Las oficinas de Empleo y ocho inmuebles de la Consejería de Educación, todos ellos dependientes de la Comunidad de Madrid, pueden quedarse sin vigilancia en las próximas semanas. La empresa Magasegur, adjudicataria del servicio de seguridad privada en ambas consejerías, solicitó el preconcurso de acreedores el pasado día 1. Lleva dos meses sin pagar la nómina a sus más 300 trabajadores repartidos por toda España. Y a partir de ahora van a seguir sin cobrar. La empresa debe a Hacienda 2,6 millones de euros, según el sindicato USO, por lo que tiene todas las cuentas embargadas y bloqueadas. Los problemas, en cualquier caso, vienen de lejos. Desde hace un año los retrasos en el abono de los salarios son constantes. Tampoco les ingresan las horas extraordinarias. Así que los vigilantes están cumpliendo estrictamente su jornada mensual, sin hacer horas extra. Muchos servicios, por tanto, no quedan cubiertos, según denuncia el Sindicato Libre de Seguridad (SLS). Además, este lunes los trabajadores decidieron en asamblea convocar una huelga a partir del próximo día 26.
Magasegur es la adjudicataria de dos contratos con la Comunidad de Madrid, por los que vigila las oficinas de empleo, dependientes de la Consejería de Economía, y ocho edificios administrativos de la Consejería de Educación. En total, 214 vigilantes. El primero de ellos por un importe anual de 8,8 millones de euros. Le fue prorrogado el pasado 1 de enero, hasta junio, seis meses, por otros 1,17 millones. El segundo, fue adjudicado por otros 1,19 millones de euros.
Pero también es la encargada de la seguridad de 17 oficinas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de las delegaciones provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga y Almería. El Ministerio de Hacienda le adjudicó la vigilancia de los edificios de la Agencia Tributaria en el País Vasco, por 818.181 euros. En Murcia, donde Magasegur tiene su sede central, es una habitual ganadora de concursos del Gobierno regional. Los vigilantes del Hospital de Lorca llevan un año denunciando los retrasos en el pago de sus nóminas. El pasado septiembre Magasegur contrató como asesor al exvicepresidente del Gobierno del PP Francisco Álvarez Cascos para ayudarle en su expansión por Asturias y el norte peninsular. Ha dejado de estar en nómina, según ha confirmado un portavoz de la empresa, que reduce su trabajo a “colaboraciones puntuales”.
Rescisión de contratos y cesión a a otra empresa
Magasegur comunicó a la plantilla el pasado día 4 el preconcurso y su disposición a “rescindir de mutuo acuerdo” y “a la mayor brevedad” los contratos que la vinculan a las administraciones. Por su parte, la Comunidad de Madrid está “analizando las distintas opciones”, pero aún no ha tomado ninguna decisión, asegura un portavoz de la Consejería de Economía. Esas posibilidades son, según explica Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad, ceder el contrato a otra empresa, en principio la que quedó segunda en los respectivos concursos, o volver a licitar el servicio lo más rápidamente posible. En ambos supuestos, la nueva adjudicataria deberá subrogar a la actual plantilla, por lo que los vigilantes conservarán sus empleos. Esos procesos, no obstante, llevarán su tiempo, meses en que los trabajadores no cobrarán sus salarios y la vigilancia de los edificios oficiales quedará sin cubrir debidamente. Pero será “lo menos malo”, concede Basilio Febles, responsable de Seguridad Privada en USO: esperar a que se resuelva el concurso de acreedores prolongaría durante cinco o seis meses la precaria situación de los trabajadores, apunta.
Para reclamar los salarios impagados en el juzgado, la ley exige al menos tres meses de falta de abono. “Hay voluntad política de solucionar el problema, garantizando que se presta el servicio de seguridad en los edificios públicos y que se mantiene el empleo”, explica el portavoz de la consejería.
Lo que no puede precisar es si el Gobierno de Cristina Cifuentes incluirá “cláusulas sociales” en sus concursos como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahora, el Consistorio premiará a las ofertas que incluyan políticas de igualdad y garanticen el mantenimiento de la plantilla y sus condiciones laborales. No sólo la proposición económica será tenida en cuenta a la hora de evaluar la oferta de una empresa. Se pretende evitar así situaciones como la de Magasegur, algunas concesionarias de limpieza que han ejecutado despidos colectivos , y otras firmas de seguridad, que pagan salarios por debajo del convenio del sector para hacerse con los concursos.
Competencia desleal con precios por debajo de coste
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El caso de Magasegur repite los de Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, por ejemplo. Ambas, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, firmaron con sindicatos de mandos intermedios y jefes sus propios convenios de empresa. Éstos fijan salarios inferiores hasta en un 40% a los del convenio estatal del sector. Los tribunales los han anulado. También el de Magasegur se encuentra en la misma situación. Según el SLS, la empresa murciana paga hasta un 20% por debajo del convenio nacional.
La mayor parte de los costes de estas empresas corresponde a las nóminas. Rebajando los sueldos, presentan ofertas mínimas a los concursos públicos y, al menos hasta ahora, los ganan. Además, con la crisis y la necesidad de recortar el gasto público, los precios de licitación han caído considerablemente. El resultado es que estas empresas consiguen adjudicaciones con precios por debajo de coste. Además de que hacen competencia desleal a las compañías que sí se atienen a las condiciones laborales del convenio estatal, denuncian los sindicatos del sector.
“Trabajamos con márgenes muy bajos”, reconoce un portavoz de Magasegur a infoLibre cuando se le pregunta por las causas de la mala situación de la empresa. “Nuestra competencia es muy fuerte y tenemos que ser muy competitivos en precio y en profesionalidad”, explica. La empresa reconoce los problemas con las nóminas, aunque los limita al último mes, así como los retrasos en el pago de salarios y los embargos de Hacienda. “Todas estas empresas”, aclara el sindicalista de USO, “funcionan de forma similar: estiran todo lo que pueden los pagos de las nóminas –Magasegur no ingresaba los sueldos nunca antes del día 15 de cada mes– y las horas extra las abonan sólo cada dos o tres meses, cuando van cobrando de la Administración”.
Las oficinas de Empleo y ocho inmuebles de la Consejería de Educación, todos ellos dependientes de la Comunidad de Madrid, pueden quedarse sin vigilancia en las próximas semanas. La empresa Magasegur, adjudicataria del servicio de seguridad privada en ambas consejerías, solicitó el preconcurso de acreedores el pasado día 1. Lleva dos meses sin pagar la nómina a sus más 300 trabajadores repartidos por toda España. Y a partir de ahora van a seguir sin cobrar. La empresa debe a Hacienda 2,6 millones de euros, según el sindicato USO, por lo que tiene todas las cuentas embargadas y bloqueadas. Los problemas, en cualquier caso, vienen de lejos. Desde hace un año los retrasos en el abono de los salarios son constantes. Tampoco les ingresan las horas extraordinarias. Así que los vigilantes están cumpliendo estrictamente su jornada mensual, sin hacer horas extra. Muchos servicios, por tanto, no quedan cubiertos, según denuncia el Sindicato Libre de Seguridad (SLS). Además, este lunes los trabajadores decidieron en asamblea convocar una huelga a partir del próximo día 26.