El Estado –es decir, los contribuyentes– pagará 26 millones de euros al año por las cotizaciones a la Seguridad Social de los becarios. Así no tendrán que hacerlo las empresas. El pasado 4 de julio el Consejo de Ministros aprobó un decreto con el que dirimió la batalla que mantenían Empleo y Educación sobre el derecho a cotizar de los estudiantes que realizan prácticas curriculares externas: las que forman parte del plan de estudios y permiten la obtención de un título. Empleo concedió a los becarios el derecho a cotizar el pasado agosto. Desde entonces Educación maniobró para quitárselo.
Un año más tarde, el Gobierno ha cerrado la disputa con una decisión salomónica: los becarios seguirán cotizando, como quiere Empleo, pero la cuota no la van a pagar las empresas, como quiere Educación, sino que se carga a los Presupuestos Generales del Estado. Los ciudadanos, en definitiva. La factura para éstas, sin embargo, no puede decirse que fuera abultada: la cuota por un becario es de 34,72 euros mensuales para el empresario; de 6,09 euros para el estudiante. En realidad, menor aún: como se trata de un gasto deducible, la empresa sólo paga en realidad entre 25 y 30 euros.
En cualquier caso, Educación no dudó en hacerse eco de las presiones de los rectores universitarios, que desde el primer momento se manifestaron en contra de que los becarios cotizaran. Las empresas, argumentaban, no querrán becarios si tienen que pagar cuotas.
Desde que se les permitió cotizar, se han dado de alta en la Seguridad Social un total de 62.188 becarios, según las cifras del pasado mes de julio que maneja el Ministerio de Empleo. Es decir, los contribuyentes van a pagar 2,15 millones de euros al mes para que no los paguen las empresas. Multiplicada esa cifra por 12 meses, la factura de bonificar al 100% a las empresas la cotización de sus becarios ascenderá a esos 26 millones antes citados.
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Los estudiantes empezaron a pagar sus cuotas a la Seguridad Social después de que una sentencia del Tribunal Supremo anulara un decreto del Gobierno socialista que les quitaba ese derecho. Empleo apoyaba la incorporación de los becarios al sistema. El motivo es doble: siempre son bienvenidos los ingresos en época de crisis, por un lado, y, por otro, se beneficia a unos estudiantes que tienen muy difícil comenzar, y sostener, una carrera de cotización que les garantice una pensión suficiente en el futuro.
Por el contrario, Educación sostiene que las prácticas no son más que parte del plan de estudios, es decir, tienen “carácter formativo” y, por tanto, no generan las “obligaciones propias de una relación laboral”. Es lo que aducía en un decreto que preparó en otoño y fue refrendado esta primavera por el Consejo de Estado. A juicio de este órgano consultivo, los becarios no necesitan más protección que los “seguros escolares” de las universidades. Hay que recordar que la cuota a la Seguridad Social les computa para la jubilación, la incapacidad temporal por contingencias comunes y profesionales, y la formación profesional, aunque no para la prestación por desempleo.
Gracias a la contribución pública, esa protección casi equivalente a la de cualquier otro trabajador por cuenta ajena se mantendrá ahora para los 62.188 becarios españoles.
El Estado –es decir, los contribuyentes– pagará 26 millones de euros al año por las cotizaciones a la Seguridad Social de los becarios. Así no tendrán que hacerlo las empresas. El pasado 4 de julio el Consejo de Ministros aprobó un decreto con el que dirimió la batalla que mantenían Empleo y Educación sobre el derecho a cotizar de los estudiantes que realizan prácticas curriculares externas: las que forman parte del plan de estudios y permiten la obtención de un título. Empleo concedió a los becarios el derecho a cotizar el pasado agosto. Desde entonces Educación maniobró para quitárselo.