La nacionalización de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tiene una consecuencia inmediata para sus directivos: sus sueldos quedarán limitados como los del resto de los altos ejecutivos de las empresas públicas. Así lo establece el real decreto-ley de 18 de enero donde se faculta al Estado para hacerse con el control del banco malo, del que hasta ahora poseía un 45,9% de las acciones, compartiendo capital con Caixabank, Santander, Sabadell y hasta una veintena de entidades financieras y aseguradoras. Esa restricción significa que ninguno de sus consejeros ni altos directivos podrán cobrar más de 210.000 euros al año entre retribución fija --105.000-- y variable, tal y como aprobó el Gobierno del PP en 2012 en plena batalla por el recorte del gasto público.
Es el mismo tope que se impuso, por ejemplo, al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al resto de los máximos responsables de las empresas públicas que la integran. Ahora, pese a que la Sareb seguirá sometida al ordenamiento jurídico privado –no se convertirá en sociedad mercantil estatal–, para no entorpecer su “capacidad de actuación”, sí deberá obedecer las normas de contratación del sector público si quiere convocar un concurso, así como el régimen de contratos mercantiles y alta dirección de las sociedades estatales. Para adaptarse a ese nuevo marco retributivo tiene un plazo de tres meses, excepto en lo que respecta a las indemnizaciones, si los ejecutivos deciden abandonar el banco malo, que se aplica de inmediato.
La diferencia retributiva es sustancial. Desde su creación, en 2012, y hasta 2020 –el informe anual y de retribuciones de 2021 aún no está disponible–, la cúpula de la Sareb ha cobrado 36,48 millones de euros, sumando retribuciones fijas y variables. Tanto su presidente y consejero delegado como el resto de los miembros del consejo de administración y su equipo de alta dirección.
Hasta el momento, las remuneraciones en el banco malo se regían por el mismo real decreto-ley y la misma orden ministerial que se aplicaba a las entidades financieras rescatadas con dinero público. Aunque la Sareb no lo era. Pero sí contaba con una participación mayoritaria del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). De modo que podía pagar a sus consejeros ejecutivos un máximo de 500.000 euros al año de retribución fija y una variable que no podía exceder del 60% de la anterior –si lo aprobaba el Banco de España podía elevarse al 100%–, pero que éstos debían percibir diferida a lo largo de tres años. Los consejeros externos podían cobrar hasta 100.000 euros al año como retribución fija.
Los sueldos de sus tres presidentes
La polémica que siguió a la difusión de estas condiciones, en una entidad semipública que no ha dejado de tener pérdidas desde su fundación, forzó una bajada de sueldo de su primera presidenta, Belén Romana, en 2014. Entonces renunció a un 30% de su remuneración fija. Y abandonó la Sareb un año más tarde.
Su sucesor, Jaime Echegoyen, tenía topada en 485.100 euros anuales su retribución anual, de los que 100.100, un 26%, correspondía a la parte variable que se cobra si se consiguen determinados objetivos. En 2020 recibió una nómina anual de 375.375 euros; en 2019, de 385.000. Ambas cifras corresponden a su sueldo fijo. Cuando cobraba variable, percibía entre 25.000 y 33.000 euros al año por cada tercio.
Echegoyen fue reemplazado en octubre de 2020 por Javier García del Río, quien ha rebajado sus emolumentos hasta un máximo de 415.800 euros: 330.000 euros de sueldo fijo y 85.800 de variable. En 2020, cobró un total de 286.777 euros: 204.000 como director general –cargo para el que fue fichado en febrero– y 82.777 euros entre octubre y diciembre tras ser nombrado consejero ejecutivo. Debido a la crisis del covid, consejeros y altos ejecutivos del banco malo han renunciado a cobrar el complemento variable tanto en 2020 como en 2021. Tampoco devengaron un euro por este concepto en 2019. Como lo perciben en tercios distribuidos en tres años, el último que cobraron fue el de 2017, según consta en los informes anuales y de retribuciones de la entidad. Además, el salario base de los consejeros se redujo un 15%, por lo que los presidentes de los comités de auditoría y de retribuciones, por ejemplo, han pasado de ingresar 95.000 euros a 83.750. Así, en 2020 los 15 miembros del consejo de administración se llevaron 639.791 euros, mucho menos que en 2019 –863.000 euros– y que en 2018, cuando rozaron el millón –906.000 euros–.
Aun así, el recorte salarial será cuantioso. Sobre todo, para su presidente ejecutivo, que deberá limitar su nómina a 210.000 euros anuales, casi la mitad del máximo que tiene reconocido.
Más de un millón para premiar la permanencia
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Por lo que se refiere al equipo directivo, cobró 1,18 millones de euros en 2020, la menor nómina desde que se creó la Sareb. La razón es que la alta dirección pasó de tener 19 miembros a sólo siete ese año. Y cuenta con uno menos desde 2021. En 2018 llegó a sumar 20 ejecutivos. Los informes de retribuciones, gobierno corporativo y de actividad no facilitan más que las cifras agregadas de salarios de todos los altos directivos. Que son generosas. La mayor remuneración corresponde a 2016, cuando percibieron en conjunto 4,83 millones de euros, de los cuales 506.000 fueron como complemento variable y 1,05 millones respondieron a un “plan de fidelización”, que premia la permanencia en la empresa y cobraron 15 de los 19 miembros del equipo directivo de entonces. En 2018 la parte variable distribuida entre los altos ejecutivos se elevó hasta los 688.000 euros. En esa cuantía suele situarse la remuneración por objetivos repartida. En 2019 devengaron 650.000 euros por este concepto, que no han llegado a percibir al estallar la crisis del coronavirus y limitarse sus retribuciones. La plantilla tiene congelados sus sueldos desde ese año.
Al percibir esta parte de la nómina distribuida a lo largo de tres años y como el número y los nombres de los directivos han cambiado de año en año, resulta difícil establecer cuánto gana cada uno de ellos. Pero dividiendo la remuneración total entre la veintena de altos ejecutivos, la cifra supera los 221.000 euros de media. Es decir, exceden en 10.000 euros anuales el tope fijado para los directivos del sector público estatal.
Cuestión aparte son las indemnizaciones. La norma para las empresas públicas dicta que su cuantía no podrá rebasar los siete días por año trabajado, con un límite máximo de seis mensualidades. El cálculo, además, debe realizarse sobre la retribución fija, excluidos los complementos variables. Y ello siempre que el ejecutivo sea despedido. En 2019, dos de los directivos que abandonaron sus puestos en el banco malo recibieron indemnizaciones por importe de 248.000 euros.
La nacionalización de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tiene una consecuencia inmediata para sus directivos: sus sueldos quedarán limitados como los del resto de los altos ejecutivos de las empresas públicas. Así lo establece el real decreto-ley de 18 de enero donde se faculta al Estado para hacerse con el control del banco malo, del que hasta ahora poseía un 45,9% de las acciones, compartiendo capital con Caixabank, Santander, Sabadell y hasta una veintena de entidades financieras y aseguradoras. Esa restricción significa que ninguno de sus consejeros ni altos directivos podrán cobrar más de 210.000 euros al año entre retribución fija --105.000-- y variable, tal y como aprobó el Gobierno del PP en 2012 en plena batalla por el recorte del gasto público.