La quinta prórroga del estado de alarma ha provocado un enorme terremoto político. Y no precisamente por la extensión durante un par de semanas más de la situación de excepcionalidad en la que se encuentra inmerso el país desde hace algo más de dos meses. En esta ocasión, el debate se ha situado más bien sobre el acuerdo alcanzado entre los dos partidos de Gobierno –PSOE y Unidas Podemos– y EH Bildu para que este último no obstaculizase la nueva extensión en el Congreso. El pacto, firmado por las tres formaciones, contempla la derogación "de manera íntegra" de la reforma laboral de 2012. Sin embargo, los expertos consultados por infoLibre ponen en duda que dicha norma pueda tumbarse sin más, de un plumazo. Principalmente, dicen, porque un movimiento así podría crear "inseguridad jurídica". El único camino posible, explican, es ir con una nueva ley bien preparada y estudiada bajo el brazo para no dejar ningún vacío regulatorio.
"Es complicado decir simplemente 'queda derogada la reforma laboral'. Provocaría inseguridad jurídica", explica Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Coincide con él su homólogo en la Universidad de Castilla-La Mancha, Antonio Baylos: "Nadie puede derogar así. Lo normal, en estos casos, es ir modificando aspectos concretos". En este sentido, pone un ejemplo de los problemas que un movimiento similar podría llevar aparejados. "La ley 3/2012 incluyó en el Estatuto de los Trabajadores el artículo 13, que regula el teletrabajo. Si esto desaparece, ¿qué regulación quedaría del empleo a distancia?", recuerda.
Los expertos consultados señalan que en caso de querer borrar de forma íntegra a la reforma laboral del PP es necesario hacerlo con otra ley bajo el brazo. Porque, como señala Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universitat Autònoma de Barcelona, "una norma derogada no 'reabre' o da nueva 'vida' a un texto derogado". Es decir, que de eliminarse sin más no entraría automáticamente en vigor el marco de 2010. "Ha de regular expresamente el nuevo contenido, sea o no el mismo que había en 2010. Ha de fijar o aclarar las reglas de transitoriedad en su caso. No se desviste a un santo (normativa de 2012) para vestir sin más a otro (normativa de 2010)", señala. En definitiva, que las palabras mágicas "derogación íntegra" deben después "ser dotadas de contenido jurídico".
Cruz Villalón considera que esta "reforma de la reforma" debe abordarse a través de un texto legal "más complejo" en el que se analicen todos los flecos. En su opinión, no tiene sentido decir directamente que se vuelve al marco jurídico del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero porque podrían surgir algunos problemas. En este sentido, pone el foco por ejemplo en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Antes del 2012, se exigía autorización administrativa. Ahora, muchos de estos ajustes que se produzcan por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción no requieren el permiso, sino que se negocian con los representantes de los trabajadores. "¿Hasta qué punto se sigue aplicando transitoriamente lo anterior? ¿Qué pasará con los nuevos ERTE?", se pregunta.
Otra cuestión que pone sobre la mesa el catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla es el que tiene que ver con los plazos para llevar a cabo la prometida derogación. En el acuerdo suscrito por las tres formaciones políticas se recoge que "deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias" adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis sanitaria. En este sentido, se pregunta si dará tiempo a que en ese plazo "se apruebe un proyecto de ley" en las Cortes. Y avisa de que la vía del decreto está reservada exclusivamente para situaciones de urgencia. Una condición que, en este caso, no ve clara. "En este sentido, tenemos un problema de constitucionalidad importante", dice.
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Rojo recuerda que "la política es el arte de pactos y acuerdos". Y, en este sentido, los expertos destacan la importancia que desde los sindicatos se le da al diálogo social. CCOO y UGT han mostrado este martes su compromiso con la derogación de la reforma laboral. Sin embargo, han pedido al Ejecutivo que no se mueva en solitario. "No teníamos en absoluto conocimiento del propio texto del acuerdo, si se le puede llamar texto a esos tres párrafos", ha reconocido este martes el líder de UGT, Pepe Álvarez. Su homólogo en CCOO, Unai Sordo, que ha pedido retomar la agenda de diálogo social alrededor de esta cuestión. "No solo hay que derogar la reforma laboral (mejor dicho, las dos últimas reformas laborales) sino que hay que poner en pie toda una legislación alternativa", ha recalcado en un comunicado.
La patronal, por su parte, se ha pronunciado con dureza. CEOE y Cepyme han señalado que el pacto alcanzado con EH Bildu, luego matizado por el PSOE y que pilló por sorpresa a ministerios como el de Trabajo o Economía, supone un "desprecio indignante" a un diálogo social que "dinamita". "Es de una irresponsabilidad mayúscula y tendrá unas consecuencias negativas incalculables en la economía española y en la confianza empresarial tanto nacional como internacional, que impactarán de forma profundamente negativa en el empleo", han apuntado los empresarios en un comunicado.