en inversiones, 365,64 millones que se quedaron en 148,13 millones al final del ejercicio.
Para Andalucía, de los 2.039,27 millones asignados en las cuentas del Estado se invirtieron 853,84 millones, un nivel de ejecución del 41,9%.
En la Comunitat Valenciana, se alcanzó el 42,3%, porque sólo vieron la luz 468,71 millones de los 1.107 inicialmente presupuestados.
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Para Cantabria, hubo 121 millones de los 237,38 previstos, por lo que se invirtieron realmente el 50,9%. Y en el País Vasco, con un 52,4% de ejecución, se aplicaron 279,7 millones cuando en los Presupuestos figuraban para 2021 un total de 534,1 millones en inversiones.
Erupción en La Palma
En Canarias, el nivel de ejecución fue del 63,7%, con unas inversiones presupuestadas de 347,26 millones. La Administración General del Estado invirtió finalmente el triple –44,4 millones—de lo consignado en las cuentas de 2021, mientras que a través de los organismos autónomos se multiplicaron por 28 las cantidades iniciales. La erupción del volcán de La Palma es el motivo. Pero las empresas públicas sólo ejecutaron el 49,4% de las inversiones previstas en el archipiélago y el 61,3% de las asignadas por fundaciones y consorcios.
En el caso de Navarra, se ejecutó el 66,4% de los 75,25 millones presupuestados en inversiones reales. La Administración General del Estado apartó para la Comunidad Foral apenas 100.000 euros en las Cuentas de 2021, pero acabó elevando esa cantidad hasta 9.191,38 millones, lo que convierte a Navarra en la autonomía que más disparó su ejecución presupuestaria en 2021 en este apartado, por encima incluso del 438,8% de Madrid.
El conseller de Economía, Jaume Giró, y la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, criticaron el “desprecio” del Gobierno a los catalanes que muestran las cifras de inversiones reales publicadas este martes por la Intervención General del Estado. Lo habitual, hasta ahora, era escuchar las protestas de Isabel Díaz Ayuso por la racanería del Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, al menos a tenor de los datos de ejecución presupuestaria revelados por el citado informe, son otras las comunidades autónomas, no Madrid, las que tienen derecho a quejarse.