El pasado 12 de diciembre se vio en el Juzgado de lo Social número 41 de Madrid el juicio por el despido disciplinario de Jorge Pérez Ramírez, inspector del Banco de España, a quien el organismo supervisor acusa de filtrar documentos confidenciales y participar sin el permiso preceptivo en la redacción de informes periciales externos sobre cuestiones financieras, violando el régimen de incompatibilidades y usando para ello medios electrónicos de la institución durante el horario laboral. Toda una batería de acusaciones que quedaron plasmadas en una prolija carta de despido de 65 páginas con fecha del 30 de julio pasado.
También una situación casi inédita en la institución: Pérez Ramírez es el segundo inspector que el Banco de España ha despedido en las últimas décadas. El primero se quedó sin trabajo después de repartir octavillas contra el gobernador en un bar cuando aún no existían el correo electrónico ni las redes sociales. En cambio, Jorge Pérez, según expuso ante el juez, considera que ha sido víctima de una “causa general”, represaliado por denunciar el pasado mayo en la Audiencia Nacional la falsedad del folleto de la salida a Bolsa de Bankiala falsedad del folleto de la salida a Bolsa de Bankia. Y haber advertido de ello previamente al Banco de España, sin éxito.
En realidad, el despido constituye el último episodio de un largo y enconado enfrentamiento entre la cúpula del supervisor y el cuerpo de inspectores. Una lucha que se retrotrae a los tiempos –2000 a 2006– en los que Jaime Caruana era el gobernador y la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de España (Aieca) envió primero cartas a todos los miembros del Consejo de Gobierno del organismo supervisor y después al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, alertándoles del estallido de la burbuja inmobiliaria que se estaba gestando en España. Entonces la asociación culpó a la “pasividad” y “complacencia” del gobernador del “crecimiento desordenado del crédito, especialmente en la parte dedicada a la financiación de la actividad inmobiliaria”, por su “falta de determinación” a la hora de requerir a los bancos y cajas “el rigor en la asunción de riesgos exigible a gestores de recursos ajenos”.
En 2011, cuando la crisis ya había dinamitado la economía mundial y Miguel Ángel Fernández Ordóñez dirigía el Banco de España, los inspectores volvieron a publicar una carta. En esta ocasión reclamaban “independencia profesional” frente a los órganos rectores del supervisor.
Pero la pugna se encarnizó en el momento en que la salida a Bolsa de Bankia llegó a los tribunales. La Audiencia Nacional encargó en 2014 a dos inspectores del Banco de España sendos informes periciales. Ambos coincidieron en que las cuentas de la entidad financiera, fruto de la fusión de Caja Madrid con Bancaja y otras cajas más pequeñas, no reflejaban, tal y como se mostraban en el folleto bursátil, la imagen fiel del banco. De hecho, esas cuentas deberían haber reducido los recursos propios en 2.043 millones de euros, no calificaban como dudosos créditos que sí lo eran, transformaban pérdidas del Banco de Valencia en beneficios… El perjuicio causado a los inversores que habían comprado acciones de Bankia a partir de julio de 2011 superaba los 3.000 millones de euros. En resumen, los inspectores habían asestado un directo a la mandíbula del Banco de España, que había dado el visto bueno a las cuentas de la Bankia de Rodrigo Rato.
El organismo no tardó en reaccionar. Aunque en todo momento negó que hubiera elaborado un contrainforme para rebatir las conclusiones de los peritos, sí que envió en enero de 2015 al FROB –personado en el caso Bankiacaso Bankia, de cuyo capital posee el 61,38%– una “contestación a una consulta” que le había planteado su comisión rectora “para aclarar y precisar la interpretación genérica de varias normas contables emitidas por el Banco de España”, relacionadas con el juicio de la Audiencia Nacional. Así lo explicaba el Banco de España en una nota de prensa un año más tarde, después de que los inspectores pidieran la dimisión del subgobernador y presidente del FROB, Fernando Restoy, al hacerse público que ese “informe” enmendaba la plana al de los peritos de Bankia, Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets.
En cualquier caso, sólo unos días después ambos ratificaban ante el juez Fernando Andreu, el instructor de la causa, sus informes de 2014 e incluso refutaban la tesis oficial del Banco de España: que Bankia disponía de provisiones suficientes para cubrir posibles pérdidas en los dos años siguientes. Un argumento que ha defendido el entonces director general de Supervisión y hoy director general del Fondo de Garantía de Depósitos, Mariano Herrera, en sucesivas declaraciones ante la Audiencia Nacional. Para los peritos, por el contrario, esas provisiones para insolvencias, 6.913 millones de euros, incluidas en el folleto y procedentes de las siete entidades fusionadas, eran sencillamente “falsas”, “un caso claro de fraude contable”, sostenían.
Comisión de investigación
La guerra ya era abierta. Pedro Luis Sánchez y José Antonio Delgado, presidente y secretario general de la Asociación de Inspectores –rebautizada como AIBE–, comparecieron en octubre y noviembre de 2017 en la comisión de investigación sobre la crisis financiera constituida en el Congreso de los Diputados. Delgado denunció la “captura del supervisor ante la influencia de las propias entidades supervisadas”. La “influencia” de los bancos en el Banco de España, “con un supuesto buen clima de diálogo entre supervisor y supervisado”, explicó el inspector, ha ido “relajando la aplicación de medidas correctivas sobre las deficiencias observadas por los inspectores y sustituyendo la emisión de actas de inspección por relaciones de hechos o meras recomendaciones cuyo seguimiento, además, ha presentado notables lagunas”.
El secretario general de la asociación no sólo reveló que no se había realizado inspección alguna en la fusión entre Bankia y BMNfusión entre Bankia y BMN ni en el Banco Popular, sino que, además, citó como una de las consecuencias de esa “captura” el hecho de que el Banco de España “haya apartado de la inspección de determinadas entidades” a algunos inspectores tras “destapar deficiencias, irregularidades o déficit patrimoniales” en esos bancos, “que se tratan de ocultar o minimizar”. No dudó en hablar de “represalias” contra estos inspectores. Incluso mencionó su propio caso, como encargado de supervisar Liberbank. “No tienes cintura, no tienes flexibilidad”, le reprochó quien entonces era su jefa y desde octubre del año pasado es subgobernadora, Margarita Delgado. A continuación le apartó de la inspección, según relató a los diputados, porque no se encontraba “cómoda” con el informe que él había redactado. Lo mismo les ocurrió a los inspectores encargados de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –intervenida y vendida al Banco de Sabadell en 2011– “cuando empezaron a transmitir conclusiones que no gustaron” y de Caja Castilla-La Mancha (CCM) –intervenida en 2009 y hoy parte de Liberbank–. También hubo problemas similares, aseguró, en el Banco Popular. Pedro Luis Sánchez, por su parte, añadió a la lista el Banco Santander, aunque apuntó que no eran las únicas entidades. “Y lo hemos manifestado a la Dirección General de Supervisión, al subgobernador y al gobernador”, abundó.
A preguntas de infoLibre, fuentes del Banco de España niegan “rotundamente” que hayan relegado, trasladado o silenciado” a ningún inspector. “No se ha presentado queja alguna ni a través de los cauces habituales ni a través de los cauces sindicales”, explican. Además, señalan que los trabajadores están representados en el Consejo de Gobierno. Y éste, en pleno, envió en su día una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que calificaba de “inaceptables” las declaraciones de José Antonio Delgado. La carta también defendía la “independencia” del Banco de España y rechazaba que esté “capturado” por las entidades financieras.
Cinco represaliados
Sin embargo, los inspectores consultados por este periódico recalcan que los cinco inspectores críticos del caso Bankia han sido penalizados por sostener sus informes: además de lo relatado por José Antonio Delgado –que se encargó de Bankia a partir de septiembre de 2011, tras la salida a Bolsa–, Sánchez Nogueras ha abandonado la institución, Busquets continúa en ella pero “no tiene trabajo”, José Antonio Casaus –quien envió unos correos a sus superiores advirtiendo de la inviabilidad de Bankia– ha sido trasladado del departamento de entidades significativas a encargarse de las cooperativas de crédito y, finalmente, Jorge Pérez ha sido despedido. Este inspector dimitió como responsable de Regulación cuando le pidieron que apoyara los informes contra los peritos de Bankia, explican los inspectores con quienes se ha puesto en contacto infoLibre y que han pedido el anonimato. Pérez Ramírez siguió manteniendo el pasado mayo ante el juez que el folleto de la salida a Bolsa de Bankia no se sostenía, el descuento con el que se ofertaron las acciones era exagerado y los ajustes contra reservas suponían un riesgo reputacional para el Banco de España. Hay que recordar, además, que tras la aparición de los correos de Casaus, el juez Fernando Andreu imputó en la causa a Pedro Comín –exjefe de la inspección de Bankia y destinatario de los emails–, el citado Mariano Herrera, Pedro González –director de Inspección IV–, Jerónimo Martínez Tello –director de Supervisión–y Javier Aríztegui –subgobernador–. Los tres primeros presentaron su dimisión en el mismo momento en que fueron citados como investigados.
Por el contrario, el Banco de España niega cualquier tipo de represalia y, de hecho, desvincula la declaración de Jorge Pérez por el caso Bankia de su despido, pese a producirse sólo dos meses después. El supervisor investigó los correos electrónicos del inspector desde el 1 de enero de 2016 y se los entregó a una filial de la auditora Deloitte, a la que había contratado para que buscara aquéllos en los que aparecían determinadas palabras clave. Se da la circunstancia de que Deloitte fue también la auditora de Bankia y está imputada como persona jurídica en la causa –aunque el fiscal pidió en julio su desimputación–. Para su auditor en la entidad, Francisco Celma, la Fiscalía pide dos años de cárcel como cooperador necesario del delito de estafa a inversores. En esa investigación Deloitte descubrió cientos de correos que relacionan a Jorge Pérez con el periodista Ernesto Ekaizer y que desvelan los trabajos –colaboraciones en libros y artículos– que realizó para el exgobernador del Banco de España Aristóbulo de Juan. Su defensa alega que con el contrato con Deloitte el supervisor intentaba dar “apariencia de legalidad” a la intrusión “indiscriminada” –unos 47.000 correos– en el buzón de Pérez Ramírez que habían realizado previamente informáticos de la casa.
Las fuentes del organismo supervisor han declinado comentar cualquier aspecto del despido de Jorge Pérez alegando que se trata de “un proceso judicial en curso”.
Además de declarar en la comisión del Congreso sobre la crisis financiera, los inspectores presentaron una propuesta de reforma de la supervisión, que ha quedado parada por las dos disoluciones de las Cortes en el último año. En cualquier caso, la citada comisión incluyó en su dictamen final “la necesidad de una reforma de los órganos supervisores financieros para evitar una nueva crisis”, pidió una mejora en los procedimientos y controles del Banco de España e instó a aplicar medidas que “aseguren la efectividad e independencia” de estos organismos –también de la CNMV y el FROB–. Además, aprobó desarrollar el estatuto de los inspectores del Banco de España, una reivindicación histórica de este cuerpo de más de 200 técnicos.
Reorganización
De momento, la llegada de un nuevo gobernador, Pablo Hernández de Cos, y de una nueva subgobernadora, Margarita Delgado, se ha traducido en una reorganización de los departamentos de Regulación y Supervisión que, sin embargo, tampoco ha convencido a los inspectores. El supervisor la ha presentado como una forma de “reforzar la supervisión de las entidades menos significativas” y de “potenciar la coordinación” con el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) europeo y con otros supervisores nacionales. Pero los inspectores consultados creen que los cambios son “a peor”: “Siguen sin hacerse inspecciones, nos creemos todo lo que nos dicen las entidades y luego se pone en los informes”, critican.
Además, consideran que la reorganización –“es sólo cosmética, una operación de maquillaje europeo”–, desmiente las afirmaciones de Margarita Delgado en su primera reunión con los inspectores, en octubre de 2018, que fueron filtradas a la Cadena Ser: “Se acabó el defender a la banca; ese espíritu tiene que desaparecer. Tenemos que ser justos”. El Banco de España abrió una investigación entonces “porque lo solicitaron todos los sindicatos por unanimidad, incluida la Asociación de Inspectores”, para averiguar el origen de la filtración, detallan las fuentes del supervisor. Pero no se hallaron “pruebas concluyentes para tomar acciones posteriores”, añaden. Por el contrario, según los inspectores con los que ha contactado este periódico, fue precisamente con esa investigación como se encontraron los correos que comprometieron a Jorge Pérez Ramírez. Su expediente se abrió el 7 de noviembre de 2018.
Los inspectores lamentan que en la actualidad no exista canal alguno de diálogo con la cúpula del Banco de España. Los responsables de la Asociación de Inspectores presentaron su dimisión en noviembre de 2018 y desde entonces no se ha recompuesto su ejecutiva. “La plantilla está asustada”, destacan a este periódico, “el despido de Jorge Pérez ha generado una psicosis tal que nadie se va a mover”. En cambio, las fuentes de la institución señalan a infoLibre que sus relaciones con el cuerpo de inspectores son “normales, al igual que con el resto de los colectivos profesionales del banco”.
Informes “suavizados” desde 2000“”
El Banco de España ve recuperable solo el 21% de las ayudas a la banca, que ya ascienden a 65.725 millones
Cuando José Antonio Delgado compareció en el Congreso, denunció que el Banco de España había sido demasiado “laxo” en la política de remuneraciones “estratosféricas” de los gestores, sobre todo de las cajas de ahorros, y de directivos que luego fueron condenados penalmente. Pedro Luis Sánchez se refirió al caso concreto de Bankia: el cargo contra reservas, y no contra pérdidas y ganancias, de los ajustes contables de 2010 –criticado por Jorge Pérez Ramírez– permitió a los directivos de la entidad repartirse bonus por importe superior a los 100 millones de eurosbonus. “Con las tarjetas black”, recordó a los diputados, “el escándalo fue sólo de entre 22 y 30 millones”.
Pero la “captura del supervisor” tiene mucho mayor alcance según explicaron los inspectores en la comisión de investigación. “En la fase de resolución de la crisis”, indicó Delgado, “se ha actuado de un modo excesivamente suave en relación con infracciones muy graves y que afectaban a la solvencia y a la gestión”. Pedro Luis Sánchez fue más allá y aseguró que la propia Intervención General del Estado (IGAE) ha constatado, “en respuesta a una solicitud de información de la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Bankia”, que el Banco de España lleva desde 2000 “suavizando” los informes de inspección.
“En el Banco de España no hay un problema político, de PP o PSOE, sino que su cúpula está al servicio del lobby bancario”, resumen sin tapujos los inspectores a infoLibre.
El pasado 12 de diciembre se vio en el Juzgado de lo Social número 41 de Madrid el juicio por el despido disciplinario de Jorge Pérez Ramírez, inspector del Banco de España, a quien el organismo supervisor acusa de filtrar documentos confidenciales y participar sin el permiso preceptivo en la redacción de informes periciales externos sobre cuestiones financieras, violando el régimen de incompatibilidades y usando para ello medios electrónicos de la institución durante el horario laboral. Toda una batería de acusaciones que quedaron plasmadas en una prolija carta de despido de 65 páginas con fecha del 30 de julio pasado.