Sindicatos, patronal y Gobierno continuarán negociando el próximo jueves la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, después de que la reunión que han mantenido esta lunes no haya podido cerrarse con acuerdo, debido a la discrepancia en torno al compromiso del mantenimiento del empleo: la exigencia a las empresas que despidan a los trabajadores por los que han disfrutado de exenciones de cuotas de que las devuelvan. CEOE y Cepyme reclaman que se reintegren sólo las de los empleados despedidos, y no las de toda la plantilla como establece ahora la regulación de los ERTE. Los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, por el contrario, defienden que “el dinero público no se puede emplear para despedir”, en palabras del responsable de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino.
Casi al mismo tiempo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunía con los líderes de los sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, así como de la CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, para “recuperar la agenda sociolaboral” en 2021, en palabras del secretario general de CCOO. No sólo la prórroga de los ERTE, sino también la eliminación de los “aspectos más lesivos de la reforma laboral” en lo que a negociación colectiva y derechos laborales se refiere, y las políticas activas de empleo, ha explicado Sordo al término de la reunión. “Todos los agentes sociales hemos estado de acuerdo en que más allá de los documentos que el Gobierno envíe a Bruselas, desde el Diálogo Social vamos a abordar las reformas necesarias para recuperar los derechos laborales arrebatados en los últimos años y para modernizar el sistema laboral español, que no puede seguir basándose en la precariedad y en los bajos salarios”, ha adelantado. Unai Sordo se refiere a las reformas laborales y de pensiones que Bruselas reclama a España a cambio de los fondos que va a suministrar para combatir la crisis causada por la pandemia. Y a los cambios en la reforma laboral que han quedado en suspenso por la pandemia y por las reticencias del Ministerio de Economíaen suspenso por la pandemia y por las reticencias del Ministerio de Economía para llevarlas adelante.
Díaz les ha detallado “verbalmente” esos documentos, según una nota que han hecho pública ambos sindicatos, por lo que éstos le han reclamado que se les dé a conocer “en detalle” esos textos.
Con acuerdo en lo fundamental
Tanto UGT como CCOO y el ministerio creen que debe mantenerse el texto actual que regula los ERTE en tanto que se está negociando su prórroga, no un nuevo acuerdo. Así, no hay discrepancias en los puntos fundamentales: que los trabajadores afectados por un ERTE tengan acceso a la prestación de desempleo sin periodo de carencia, que no se les compute hasta enero de 2022 el periodo de prestación consumido y que esa ayuda equivalga al 70% de la base reguladora.
La prórroga de los ERTE se retrasa al martes a expensas de que la CEOE decida si acepta la prohibición de despedir
Según ha declarado la secretaria de Acción Sindical de CCOO, María Cruz Vicente, en la reunión del jueves será posible cerrar “detalles” para alcanzar un “acuerdo satisfactorio”. Gonzalo Pino, en cambio, no se muestra tan optimista. “Los empresarios están jugando como trileros con el asunto de la devolución de las exoneraciones de cuotas, pero esperamos que el Ministerio de Trabajo mantenga el jueves su postura de que la regulación no se puede alterar en ese punto”, apunta. Si cambia en ese planteamiento, añade, será por culpa de “elementos extraños” que Pino no quiso precisar. En caso de que la CEOE posponga su decisión final sobre los ERTE a una consulta con sus asociados en junta directiva, es posible que no puede firmarse el acuerdo antes del día 15, pese a que ésa era el compromiso inicial de las partes.
Por la mañana, la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguraba en una entrevista en la Cadena Ser que el Gobierno actúa con una sola voz, “que es la que se plasma en el Boletín Oficial del Estado”, y negaba que trabaje como freno a las propuestas de Unidas Podemos. Para el dirigente de UGT, en cambio, Calviño “se preocupa demasiado por los empresarios”, cuando debería preocuparse por los trabajadores.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, a cierre de diciembre se encontraban en ERTE 755.610 trabajadores. La regulación actual, vigente hasta el próximo día 31, establece la prórroga automática de los procedimientos por fuerza mayor para determinados sectores económicos, al tiempo que crea dos figuras, los ERTE de impedimento de actividad y los de limitación de actividad, a los que pueden acogerse todas las empresas, con exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social que en algunos casos llegan hasta el 100%.
Sindicatos, patronal y Gobierno continuarán negociando el próximo jueves la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, después de que la reunión que han mantenido esta lunes no haya podido cerrarse con acuerdo, debido a la discrepancia en torno al compromiso del mantenimiento del empleo: la exigencia a las empresas que despidan a los trabajadores por los que han disfrutado de exenciones de cuotas de que las devuelvan. CEOE y Cepyme reclaman que se reintegren sólo las de los empleados despedidos, y no las de toda la plantilla como establece ahora la regulación de los ERTE. Los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, por el contrario, defienden que “el dinero público no se puede emplear para despedir”, en palabras del responsable de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino.