El Ministerio de Empleo ha recaudado hasta ahora 224,82 millones de euros por el despido de trabajadores mayores de 50 años ejecutados por empresas con beneficios. La conocida como enmienda Telefónica es una disposición creada por el Gobierno del PSOE en 2011 y puesta en marcha por el del PP que penaliza la prejubilación de los empleados de más edad. Hasta el pasado 31 de diciembre, 29 empresas han tenido que hacer una aportación al Tesoro equivalente a las cotizaciones sociales y prestaciones de desempleo de los mayores de 50 años a quienes despidieron. Fueron un total de 8.109 trabajadores.
Además, otros 4,33 millones se encuentran en periodo de pago voluntario y 27,8 millones más están pendientes de los recursos interpuestos por las empresas, según las cifras facilitadas por el propio ministerio. En total, pues, Empleo ha reclamado 256,95 millones de euros correspondientes a despidos colectivos desde 2011. Pero sólo empezó a enviar liquidaciones provisionales a partir de mediados de 2013. De hecho, en agosto de ese año sólo había podido hacerlo por importe de 966.000 euros, que correspondían únicamente a despidos colectivos de 2011. Los de 2012 aún no habían empezado a liquidarse. En marzo de 2013, todavía estaban discutiendo los técnicos del ministerio con los despachos de abogados que defienden a las empresas cómo debía hacerse el cálculo de la aportación. A cobrar sólo se comenzó en 2014. Al final de ese año la cantidad ingresada alcanzaba los 82,7 millones de euros.
El motivo del retraso fue la falta de desarrollo reglamentario, que no se completó hasta octubre de 2012. Como queda dicho, en marzo de 2013 Empleo aún no había ingresado ni un euro. En 2014 se abrieron 22 procedimientos de recaudación, asegura Empleo, pero a 31 de diciembre de 2015 sólo se han cerrado tres.El rechazo de las empresas
El rechazo de las empresas
Con la enmienda Telefónica el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretendía acallar el escándalo que desató el ERE presentado entonces por la compañía de César Alierta para despedir a 6.500 trabajadores. La multinacional, que había ganado 10.000 millones de euros, ofrecía prejubilaciones de lujo a partir de los 53 años al 20% de su plantilla en España. Mientras el operador seguía ganando dinero y el país se hundía en la crisis y el déficit, el Estado tendría que pagar a los extrabajadores de Telefónica las prestaciones por desempleo y subsidios hasta que alcanzaran la edad legal de retiro. Entonces eran las empresas con beneficios y más de 500 trabajadores las que debían pagar la penalización. En dos decretos de octubre de 2012, el Gobierno del PP amplió el abanico de empresas incluyendo a todas las que tuvieron más de 100 de trabajadores.
Poco después, en marzo de 2013, extendió la obligación de pago por el despido de los trabajadores de mayor edad a las empresas que tengan pérdidas y vuelvan a los beneficios durante dos ejercicios económicos consecutivos después de los despidos, en un periodo de cuatro años. Pero sólo en el caso de que despidan a un porcentaje de trabajadores mayores de 50 años superior al porcentaje de la plantilla que exceda de esa edad.
Desde el primer momento las empresas se han resistido a pagar por estos despidos. Pese a que en los ERE suelen ser los trabajadores de mayor edad y más antigüedad los primeros de los que se quieren desprender. Para sortear la enmienda, han recurrido a todo tipo de fórmulas, desde presentar planes de bajas voluntarias para estos empleados hasta blindarlos excluyéndolos expresamente de la lista de despedibles, como hizo por ejemplo Barclays Bank en el ERE que negoció con los sindicatos en febrero de 2015. En otros casos, las empresas se encargan de pagar de su bolsillo a los despedidos los convenios con la Seguridad Social hasta la edad de jubilación. Así lo han hecho Banesto, Caixabank, Iberdrola o General Electric.
En los tribunales
Incluso intentaron impugnarla en los tribunales. Pero la Audiencia Nacional la avaló en una sentencia de junio del año pasado. Según los magistrados, la medida “persigue un objetivo socialmente loable”: proteger a los mayores de 50 años, “un colectivo especialmente vulnerable” al que perder el empleo le supone convertirse en parados de larga duración. El tribunal entendió además que la empresa debe asumir las consecuencias de despedir a los trabajadores mayores, para “evitar la socialización de los costes de su decisión”. Es decir, que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) termine pagando las prestaciones y cuotas a la Seguridad Social de estos empleados despedidos.
La empresa que recurrió el pago de la penalización ante la Audiencia Nacional fue el grupo Raga, una compañía de servicios que, por ejemplo, es adjudicataria de los servicios de mantenimiento de algunos parques municipales de Madrid. Raga presentó una demanda contra el Ministerio de Empleo porque le obligaba a pagar 164.000 euros por despedir a 13 trabajadores mayores de 50 años entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012. La empresa alegaba que dicha norma es “desproporcionada e injusta”, entre otras razones porque se le aplicó con carácter retroactivo. También la denunciaba como “un atentado contra la seguridad jurídica”.
En cualquier caso, el Tribunal Constitucional falló sólo dos meses antes casi en sentido contrario: no existe discriminación por edad en los despidos colectivos que afectan a los mayores de 55 años si la empresa adopta medidas para minimizar el perjuicio ocasionado a los trabajadores afectados. El 35% de los incluidos en despidos colectivos en 2012 eran mayores de 50 años: 13.579 personas.
31.687 euros por despedido
En el caso de Telefónica, en principio se publicó que debía pagar hasta 350 millones de euros. En el de Bankia, CCOO cifró en 100 millones de euros la cantidad que el banco debía ingresar por despedir a 2.000 empleados mayores de 50 años, de un total de 4.500 incluidos en el ERE de 2013. El sindicato hablaba de un sobrecoste de 50.000 euros por trabajador. Los despachos de abogados consultados entonces por este periódico lo elevaban hasta los 100.000 euros. Sin embargo, a la luz de los datos hechos públicos por el ministerio, las empresas han pagado una media de sólo 31.687 euros por despedido, muy por debajo de las cifras inicialmente manejadas.
Empleo no hace pública la lista de las 29 empresas que han pagado por los trabajadores mayores de 50 años amparándose en la Ley de Protección de Datos. Pero entre ellas se encuentran, además de Telefónica y Raga, Nokia, VodafoneVodafone, la empresa de ingeniería ABB, Schweppes yDanone. También la empresa pública Tragsa va a tener que hacer una aportación al Tesoro por el ERE que está ejecutando este mes de enero.
Casi la mitad de los despedidos en el ERE de Tragsa tenía más de 50 años
Incentivo para mantener el empleo de los mayores
El Ministerio de Empleo niega que se trate de “multa o sanción”, sino de “un mecanismo de incentivo para el mantenimiento de los puestos de trabajo de uno de los colectivos con mayores dificultades de reinserción en el mercado laboral en caso de despido”.
Pero también hay razones económicas. En la memoria económica del decreto de 5 de marzo de 2013 que modificó la enmienda Telefónica, el Gobierno calcula que cada trabajador despedido de más de 50 años le cuesta al Estado 73.380 euros. En esa cifra se incluyen el pago de prestaciones por desempleo durante dos años, a razón de una media de 1.285 euros mensuales, y del subsidio –595 euros al mes– durante otros seis años, así como sus correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.
El Ministerio de Empleo ha recaudado hasta ahora 224,82 millones de euros por el despido de trabajadores mayores de 50 años ejecutados por empresas con beneficios. La conocida como enmienda Telefónica es una disposición creada por el Gobierno del PSOE en 2011 y puesta en marcha por el del PP que penaliza la prejubilación de los empleados de más edad. Hasta el pasado 31 de diciembre, 29 empresas han tenido que hacer una aportación al Tesoro equivalente a las cotizaciones sociales y prestaciones de desempleo de los mayores de 50 años a quienes despidieron. Fueron un total de 8.109 trabajadores.