El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio ante el Ministerio de Economía y Competitividad para conocer cómo afectan las nuevas condiciones para la retirada de dinero en cajeros automáticos a los clientes de las diferentes entidades bancarias.
El pasado 1 de enero entró en vigor el real decreto ley que prohíbe cobrar al usuario una doble comisión por sacar dinero de un cajero automático que no pertenezca a su banco. Según la nueva normativa, el banco propietario del cajero usado por un no cliente cobrará una comisión a la entidad emisora de la tarjeta, y ésta podrá repercutírsela o no a su usuario. Sin embargo, el decreto no limita la cantidad que el cliente puede llegar a pagar por ese servicio.
La Institución considera que sería conveniente establecer una tarifa máxima que se corresponda con el servicio prestado y que los bancos proporcionen una información "clara y precisa" de las comisiones que permita a los clientes decidir qué cajero utilizar.
El Defensor señala que los clientes "no conocen de antemano" la comisión que tendrán que pagar por utilizar cajeros que no son de su entidad. "Aunque la tarifa aplicada aparece en la pantalla antes de ser cobrada y el cliente siempre puede negarse a pagarla, esto no soluciona las dudas previas para escoger entre uno u otro cajero", advierte.
Los bancos disparan un 34% sus ingresos por comisiones desde 2007
El Defensor del Pueblo también recuerda que en muchos municipios de España hay un solo banco, por lo que clientes de otras entidades se tienen que trasladar a otros pueblos o ciudades para sacar dinero en efectivo si quieren evitar la comisión.
El mapa bancario actual se divide entre los tres grandes bancos –Santander, BBVA y Caixabank– que no han firmado ningún convenio hasta la fecha con otros entidades y que cobrarán a las entidades emisoras de la tarjeta entre 1,85 y 2 euros.
Por otro lado, se encuentran el resto de entidades, que han cerrado acuerdos para ofrecer a sus clientes las condiciones más ventajosas a la hora de retirar dinero a débito. En este caso, cobrarán entre 0,45 y 0,65 euros.
El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio ante el Ministerio de Economía y Competitividad para conocer cómo afectan las nuevas condiciones para la retirada de dinero en cajeros automáticos a los clientes de las diferentes entidades bancarias.