El Ministerio de Empleo entregó el pasado jueves a la patronal y los sindicatos el tercer borrador del real decreto que debe desarrollar la “reforma urgente” del sistema de formación para el empleo, aprobada con una ley de 9 de septiembre de 2015. Casi dos años después, e incumplidos todos los plazos previstos, el Gobierno acaba de responder a la diputada de Podemos Yolanda Díaz que “desconoce” cuándo se aprobará ese desarrollo normativo.
La entrega del documento se produjo en la Mesa de Formación, uno de los cuatro grupos de trabajo que han creado Empleo, la CEOE, UGT y CCOO en el marco del Diálogo Social y que avanzan con gran lentitud según se quejan los tres últimos. La Mesa de Formación, por ejemplo, sólo se ha reunido dos veces, con un intervalo superior a los dos meses entre una y otra cita. Además, pese a que los agentes sociales se lo pidieron el jueves, el ministerio no ha fijado un calendario de nuevas reuniones.
Este tercer borrador obtuvo el dictamen favorable del Consejo de Estado el pasado diciembre, pero aún está lejos de ver la luz, pese a las prisas del ministerio por aprobarlo. La patronal y los sindicatos, con puntos de vista enfrentados en la mayoría de los asuntos laborales, coinciden sin embargo en rechazar la reforma del sistema de formación para el empleo diseñada por el Gobierno. Y también se oponen al real decreto tal y como lo ha redactado el ministerio. De hecho, preparan una declaración conjunta que detallará sus motivos, además de exigir cambios en la ley que desarrolla. “El sistema no funciona”, es el contundente dictamen de CCOO.
Disputas en los tribunales
El rechazo al real decreto es un nuevo episodio de la guerra que libran la patronal y los sindicatos con el Ministerio de Empleo a propósito de la formación para el empleo. Han conseguido que la Audiencia Nacional anule la convocatoria de subvenciones de 2014 y han presentado una demanda en los mismos términos contra la de 2016, que aún no ha sido resuelta.
La reforma de 2015 expulsó a la patronal y los sindicatos del control del sistema de formación para los trabajadores. Empleo justifica su decisión con el argumento de que sindicatos y patronal no pueden ser “juez y parte” en la concesión de las subvenciones. Por el contrario, CEOE, CCOO y UGT consideran “una línea roja irrenunciable” su regreso al órgano de control de los cursos, como los mejores conocedores de las necesidades formativas de empresas y trabajadores.
Ése es el centro de la disputa que une a los sindicatos y la patronal. Quieren recuperar la gobernanza del sistema, de forma que la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, donde están representados, mantenga la capacidad de decisión que tenía antes de la reforma, planificando y distribuyendo fondos. Además, piden que el patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) vuelva a ser paritario: desde la reforma la Administración copa el 51% de sus representantes, cuando antes los asientos se repartían a partes iguales con los sindicatos y la patronal.
También reclaman al ministerio que abandone el sistema de subvenciones para financiar los cursos de formación, que consideran una fuente de fraude. En su lugar, deberían utilizarse los concursos públicos o incluso dotar de fondos a los centros públicos de formación.
Un préstamo del 10% al Estado durante 25 años
La patronal, CCOO y UGT coinciden igualmente en exigir al ministerio la reanualización de los fondos: que se utilicen en el ejercicio siguiente las cuantías que queden sin gastar cada año. Y que se haga de forma automática y con el 100% del dinero. Les acaba de dar la razón la Defensora del Pueblo quien, a instancias de la patronal catalana Cecot, ha instado a Empleo a destinar a formación la totalidad de los fondos recaudados con la cuota de Formación Profesional que pagan empresas y trabajadores. Igualmente les pide que “adopten las medidas necesarias” para incorporar los remanentes de cada ejercicio a los Presupuestos del Estado del siguiente año. El ministerio alega en su defensa que se trata de una facultad “potestativa” de la Administración. Pero la Defensora le ha recordado a Empleo que tanto el Tribunal de Cuentas como el Tribunal Constitucional y la propia ley le obligan a incorporar los remanentes al siguiente ejercicio.
Según los cálculos de CCOO, entre 2014 a 2016 se han perdido 1.089 millones de euros en convocatorias estatales y acciones programadas por las empresas. El secretario de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, apunta que en los últimos 25 años la Administración se ha quedado con el 10% de los presupuestos anuales de formación para el empleo. “Es un préstamo que empresas y trabajadores hemos hecho al Estado”, protesta.
Sólo en 2016, el Ministerio de Empleo dejó sin gastar un total de 578,88 millones de euros de los casi 2.000 millones que tenía presupuestados para formar a trabajadores, tanto desempleados como ocupados. La cifra superó en un 33% el nivel de desaprovechamiento de los fondos de 2015, cuando el ministerio dejó sin emplear 435 millones de euros. Es decir, el año pasado sólo se utilizó el 70% del dinero disponible, que procede de las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores, un 0,7% de su aportación por contingencias comunes.
En la convocatoria que se está tramitando este año, de los 250 millones de euros destinados a subvencionar cursos para trabajadores sólo se han repartido 195 millones. CCOO denuncia que 24 sectores productivos no recibirán ayudas y otros 64 las percibirán por debajo de la financiación que les corresponde en función de los trabajadores que tienen ocupados. “El 83% de los cursos serán de teleformación, en las cinco familias más fáciles de hacer”, lamenta el director de Formación de la CEOE, Juan Carlos Tejeda. Además, este año, asegura, han concurrido menos empresas a pesar de que se repartía más dinero que en 2015. “Ha sido una convocatoria artificial que va a tener una ejecución complicadísima”, augura. Por su parte, el secretario de Formación de UGT habla de “convocatoria fallida” y rechaza que se abra la de 2017 de acuerdo con la misma norma que, a su juicio, ha hecho “fracasar” la de 2016.
Concesiones a los agentes sociales
Empleo cede ante sindicatos y patronal y les devuelve parte del control sobre la formación
Francisco Moreno, adjunto a la Secretaría de Formación de CCOO, cree que Empleo ha hecho alguna “concesión” a los agentes sociales, utilizando tanto los Presupuestos del Estado como el decreto ahora en fase de negociación. Pero Moreno los considera “caramelos” para suavizar el trago de la reforma. Así, en el borrador de decreto se ha excluido a los centros concertados de la red pública de centros de formación, una reclamación sindical. Además, los Presupuestos destinan una partida de ocho millones de euros a las llamadas “estructuras paritarias sectoriales”, que incluyen tanto las comisiones en las que participan empresas y sindicatos para resolver disputas en la negociación colectiva, como instituciones con personalidad jurídica del tipo de la Fundación Laboral de la Construcción o la Fundación Laboral del Metal. CEOE, UGT y CCOO piden que se les amplíen sus funciones, que van desde la elaboración de propuestas de formación hasta la elaboración de estudios.
El Gobierno también ha asignado otros ocho millones de euros a “financiar la formación de los agentes sociales” para esas “nuevas funciones” que establece la reforma del sistema. “[A cambio, el Gobierno] Quiere que le demos un aval incondicional a una política que no garantiza el derecho de los trabajadores a la formación ni atiende a las necesidades reales de las empresas”, protesta el dirigente de CCOO.
infoLibre pidió al Ministerio de Empleo una valoración sobre el desarrollo de la reforma de 2015 y su negociación con la patronal y los sindicatos, pero no fue posible obtenerla.
El Ministerio de Empleo entregó el pasado jueves a la patronal y los sindicatos el tercer borrador del real decreto que debe desarrollar la “reforma urgente” del sistema de formación para el empleo, aprobada con una ley de 9 de septiembre de 2015. Casi dos años después, e incumplidos todos los plazos previstos, el Gobierno acaba de responder a la diputada de Podemos Yolanda Díaz que “desconoce” cuándo se aprobará ese desarrollo normativo.