El Gobierno elige a la consultora KPMG para poner bajo vigilancia a los parados que perciben prestaciones

La multinacional KPMG pondrá en marcha el nuevo sistema de gestión de las prestaciones públicas por desempleo. La consultora privada está desarrollando “métodos y herramientas informáticas”, también usará nuevas fuentes de información y cruzará bases de datos para detectar si los parados incumplen sus obligaciones de búsqueda activa de empleo y de formación.

Para este año el Ministerio de Empleo ha reducido un 34,6% las partidas dedicadas a lo que se conoce como políticas activas de empleo, la formación para parados y trabajadores. En 2012 ya se habían recortado otro 21%. A cambio, el departamento que dirige Fátima Báñez está empeñado en “reforzar la vinculación” entre políticas activas (formación) y pasivas (prestaciones), y en aumentar los controles sobre los parados que cobran ayudas.

Así, desde el verano pasado, quienes soliciten los 400 euros del Plan Prepara –porque han agotado el resto de las prestaciones y ayudas y carecen de cualquier otro tipo de renta–, deben acreditar que han realizado tres “acciones de búsqueda activa de empleo”. Es decir, tienen que haber enviado currículos a tres empresas distintas o acudido a una entrevista de trabajo. O haberse inscrito en una agencia privada de colocación, en portales de empleo privados o en los de los Servicios Públicos de Empleo. También pueden optar por asistir a los cursos de formación que ofrecen esos mismos servicios públicos.

Para presentar esas pruebas, el parado tiene dos meses de plazo. Si no cumple, pierde la ayuda. Ahí es donde entrará KPMG, que verificará las acreditaciones del desempleado tras habérsele adjudicado en concurso el proyecto piloto.

Desatascar el Fogasa

Pero no es éste el único ámbito en que Empleo recurre a lo que llama “colaboración público-privada” para llegar a donde la precariedad presupuestaria no le permite cumplir. También ha presentado ya un plan de viabilidad para el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que incluye la privatización temporal de la gestión de los expedientes atrasados (Programa Greta) y la definitiva del servicio de atención telefónica al beneficiario (Programa Fono). Pero no se pondrá en funcionamiento hasta el 15 de septiembre. Hasta ese momento, seguirá creciendo el número de expedientes atascados, que CCOO y UGT cifran en este momento en 153.000, equivalente a los que gestionó el organismo durante todo el año 2012.

Los sindicatos aseguran que el Fogasa tarda 12 meses de media en pagar los salarios e indemnizaciones a los despedidos en empresas quebradas o con menos de 25 trabajadores. Con una plantilla de 400 trabajadores en toda España, la crisis ha multiplicado su carga de trabajo por cuatro. Según CCOO y UGT, haría falta incorporar de forma inmediata a 240 personas para desatascar el trabajo atrasado.

Agencias privadas de empleo

Cospedal privatiza el servicio de orientación laboral a parados

Ver más

Pero la parte del león de la colaboración público-privada se la llevará la intermediación laboral. La ministra suele destacar la ineficacia en este campo del antiguo Inem, que “sólo gestiona el 3% de las ofertas de empleo”, frente al sector privado, que presume de multiplicar por cuatro esa cifra. Según los sindicatos, el origen del problema estriba en que en España hay un funcionario para atender a 200 parados, mientras que en el resto de Europa cada empleado público se ocupa de no más de 50. Como el imperativo del ajuste presupuestario no va a permitir aumentar las plantillas, serán las agencias privadas de empleo, que es como quieren llamarse ahora las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), las que cubrirán el hueco: colaborarán/competirán con los servicios públicos de empleo, el estatal y los autonómicos, para intentar dar trabajo a los 6,2 millones de parados españoles.

El Gobierno quiere que empiecen a hacerlo a finales de octubre de este año, según consta en el Programa Nacional de Reformas enviado a Bruselas. Aún está en fase de redacción el acuerdo marco que debe establecer las bases del nuevo modelo. La patronal de las agencias privadas, Asempleo, asegura que ese documento se encuentra “muy avanzado, a falta de los últimos detalles”. Pero todavía deben ponerse de acuerdo las comunidades autónomas con el Servicio de Empleo Estatal, primero, y más tarde adjudicar aquéllas los contratos a las agencias privadas –las competencias en la materia están transferidas–. “Si corren, sí estará listo todo el sistema para esa fecha”, tercia el portavoz de Asempleo, Lorenzo Rivarés.

En mente las agencias privadas tienen el modelo británico, cuyo Gobierno paga un fijo por cada parado que consigue trabajo y una parte variable adicional en función del tipo de empleo o contrato que se le proporciona. El Ejecutivo ya ha explicado que pagará a las agencias privadas en función de sus resultados, según “las características del desempleado y de la duración del empleo facilitado”. Rivarés no adelanta cuál será el coste de la intermediación laboral que prestarán las agencias privadas, pero sí le contrapone los 28 euros diarios que le cuesta cada parado con prestación contributiva a los servicios públicos de empleo.