La empresa pública Tragsa ha echado a su exgerente de Madrid y exalcalde del PP en El Escorial, Javier de Miguel Sánchez. Cuando hacía las maletas para incorporarse como jefe de grupo de obra en la filial de Brasil, se la ha comunicado un despido disciplinario. Es decir, no cobrará indemnización alguna.
De Miguel fuedestituido como gerente de zona el 16 de octubre tras descubrirse que había gastado 172.700 euros con su tarjeta B mientras se sentaba en la Comisión de Control de Caja Madrid. En aquel momento no fue despedido, sino que se le asignó un despacho en la séptima planta de la sede madrileña de Tragsa, donde se ubica la presidencia.
La medida, en medio del escándalo de las tarjetas y de la cascada de dimisiones que le siguió, provocó el malestar de la plantilla, inmersa desde hace un año en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que en principio iba a suponer el despido de 1.336 trabajadores, el mayor acometido en una empresa pública. El ERE fue anulado por la Audiencia Nacional, pero sigue pendiente del recurso que el grupo ha presentado ante el Tribunal Supremo y que tardará al menos un año en resolverse.
La caída del exalcalde popular se ha prolongado durante casi dos meses –el escándalo saltó a las páginas de los periódicos el 1 de octubre–, pero se ha precipitado en las últimas semanas. El pasado día 13 se supo que Tragsa enviaba a De Miguel con un cargo intermedio a Tragsa Brasil, lo que le iba a suponer el cobro de un plus por desplazamiento internacional de hasta 40.000 euros anuales. Como gerente de zona su sueldo era de 73.000 euros al año, sin contar con la retribución por objetivos.
Sólo siete días después de ese anuncio, sin embargo, la empresa ha comunicado al comité el despido de Javier de Miguel por el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. El despido disciplinario se deriva de un “incumplimiento grave y culpable del trabajador”, por lo que le priva de indemnización. Y aquél se produce por faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo, por indisciplina o desobediencia en el trabajo, ofensas verbales o físicas al empresario o a otros empleados, por “transgresión de la buena fe contractual” o abuso de confianza en el desempeño del trabajo, disminución en el rendimiento de trabajo, embriaguez habitual o toxicomanía o, finalmente, acoso sexual o por razón de raza, religión o discapacidad.
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Tarjetas opacas y enchufes políticos
El escándalo de las tarjetas B de Caja Madrid provocó una cascada de ceses y dimisiones de cargos políticos y en empresas públicas y privadas. El último cuya renuncia se ha conocido es el expresidente de Renfe Miguel Corsini, que ha abandonado el consejo de Mutua Madrileña. Antes dimitieron Luis Gabarda, de la presidencia de Inversis; Javier Astorqui, de la vicepresidencia de Burson-Masteller; Elena Gil, como consejera de Jazztel; Juan Emilio Iranzo, como consejero de la pública Red Eléctrica; Manuel José Rodríguez, gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte, y Rodrigo Rato como consejero de Servihabitat, la inmobiliaria de La Caixa.
Javier de Miguel fue alcalde de El Escorial por el PP entre 1995 y 2003. En la comisión de control de Caja Madrid permaneció hasta el 23 de marzo de 2010. En Tragsa entró a trabajar como apoderado en septiembre de 2012, hasta que el 1 de noviembre de 2013 fue nombrado gerente de zona de la Comunidad de Madrid. Esa designación se produjo en plena negociación del ERE y no fue la única de personas relacionadas con el PP. En esa misma época entraron en plantilla Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche; Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete, y Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura. Poco después, en abril de este año, la empresa pública fichó a la exdirectora insular de la Administración General del Estado en La Gomera, Luz Reverón González, como delegada en Canarias.
La empresa pública Tragsa ha echado a su exgerente de Madrid y exalcalde del PP en El Escorial, Javier de Miguel Sánchez. Cuando hacía las maletas para incorporarse como jefe de grupo de obra en la filial de Brasil, se la ha comunicado un despido disciplinario. Es decir, no cobrará indemnización alguna.