El Servicio Público de Empleo (SEPE) ha creado, mediante una resolución del pasado día 4 a la que ha tenido acceso infoLibre, un grupo de trabajo donde los sindicatos y la patronal recuperan “las funciones de control, seguimiento y evaluación” de los cursos de formación profesional. Los agentes sociales no vuelven al órgano colegiado de control del que fueron excluidos en julio de 2016, pero la creación de esta “comisión técnica” la consideran una “solución intermedia” –según la CEOE– que les permite “recobrar la gobernanza” de la formación –de acuerdo con el análisis de UGT–. “Nos da competencias en materia de seguimiento y control”, resume CCOO.
Se trata de una decisión que aplaca, al menos de momento, el conflicto que la patronal y los sindicatos mantienen con Empleo tras la reforma del sistema de formación y se dirime en los tribunales. Precisamente en el hecho de que tanto la Audiencia Nacional como los juzgados de lo Contencioso hayan dado la razón a los agentes sociales en sus demandas contra su exclusión del órgano de control de los cursos es una de las razones que esgrimen ahora sindicatos y patronal para explicar lo que entienden como una “cesión” del ministerio.
El departamento de Fátima Báñez, en cambio, niega que hayan cedido en nada o que la creación del grupo de trabajo signifique cambio alguno en el sistema. “[Sindicatos y patronal] No han recuperado el control y no están en el órgano de decisión”, zanja un portavoz del ministerio. Según explica, la resolución del SEPE sólo pretende “mejorar los mecanismos establecidos en la ley, porque los agentes sociales ya tienen funciones de control”. Sí reconoce que a partir de ahora recibirán más información sobre la gestión de las subvenciones, pero rechaza que el nuevo grupo implique una rectificación del reglamento que desarrolla la reforma del sistema.
En efecto, a partir de ahora sindicatos y patronal recibirán información “pormenorizada” de las solicitudes de subvenciones, así como de las “las propuestas de resolución, reformulaciones, renuncias y datos de ejecución”, también de la gestión que realice la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae, la antigua Fundación Tripartita) durante cada convocatoria de ayudas. Al tiempo, tendrán información sobre las contrataciones, los pliegos de los concursos, las ofertas que se presenten y las adjudicaciones. Finalmente, sindicatos y patronal podrán realizar “sugerencias” al SEPE sobre la gestión de las subvenciones.
Sigue la batalla legal
“No regresamos al órgano colegiado, pero sí podremos hacer propuestas, y en todas las iniciativas, incluida la formación bonificada [la que imparten las empresas directamente]”, explica Francisco Moreno, adjunto a la Secretaría de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO. El grupo, donde además de cuatro representantes de los sindicatos y la patronal se sentarán cuatro representantes del SEPE, se reunirá todos los meses y tendrá carácter “estable”, destaca Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT. “Cuanto más seguimiento y control podamos hacer de las convocatorias de ayudas, mejor”, se felicita Juan Carlos Tejeda, responsable de Formación de la CEOE.
Pese a que todos ellos aplauden la creación del nuevo grupo, no renuncian al “objetivo” de volver al “órgano donde se toman las decisiones finales” y de donde fueron expulsados en 2016, para no ser “juez y parte” en materia de subvenciones como argumentó entonces el ministerio. Tampoco van a desistir de la batalla legal en los tribunales, aseguran. El SEPE ha recurrido las sentencias que hasta ahora han dado la razón a los sindicatos y la patronal, confirmando que su exclusión del órgano colegiado de control de las subvenciones era ilegal y anulando las convocatorias de ayudas de 2014 y 2016. Tanto UGT como CCOO y la CEOE han presentado ya su oposición a esos recursos. “Nuestro objetivo es regresar el órgano colegiado y seguiremos luchando por estar allí”, advierte Juan Carlos Tejeda.
Cursos a licitación por primera vez
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No obstante, los agentes sociales saludan el “cambio de talante” en la cúpula del SEPE, que fue renovada hace ahora un año. La exclusión del órgano de gobernanza de los cursos fue recibida por la patronal y los sindicatos como “una bofetada”, según la calificó CCOO. El reemplazo ha permitido ahora la firma de una convocatoria de ayudas para la formación digital de 60 millones de euros, el pasado 22 de diciembre, y la creación del nuevo grupo de trabajo.
Esa convocatoria se compone de 50 millones de euros en subvenciones y 10 millones más que, por primera vez en España, se repartirán mediante concurso público. Se trata de una “prueba piloto”, dice CEOE, tras las quejas de las empresas de formación contra el sistema de subvenciones, cuya cuantía tienen que justificar hasta el último céntimo y no les permite obtener beneficio de la actividad a la que se dedican. Tampoco los sindicatos las ven con buenos ojos. “Te limitan mucho”, resume Sebastián Pacheco. Por ejemplo, en el caso de los cursos de mayor nivel en formación digital y tecnologías de la información, también los más caros, “al [bajo] precio del módulo que está establecido en las subvenciones, el concurso se quedaría desierto, sería imposible impartir los cursos”.
Por eso se congratula el dirigente de UGT de que, a través del grupo de trabajo recién aprobado, sindicatos y patronal recibirán toda la información sobre los pliegos y el proceso de licitación de estos 10 millones de euros en cursos, puesto que no tienen acceso a la mesa de contratación. De hecho, la primera tarea de esta suerte de comisión técnica será precisamente dilucidar las dudas, ya suscitadas, sobre la convocatoria de cursos de formación digital.
El Servicio Público de Empleo (SEPE) ha creado, mediante una resolución del pasado día 4 a la que ha tenido acceso infoLibre, un grupo de trabajo donde los sindicatos y la patronal recuperan “las funciones de control, seguimiento y evaluación” de los cursos de formación profesional. Los agentes sociales no vuelven al órgano colegiado de control del que fueron excluidos en julio de 2016, pero la creación de esta “comisión técnica” la consideran una “solución intermedia” –según la CEOE– que les permite “recobrar la gobernanza” de la formación –de acuerdo con el análisis de UGT–. “Nos da competencias en materia de seguimiento y control”, resume CCOO.