El Gobierno de Castilla-La Mancha ha privatizado una parte de la orientación laboral que se lleva a cabo en sus oficinas de empleo. El pasado 25 de noviembre sacó a concurso la evaluación de la empleabilidad de los 258.725 parados de la comunidad autónoma. Lo hace después de haber despedido en 2012 a los 188 orientadores laborales de sus oficinas de empleo. CCOO denuncia que el objetivo final de la medida es “maquillar las cifras del paro registrado”.
Además, según el proyecto del Gobierno castellanomanchego, la evaluación de la empleabilidad, es decir, de “la capacidad, preparación y posibilidades [de los parados] para encontrar un trabajo, así como su actitud ante la búsqueda”, se hará básicamente mediante un cuestionario onlineonline. A cambio de 1,2 millones de euros anuales, la empresa que se haga con la licitación enviará las preguntas por internet a los parados, que éstos deberán responder en un plazo de 10 días. Si no lo hacen, 15 “evaluadores” les llamarán por teléfono para entrevistarlos.
Sólo si el desempleado no contesta tras haberle llamado dos veces en un plazo de 48 horas, la oficina de empleo le mandará una citación para hablar con él en persona. Ese contacto presencial será únicamente para el 20% de los parados, según consta en el pliego de condiciones de la licitación. Las entrevistas telefónicas no podrán ser para más de la mitad de los desempleados.
Operadores telefónicos, no orientadores laborales
Los operadores telefónicos, sin embargo, no serán orientadores laborales: sólo se les exigen 30 horas de formación en atención al cliente y un año de experiencia en “emisión de llamadas”. Su única formación específica será el cursillo de 25 horas “en materia de orientación laboral y comunicación/habilidades sociales” que recibirán antes de empezar a llamar a los parados.
Aunque la Consejería de Empleo exige a la empresa adjudicataria que tenga una oficina en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha, lo cierto es que el servicio está concebido como un call-centercall-center, que el concurso requiere que sea “all-in-one” [todo en uno] y de “gestión multicanal”. La adjudicataria también deberá contar en su plantilla con al menos 17 “evaluadores presenciales”, con un mínimo de un año de experiencia como orientador laboral.
Según explica la secretaria de Empleo de CCOO en Castilla-La Mancha, Lola Santillana, 1,2 millones de euros es aproximadamente el coste de mantener en plantilla a los 88 últimos orientadores laborales despedidos en la comunidad. Sólo que estos profesionales, destaca Santillana, se encargaban de todo el proceso de orientación, asesoramiento y promoción laboral de los parados, no sólo de evaluar su disposición para trabajar. El Ministerio de Empleo suprimió en 2012 la partida con la que las comunidades autónomas pagaban a estos profesionales, un total de 3.000 en todo el país. Castilla-La Mancha, como muchas otras, los despidió. Navarra, Castilla y León y Extremadura, recuerda Lola Santillana, los mantuvieron.
Rebaja de condiciones y actitud
Una vez cumplimentado el cuestionario o realizada la entrevista, la empresa elaborará un informe con un diagnóstico. Con él se clasificará a los parados “en función de su distancia al mercado de trabajo”. Esa distancia será “pequeña” si el desempleado cuenta con “los conocimientos y herramientas indispensables para incorporarse al mercado de trabajo” y no necesita realizar acciones para mejorarlas. Será “mediana” si necesita orientación laboral o formación. Y será grande si precisa de “una respuesta más integral y tutelada”. Finalmente, también habrá quienes “no estén disponibles” para incorporarse al mercado de trabajo.
Para llegar a esa conclusión, los evaluadores deberán medir no sólo si el desempleado está disponible para buscar empleo y trabajar, o si el puesto de trabajo que busca se adapta a su experiencia y cualificaciones, sino también si está dispuesto a cambiar de lugar de residencia y rebajar sus condiciones laborales –salario, jornada– y de contrato. Al mismo tiempo tendrán que “identificar la actitud y motivación” del parado, así como su “capacidad para afrontar el proceso”.
De acuerdo con el pliego de condiciones de la licitación, esta “evaluación de la empleabilidad” de los parados servirá para diseñar las políticas de empleo autonómicas, con el objetivo, primero, de “optimizar las utilización de los recursos económicos disponibles” y, segundo, “mejorar el nivel de empleabilidad” de los parados. Sin embargo, CCOO sospecha que la finalidad real de la medida es “maquillar” las cifras del paro registrado.
De parado registrado a “demandante de empleo no ocupado”
Las estadísticas de los Servicios Públicos de Empleo, el antiguo Inem, cuentan 4,8 millones de personas como parados registrados en toda España. Pero también figuran otros 301.627 como demandantes de empleo no ocupados (Denos) que o bien perciben el subsidio agrario o bien son estudiantes, o bien demandan un puesto de trabajo por menos de tres meses o con una jornada de menos de 20 horas semanales. Incluyen además a quienes asisten a cursos de formación profesional ocupacional o trabajan a tiempo parcial o están sometidos a un ERE de suspensión de contrato o reducción de jornada. Finalmente, se registra bajo esta rúbrica a los parados que rechazan acciones de inserción laboral o que carecen de “disponibilidad inmediata para incorporarse a un puesto de trabajo”.
Precisamente estos dos últimos tipos quedarán al descubierto con los informes que elabore la adjudicataria. Es lo que cree Lola Santillana: aquellos parados cuyo diagnóstico quede en los últimos dos niveles de empleabilidad de los cuatro posibles saldrán de las listas de parados registrados y saltarán a las de Denos. En Castilla-La Mancha, hay 6.839 de estos demandantes de empleo no ocupados.
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Polémica instrucción
De hecho, ya el pasado mes de marzo, la Consejería responsable dictó una instrucción a las oficinas de empleo a fin de “catalogar la disposición para el empleo” de los parados. Así, se pedía a los funcionarios encargados de las “entrevistas ocupacionales” que pusieran “especial cuidado en la detección” de desempleados “inscritos simplemente para obtener beneficios sociales (bonos de piscina, descuentos en alimentos, expedición de certificados para ayudas sociales…) pero que no buscan empleo”, así como de aquéllos que se inscriben “tan sólo para beneficiarse de los servicios de formación y orientación [de la Consejería], pero en ningún caso están solicitando un empleo”.
También se pedía a los funcionarios que incluyeran a los parados que quieren utilizar el pago único de la prestación por desempleo para montar un negocio en una nueva categoría: “Autoempleo”. O que consignaran la “disponibilidad horaria” del parado si quiere “conciliar la vida laboral y familiar” y no puede aceptar un trabajo a jornada completa. Igualmente se les debía preguntar si acceden a cambiar de residencia o a rebajar su salario y tipo de contrato. Las respuestas a estas cuestiones se resumen en una disponibilidad, alta, media o baja. Esta última –“una clara actitud negativa hacia la propuesta objeto de la citación de forma injustificada”– quedará anotada en la ficha del parado e incluso puede ser comunicada al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha privatizado una parte de la orientación laboral que se lleva a cabo en sus oficinas de empleo. El pasado 25 de noviembre sacó a concurso la evaluación de la empleabilidad de los 258.725 parados de la comunidad autónoma. Lo hace después de haber despedido en 2012 a los 188 orientadores laborales de sus oficinas de empleo. CCOO denuncia que el objetivo final de la medida es “maquillar las cifras del paro registrado”.